El discurso de ingreso de Enrique Arnaldo Alcubilla, magistrado del Tribunal Constitucional, como académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España, constituyó una advertencia explícita sobre una de las amenazas más relevantes y menos visibles para los sistemas democráticos contemporáneos: el «poder digital«.
En el marco de su disertación sobre El principio de estabilidad electoral, ante un aforo que presentó un lleno completo, Arnaldo identificó dicho poder como el “principal riesgo actual para lograr la ‘pureza electoral’”, situándolo en el centro del debate sobre la calidad democrática.
Lejos de tratarse de una reflexión coyuntural, el magistrado planteó un diagnóstico estructural sobre la transformación del proceso electoral y del espacio público bajo el impacto de las tecnologías digitales.
Arnaldo describió dicho poder digital como una realidad que desborda los instrumentos clásicos de control jurídico. Afirmó que el impacto de este poder en la competición electoral constituye “el índice rojo de las prioridades a día de hoy que no está resuelta para lograr la ‘pureza electoral’”.
No se trata, por tanto, de un problema marginal, sino de un núcleo crítico del constitucionalismo democrático actual.
Este poder, añadió, supone un “auténtico reto existencial que trasvasa las competencias del legislador electoral nacional”, lo que evidencia la insuficiencia de los marcos normativos estatales frente a dinámicas digitales de alcance global.
En este contexto, citando a Luigi Ferrajoli, destacado jurista y filósofo del derecho italiano, ampliamente reconocido por sus aportes a la teoría del garantismo jurídico y al constitucionalismo contemporáneo, Arnaldo subrayó su capacidad para operar como una “potencia distorsionante del Estado democrático de Derecho”, alterando las condiciones de igualdad, libertad y transparencia que deben presidir todo proceso electoral.
La disolución del modelo clásico de campaña electoral
Uno de los pasajes más contundentes del discurso fue aquel en el que Arnaldo constató la quiebra del paradigma tradicional de campaña electoral.
En sus propias palabras, “ha saltado por los aires en la era digital el concepto tradicional de campaña electoral” . La comunicación política ya no se concentra en periodos definidos ni en canales institucionalizados, sino que se prolonga de manera permanente y desregulada en el entorno digital.
Como consecuencia, el legislador electoral “no solo se ha visto superado, sino que se encuentra desconcertado, incapaz de reaccionar para afrontar el nuevo signo de los tiempos”.
Este desconcierto normativo convive con partidos políticos “desbordados” y con ciudadanos “alimentados de fuentes variopintas, de orígenes confusos y de escasa fiabilidad”, lo que debilita las bases racionales del debate democrático.
El magistrado del TC llegó, incluso. a denunciar que “la realidad virtual goza de una incomprensible inmunidad al residenciarse en un limbo introuvable”, mientras el legislador, antaño dinámico, “sigue con los brazos cruzados”.
Desinformación y amenaza a la salud democrática
El elemento central del poder digital es, para Arnaldo, la desinformación.
Esta se ha convertido en un fenómeno estructural que “maniobra plácidamente a través de las redes sociales” y que tiene un “relevante impacto amenazante para la integridad de las elecciones y para la salud de la democracia”.
La gravedad del fenómeno no reside únicamente en la difusión de falsedades, sino en su capacidad para condicionar la percepción social de la realidad política.
En este sentido, Arnaldo advirtió que “estamos descubriendo, incluso en las democracias más veneradas, en tiempo real lo fácil que es desmantelar los controles y equilibrios democráticos” mediante interferencias en los procesos electorales y en el debate público.
Estas interferencias, recordó, no siempre son internas. Existe un “hecho notorio” consistente en que un conjunto de “fuerzas exógenas pretenden erosionar la democracia a través de la injerencia en el proceso electoral” , lo que introduce una dimensión geopolítica al problema del poder digital.
Cómo se vota: la clave de la voluntad democrática
Uno de los aportes conceptuales más relevantes del discurso fue el desplazamiento del foco desde el acto formal del voto hacia las condiciones en que este se produce.
En palabras del magistrado del Tribunal Constitucional, “la preocupación no es quién vota, sino cómo se vota” . Esto implica analizar si la voluntad del elector se forma realmente de manera libre o si se encuentra condicionada por dinámicas de manipulación informativa.
El objetivo último del sistema democrático debe ser garantizar que la voluntad del votante se forme “sin condicionamientos ni manipulación”, algo que el poder digital pone seriamente en riesgo cuando actúa sin contrapesos efectivos.
Pese a la gravedad del diagnóstico, Arnaldo advirtió contra respuestas desproporcionadas. La democracia, subrayó, “no puede defenderse contraviniendo sus propios valores y principios”, situando en la cúspide de estos la “libertad de expresión y la libertad de acción política”.
El desafío consiste, por tanto, en articular una respuesta jurídica que sea eficaz sin ser autoritaria.
“Estamos descubriendo, incluso en las democracias más veneradas, en tiempo real lo fácil que es desmantelar los controles y equilibrios democráticos, mediante las interferencias directas e indirectas en los procesos electorales y en el debate público”, tal como ya expuso la expresidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Siofra O’Leeary, explicó.
En este marco, recordó la obligación de los Estados, conforme al Convenio Europeo de Derechos Humanos, de garantizar elecciones libres, incluso “en ausencia de pruebas directas de manipulación”, siempre mediante medidas equilibradas y proporcionadas.
El discurso de Enrique Arnaldo configura al poder digital como una amenaza sistémica para la democracia constitucional. Su capacidad para distorsionar el debate público, erosionar la estabilidad electoral y condicionar la formación de la voluntad popular obliga a repensar los instrumentos clásicos del Derecho electoral y constitucional.
La advertencia final es inequívoca: sin una reacción institucional seria, el poder digital puede comprometer no solo la calidad, sino la propia legitimidad de la democracia representativa.
Como es preceptivo, Enrique Arnaldo fue introducido por dos padrinos, en este caso, Marta Villar y Francisco Marhuenda, los dos últimos académicos en ingresar en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.
El discurso de contestación corrió a cargo del académico y presidente emérito del Tribunal Constitucional Pedro González-Trevijano.
Al acto fue presidido por el presidente de la RAJyL, Luis María Cazorla Prieto. Al mismo acudieron varios magistrados del TC, entre ellos su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, Juan Carlos Campo, Cesar Tolosa, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano, Laura Díez, César Tolosa, José María Macías y Ricardo Enríquez. También los presidentes eméritos Juan José González Rivas y Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.
También la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el vocal Ángel Arozamena, el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, los presidentes de la Sala de lo Civil y de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, Ignacio Sancho Gargallo, y Pablo Lucas Murillo de la Cueva, además de los magistrados Manuel Marchena, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, José Manuel Bandrés, Ana María Orellana Cano, Juan Pedro Quintana Carretero, Esperanza Córdoba Castroverde, Carlos Lesmes, Pablo Llarena y Antonio Narváez, la fiscal de Sala del Supremo, y exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal. Asimismo, Eduardo Torres Dulce, que ocupó esa misma responsabilidad.
De los grandes despachos, Fernando Vives, presidente de Garrigues, y Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez; asimismo, Yolanda San Pastor, esposa de Arnaldo, su hijo Enrique Arnaldo Benzo, y la escritora Julia Navarro.
