Ángel Cervantes, decano del Colegio de la Abogacía de Toledo, asumió la presidencia del Consejo Regional de la Abogacía de Castilla-La Mancha, órgano que representa y coordina a los 6 colegios de abogados de la región, el pasado 9 de diciembre. Por un mandato de dos años, en un momento crucial para la profesión.
Con 31 años de ejercicio y una amplia experiencia en servicio público, Cervantes afronta el cargo con dos prioridades nacionales urgentes: la aprobación de la pasarela de pensiones y la nueva ley de asistencia jurídica gratuita.
En esta entrevista, el nuevo presidente analiza los retos inmediatos de una Comunidad Autónoma sin competencias transferidas en Justicia (junto con Castilla-León, Extremadura, Murcia y Baleares, es administrada directamente por el Ministerio), defiende la implantación de la inteligencia artificial en los despachos y reclama al Ministerio que cumpla sus compromisos con el turno de oficio, en especial con la implementación de los Métodos Alternativos de Solución de Controversias, los MASC.
¿Le hace ilusión ser presidente del Consejo Regional?
Sí, como decía mi abuela, «el que no tiene un lío se lo busca». A mí siempre me ha gustado el servicio público. Llevo muchos años siendo consejero, siete años en el decanato de Toledo, y pensé que tenía cierta experiencia.
Me presenté, hubo lista alternativa y salimos electos. Lo que más me gusta es que son solo dos años, tampoco me quería comprometer más.
La idea es que vayamos rotando entre los distintos colegios. ¿Por qué no Toledo y por qué no yo? Pues ha salido, y con ilusión y con ganas.
¿Qué retos inmediatos asume al frente del Consejo Regional y qué prioridades se ha marcado?
Vaya por delante que nuestra Comunidad Autónoma, Castilla-La Mancha, no tiene las competencias transferidas, con lo cual el abanico de competencias se reduce.
Tenemos como único interlocutor al Estado a través de nuestro Consejo General General de la Abogacía. Pero dicho eso, sí que tenemos campo.
Teníamos ya avanzado de la anterior Junta de Gobierno un convenio con el Instituto de la Mujer bastante ambicioso. Le hemos incluido una parte importante en formación para nuestros colegiados, ya no solo la parte de asistencias y acompañamiento.
Es un convenio para violencia de género, pero también otro convenio distinto para todo tipo de agresiones sexuales. Una es la violencia sobre la mujer que ocurre dentro de casa entre cónyuges o exparejas, y otra es la violencia sexual sobre cualquier niña, adolescente o mujer sin que haya ningún vínculo.
También estamos con un documento muy avanzado con la Consejería de Igualdad de la Junta de Comunidades. Me gustaría que, como muy tarde en el primer trimestre de 2026, podamos firmarlo. Para nosotros es importante la formación en todo lo que sería violencia contra la mujer.
Menciona la coordinación entre colegios. ¿Cómo funciona exactamente el Consejo?
Hay que tener claro que no hay que perder el norte: al final es un consejo de colegios. Hay 3.493 abogados en ejercicio y 5.500 colegiados en total, incluyendo los no ejercientes. Somos seis colegios —cinco provincias, pero Toledo tiene Toledo y Talavera— y la labor es un poco de coordinación y representación de los colegios.
La autonomía colegial no se pierde, por supuestísimo, cada colegio es autónomo, pero si podemos coordinar…
Por ejemplo, en las bases de datos las tenemos un poco consorciadas, nos sale mejor. Me gustaría traer la inteligencia artificial. Yo la he traído a mi colegio, mi Junta de Gobierno ha contratado para los colegiados gratis inteligencia artificial con alguna editorial.
¿Por qué no expandirnos y abrirla a todos, igual que tenemos la base de datos contratada desde el Consejo para todos los colegios?
Habla de inteligencia artificial. ¿Es realmente necesaria para los abogados?
La inteligencia artificial ya está aquí, vino hace tiempo y para quedarse. Yo siempre digo lo mismo: la inteligencia artificial no nos va a sustituir, tengo claro que no nos va a sustituir, pero el que no se suba al carro va a estar un poquitín desfasado o unos pasitos por detrás.
Es verdad que la inteligencia artificial no tiene las neuronas que tenemos nosotros, no tiene la inteligencia humana ni la empatía que tenemos con el cliente, con el justiciable, pero hay que subirse al carro. Yo la tengo a título individual desde el año pasado.
Ahora mismo, en mi despacho somos siete y les digo que si les quito la inteligencia artificial puedo encontrarme con un motín a bordo.
No es que te haga una demanda completa, pero consultas cualquier cosa y te mejora los documentos, te dice «mira, no has mirado este otro», le subes la contestación a la demanda y te da otra visión.
A mí me gusta, la utilizo menos que mis compañeros, pero es un arma muy buena del despacho.
Pasemos a los grandes temas estructurales: turno de oficio, pensiones, mutualidades…
Lo he dicho por activa, por pasiva y por perifrástica. Lo dije en mi toma de posesión el día 9 en Albacete. Hay dos temas transversales prioritarios para los 83 colegios de toda España, los 10 consejos de la Abogacía existentes y el Consejo General de la Abogacía Española.
Uno, la pasarela, sí o sí. Es el momento: o sale ahora o no sale. Tenemos a todos convencidos, incluido yo. Se ha negociado desde el CGAE con todos los grupos: socialista, popular… todos.
Hemos recibido en el CGAE, por primera vez, a las Mesas de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado de la Comisión de Justicia.
Fíjese la sorpresa: cuando nos reunimos con la Mesa de Justicia del Senado, formada por cinco senadores de distintos grupos, les fuimos a explicar lo que es la pasarela al RETA y nos cortaron: «No os canséis, somos abogados los cinco», nos dijeron.
Están todos muy sensibilizados, todos los grupos. Pero la situación política que tenemos… Como no salga ahora, ya no quiero pensar que se deshagan las Cortes y convoquen elecciones.
«Queremos que se retribuyan, dentro del turno de oficio, los medios adecuados de solución de controversias»
¿Qué está pasando con las jubilaciones?
Es muy preocupante. La gente no se jubila. Los compañeros que tienen hoy 65, 66, 67, 68 años, como va a venir la pasarela… «Esperad un poco, que puede que sea uno a uno, que lo que tenéis cotizado…».
Entonces los compañeros están haciendo una especie de tapón, una presión por arriba. Está habiendo pocas jubilaciones de compañeros.
No voy a decir que se vayan arrastrando por los juzgados, pero la gente no se está jubilando porque, mire, para que me den 400 o 450 euros me voy a esperar.
En esa creencia que tenemos todos de que se va a aprobar la pasarela en las condiciones habladas, ahí tenemos muchísima expectativa.
Para nosotros es crucial.
¿Y el turno de oficio?
La nueva ley de asistencia jurídica gratuita estaba en el plan anual normativo de 2024. Le recuerdo que en muy pocos días empieza 2026 y todavía no hemos visto ningún texto.
Sí que ha habido algunas reuniones, pero todavía no hemos visto nada. Hemos estado reunidos con Verónica Ollé, directora general para el Servicio Público de Justicia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y le hemos pedido que nos facilite un borrador, aunque sea con la máxima discreción del mundo.
Hasta ahora no hemos visto nada.
Luego está la famosa subida que queremos de baremos. Hay un compromiso del ministro con Salvador González, nuestro presidente en el CGAE, de volver a subir al menos un 8%.
Y también queremos que se retribuyan, dentro del turno de oficio, los medios adecuados de solución de controversias, los MASC. Yo estoy en el turno desde hace 31 años.
Si usted ha puesto la ley que es preceptivo —no es que yo quiera, es obligatorio que yo negocie, que yo mande una oferta vinculante—, me tendrá que retribuir.
Comunidades Autónomas con competencias transferidas como Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía pagan la aplicación de los MASC a los letrados del turno de oficio. Pagan por una mediación 30 euros más o menos, por una mediación 400 euros.
La realidad es que las Comunidades Autónomas con competencias transferidas ya pagan los MASC al turno de oficio, el Ministerio, no
Si el Ministerio, si usted, papá Estado, aprueba una norma preceptiva y obligatoria, tendrá que pagarlo, aunque sea poco.
¿Qué otras reivindicaciones hay en turno de oficio?
Dos cositas más que queremos desde siempre: La garantía de pago universal. En castellano: trabajo hecho, trabajo realizado, trabajo cobrado.
No es que «como no estaba el DNI, no firmó». Perdone, usted a mí me llama un poder del Estado, me llama una comisaría de policía. Usted se va a las seis de la mañana a un cuartel o a una comisaría, luego se va a las 11 o las 12 a un juzgado y cobrará o no.
No es broma, ¿eh? Cobrará o no si luego se cumplimentan o no los documentos. ¿Qué es eso? Usted paga poco, pero págueme todas las actuaciones.
Y luego queremos un sistema de actualización automática. Es decir, que aunque sea poco, cuando llegue el año que viene, como las pensiones, si ha subido el IPC un 3%, pues que los baremos suban un 3%. Que haya una revalorización referenciada al IPC para que no pierdan valor.
Si usted se coge desde la última actualización hasta 2025, creo que estamos en el orden de un 36% solo el IPC acumulado. Creo que fue el 1 de enero de 2008 la única revisión que ha habido. Por mucho que el ministro diga «voy a subir un 8%», se sigue estando por debajo.
Hay otro tema polémico: los criterios orientadores de honorarios sobre las costas en caso de que pueda perderse el caso y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia…
Me enerva. Se dice, bueno, vamos a ver, si esto es una ley orgánica aprobada por el Parlamento, ¿cómo…? El Supremo se pronunció antes de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa.
En diciembre de 2024, hace un año, entró en vigor la Ley Orgánica del Derecho de Defensa. Es una norma posterior con rango de ley, no solo es orgánica, es una ley con toda la fuerza normativa.
Dice que los colegios podrán elaborar criterios que permitan calcular y cuantificar las costas para que el cliente pueda saber lo que tendría que pagar si pierde su juicio.
Con ello, lo que es está protegiendo no es a los letrados, se está protegiendo a los justiciables, a los ciudadanos. Si yo pierdo un procedimiento, ¿cuánto me puede costar esta fiesta? Eso es lo que ha querido el legislador que se sepa.
Con motivo de la impugnación de la sanción de la CNMC al Colegio de Abogados de Valencia, con el apoyo del Consejo General, este colegio hermano ha interpuesto un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que se ha admitido a trámite.
Lo que estamos pidiendo es que se revise la jurisprudencia a la luz de la nueva reforma de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa para que los justiciables.
Yo soy de los convencidos de que el Tribunal Supremo va a decir que, a los solos efectos de tasaciones de costas, se puede hacer. Los honorarios son libres, pactados, eso ya está fuera de toda duda. Pero para tasaciones de costas y juras de cuentas, ¿cómo se calcula y cuantifica con conceptos genéricos? Es imposible.
Yo puedo coincidir con la CNMC en que no puede ir a una tarifa cerrada, como un bar: la caña a 5 euros y la Coca-Cola a 6 euros. Ese precio cerrado, no. Pero si usted deja esa cierta flexibilidad con unos máximos, unos mínimos, unos índices correctores… Módulo base en un ordinario 100, y por el número de folios, por la complejidad y el esfuerzo se puede incrementar hasta un 20%.
Eso es lo que quiere el legislador. Yo le puedo decir al justiciable que venga a mi despacho que si perdiera va a pagar entre 1.800 y 2.200 euros. Ahora no puedo.
«Hay cuestiones macro, como los tribunales de instancia, que son muy importantes. Pero también está la micro: que en San Clemente, en Cuenca, un día aparece un juzgado sin ningún funcionario, con las luces apagadas. Eso también es importante. No podemos irnos solo a las cuestiones más gordas mientras tanto pasan estas cosas»
Para terminar, ¿qué oportunidades abre la colaboración entre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Consejo Regional de Abogacía?
La presidenta es nueva. Hemos tenido muchísimos años, 20 años, a Vicente Rouco, y la relación ha sido buena. Pilar Astray lleva menos de un año.
De momento, con nosotros muy bien. Ella estuvo en mi toma de posesión hace unos días y le dije: «Pilar, desde la lealtad institucional, seguro que en muchas cosas no coincidiremos, seguro que le apretaremos. Pero la puerta del colegio la tiene abierta».
Ella me dijo que es recíproca. Es hija de abogados, su padre, su madre, su hermano y su hijo son abogados.
Le he pedido que, ahora que entran en vigor los tribunales de instancia que estemos muy encima. Le pedí dos cosas: que cualquier circular interpretativa, cualquier acuerdo que tengan, que por favor nos tengan no como cooperadores, sino como actores y nos tengan informados al minuto, en directo. Y dos, cualquier incidencia que ocurra en un juzgado.
Hay cuestiones macro, como los tribunales de instancia, que son muy importantes. Pero también está la micro: que en San Clemente, en Cuenca, un día aparece un juzgado sin ningún funcionario, con las luces apagadas. Eso también es importante. No podemos irnos solo a las cuestiones más gordas mientras tanto pasan estas cosas.
El «feeling» es bueno, la colaboración es buena. Con la Fiscalía también tenemos pendiente de renovar el protocolo de conformidades. Espero que haya reciprocidad en el trato, que hasta aquí lo ha habido. Desde la lealtad, hay veces que no coincidimos, pero en otras cosas sí.
