Mis comentarios no se van a referir a la actuación de los Estados Unidos en Venezuela, un país hermano que tanto ha venido sufriendo durante las últimas dictaduras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y que ha culminado con la detención de este último por soldados de aquel país, para ser juzgado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico y otros; seguro que muchos y prestigiosos analistas estudiarán la situación producida y sus repercusiones.
Pero sí quiero hacer algunas referencias a la situación que viene padeciendo la justicia en Venezuela, que es el aspecto más preocupante para los juristas, una situación vergonzosa, sobre la que poco se habla y que, lamentablemente, algunos ilustres compatriotas, cercanos al presidente Maduro, han obviado, blanqueando el régimen y ofreciendo su beneplácito, no obstante, a la continuación del régimen político chavista, que se viene arrastrando en Venezuela desde hace algo más de 25 años.
Los defensores de ese régimen, sobre todo desde las “izquierdas”, olvidan que la existencia de un poder judicial independiente es un presupuesto básico en el marco de todo Estado de Derecho, sin el cual no puede haber justicia ni ninguna legitimación para quien ostente el gobierno en la más pura arbitrariedad, sin los límites derivados de una justicia independiente, siendo particularmente criticable que, a pesar de esta última circunstancia, quien ha venido ostentando la jefatura de ese Estado siguiera contando con el apoyo y complicidad de personas, políticos, que se supone están comprometidas con los valores democráticos, entre los que se encuentra la justicia, que sólo se puede lograr a través de la independencia del poder judicial.
El poder judicial, en Venezuela, bajo el régimen de Maduro, ha venido siendo, al menos en la práctica, una mera extensión del ejecutivo, sin atisbo alguno de la necesaria separación de poderes que garantice la necesaria independencia judicial, y sin esa libertad que todo juez y tribunal han de tener a la hora de dictar sus resoluciones.
Hace años que bajo el llamado de una “revolución” (bolivariana), que lo era pero no para el pueblo sino para sus dirigentes, se llevó a cabo una verdadera purga en la judicatura, para lograr así el control del poder judicial, algo que ha alcanzado su máxima expresión con el régimen de Maduro, motivo por el cual, bajo dicho régimen, sobre el que ahora surgen esperanzas fundadas de que desaparezca, así como la esperanza de recuperación de la democracia y los derechos humanos, no ha sido posible, en modo alguno, hablar de justicia, porque la esencia de esta es la libertad, la independencia de jueces y tribunales imparciales en la impartición del Derecho, algo inexistente durante todos estos años en Venezuela.
Me alegro mucho, pues, que semejante personaje, tan dañino para la democracia y, por tanto, para los venezolanos, sobre el que recaen altas sospechas de participación en muy graves delitos, haya caído y quede sometido a la justicia estadounidense, por más que las formas que lo han permitido no hayan sido las deseadas, pero me alegro por Venezuela y por sus ciudadanos, algunos de ellos buenos amigos de quien escribe estas líneas, y muchos de ellos de los compatriotas de Canarias, con quienes tantos lazos de fraternidad existen, y con el sincero deseo de que Venezuela recupere, tras una pacífica transición, la grandeza que siempre le ha caracterizado, en el marco de un auténtico Estado social y democrático de Derecho.
Aprovecho también esta ocasión para reivindicar este principio de la independencia judicial, tan necesario en nuestro Estado de Derecho, sobre el que se han venido vertiendo últimamente duras críticas y acciones que lo ponen en cuestión, incluso desde las esferas del poder ejecutivo, que en nada contribuyen a su robustecimiento, porque sin esa independencia del poder judicial no hay democracia.
