La foto de la ficha de Maikel Moreno, cuando fue detenido por asesinato, en 1987, y en la actualidad, como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela.
Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, un juez con antecedentes penales
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04/4/2017 04:56
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Actualizado: 04/4/2017 00:26
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El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJV), Maikel Moreno Pérez, tiene antecedentes penales por asesinato. Fue en 1987, cuando ejercía como agente de la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) -equivalente a la Comisaría General del Información o al propio CNI español-. Ocurrió en Ciudad Bolívar, en el Estado de Bolívar, a 578 kilómetros al sur de Caracas. La víctima fue una mujer.
Por ese asunto, Moreno y otros dos agentes pasaron dos años en la cárcel. Tras conseguir un beneficio procesal, y de reincorporarse al DISIP, ejerció de escolta del entonces presidente del país, Carlos Andrés Pérez, durante su segundo mandato.
En 1989, volvió a verse relacionado con otro homicidio, este de Rubén Gil Márquez, acaecido en el curso de un tiroteo en Caracas. En esa ocasión, no se le imputó ningún delito a Moreno, pero fue apartado como agente de ese organismo.
Fue entonces cuando decidió dar un giro a su vida. Enfocó su existencia hacia el mundo de la justicia. Consiguió obtener un trabajo como secretario de un juzgado en Caracas y, al mismo tiempo, se puso a estudiar la carrera de abogado, título que obtuvo en 1995, con lo que comenzó su carrera como fiscal, primero, y luego como juez.
Destituido como juez por desacato
En la judicatura ejerció como juez 34 de control y presidente de la Sala Séptima de Apelaciones.
En 2007 fue destituido como juez por desacato a una orden de la Sala Constitucional del TSJV.
Hombre de mucho peso dentro del chavismo, Moreno fue «compensado» de su pérdida, por el entonces ministro de exteriores, Nicolás Maduro -actualmente presidente de Venezuela- como agregado comercial en la embajada venezolana en Roma.
En ese mismo año, el exmagistrado chavista, Luis Velásquez Alvaray, prófugo de las autoridades venezolanas reveló que Moreno formaba parte de «La banda de los enanos», una organización clandestina que supuestamente funcionaba dentro del sistema judicial venezolano.
La denuncia fue archivada por la fiscalía.
En 2010, ya de regreso a Caracas, se postuló al Tribunal Supremo de Justicia, pero no tuvo suerte.
Sin embargo, en 2014 lo consiguió. La Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, lo nombró magistrado del TSJV. Al año siguiente se convirtió en presidente de la Sala de Casación Penal.
Desde ese puesto ratificó la condena de 14 años de prisión al opositor Leopoldo López, exalcalde de la ciudad de Chacao, por su participación en las manifestaciones contra Maduro y su gobierno de 2014 en las que perdieron la vida 41 personas.
Una semana más tarde de esa sentencia, el pasado 24 de febrero, fue nombrado presidente del TSJV.
Golpe al Parlamento
Precisamente, la Sala Constitucional del TSJV (en Venezuela no existe un Tribunal Supremo y un Tribunal Constitucional, sino un sólo Tribunal Superior de Justicia que contiene una Sala Constitucional, como ocurría en la República española) el pasado 29 de marzo hizo públicas dos sentencias -la 155 y la 156- que suponían un golpe de estado a la Asamblea Nacional (Parlamento) a la que despojaba de sus competencias por persistir «en el desacato».
No era la primera vez que dicha Sala, controlada por el chavismo, se pronunciaba de esa manera.
Para decir verdad, hasta la fecha ha emitido medio centenar de decisiones por las que ha ido despojando progresivamente a la Asamblea Nacional -controlada por la oposición al chavismo- de sus funciones legislativas, controladoras, de investigación y de designación, hasta suspender la inmunidad parlamentaria y finalmente asumir como suyas funciones que corresponden al poder legislativo.
Las protestas en las calles, la airada reacción de la comunidad internacional ante lo que se calificó de «autogolpe» y las sorpresivas declaraciones de la fiscal general venezolana, Luisa Ortega, conocida chavista, en las que criticó abiertamente a la Sala Constitucional del TSJV afirmando que “se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución, lo que constituye una ruptura del orden constitucional”, obligó a Maduro a dar marcha atrás en su objetivo de inhabilitar a la Audiencia Nacional.
El pasado sábado, en consecuencia, el TSJV anunció la anulación del paquete de medidas aprobado, por los que había asumido los poderes de la Asamblea Nacional, privando, a su vez, a los diputados opositores de su inmunidad.
Una decisión en la que el presidente del TSJV, Maikel Moreno, tuvo mucho que ver, cumpliendo las órdenes de su presidente, Nicolás Maduro.
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