Alvin Hellerstein, un juez judío ortodoxo, de 92 años, que fue nombrado por Bill Clinton hace casi tres décadas para ocupar su puesto en la corte federal, será el encargado de presidir la causa que se seguirá en este tribunal de Nueva York contra Nicolás Maduro.
Los jueces en EE.UU. tienen nombramientos vitalicios y son ellos los que disponen del poder de decidir cuándo dejan el estrado para jubilarse.
Lo que suele dar lugar a una práctica que está siendo muy cuestionada en la actualidad por los operadores jurídicos norteamericanos.
Se trata de las llamadas «jubilaciones estratégicas». Es decir, supuestos de retiros programados que, especialmente, se dan en el propio Tribunal Supremo para «colocar» a sustitutos de la misma ideología.
El surgimiento de una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo en 2021 fue determinante, por ejemplo, en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, fallo en el cual la Corte Suprema arrebató el derecho constitucional al aborto al derrocar Roe v. Wade.
Según la Constitución norteamericana, los jueces federales —incluyendo los magistrados de la Corte Suprema— conservan el cargo de por vida o hasta que decidan voluntariamente retirarse.
Esta estructura existe porque se supone que los magistrados basan sus decisiones en la ley y la Constitución, y no en las exigencias del electorado o los políticos que los designan.
Pero un nombramiento vitalicio supone un grandísimo poder en manos de los jueces y, como cada vez más los magistrados viven hasta los 80 o más años, ese poder ahora tiene una duración mucho más prolongada que cuando se instauró este sistema en el siglo XVIII.
Además, una jubilación estratégicamente programada permite al magistrado afectado ejercer el control sobre el futuro del Tribunal Supremo, o por lo menos crear la percepción de que lo está haciendo, respecto a las siguientes nominaciones a la Corte Suprema y su confirmación en el Senado.
En efecto, un retiro estratégico permite a un magistrado planear el momento de su jubilación para que un jurista próximo tenga más probabilidades de ocupar su cargo.
En los tribunales federales de primera y segunda instancia fueron designados por parte de los demócratas muchos magistrados procedentes del mundo académico y con más probabilidades de jubilarse estratégicamente.
LOS JUECES CONSERVADORES SUELEN JUBILARSE DE FORMA ESTRATÉGICA
Sin embargo, también los jueces más conservadores tienden a jubilarse estratégicamente, mientras que los de tendencia moderada, designados por republicanos, posponen su jubilación durante presidencias que perciben como demasiado conservadoras.
Las jubilaciones estratégicas les permiten a los magistrados norteamericanos, efectivamente, escoger a sus sucesores, o por lo menos las filosofías jurídicas de sus sucesores y, por lo tanto, extender su influencia en los Tribunales Federales.
Esto, a su vez, refuerza la creencia de que la Corte Suprema es un «cuerpo político» en el cual los magistrados hacen el trabajo a favor de los políticos y los intereses que respaldaron su nombramiento.
Las jubilaciones estratégicas también pueden ser utilizadas para darle a un presidente en particular una gran influencia sobre el futuro del Tribunal Supremo, ya que el número de magistrados que un presidente puede designar dependerá solo de la suerte o las jubilaciones.
Algunos presidentes, como Donald Trump y Ronald Reagan, han podido escoger a muchos magistrados de la Corte Suprema, mientras que Jimmy Carter no pudo nombrar a ninguno.
La legitimidad de la Corte Suprema depende de la confianza de los ciudadanos en su toma de decisiones con base en los valores constitucionales y legales, no en las preferencias políticas de sus miembros.
De ahí que provoquen a la legitimidad judicial estas jubilaciones estratégicas. La confianza en la Corte Suprema continúa desplomándose a los niveles más bajos jamás registrados en EE.UU.
Los ciudadanos perciben así que los magistrados están en negociaciones con los presidentes para decidir sus sucesores.
Los medios de comunicación informaron que durante el primer mandato de Trump, y más o menos un año antes de que el magistrado Anthony Kennedy se retirara en 2018, este juez sostuvo una reunión secreta con Trump en la cual recomendó al presidente considerar a uno de sus exsecretarios judiciales para la próxima vacante.
También se producen movimientos dirigidos a convencer a un magistrado de retirarse, como fue el caso del juez Stephen Breyer, al que sucedió en el cargo su secretario judicial.
Por otra parte, la decisión de no retirarse puede tener sus propias consecuencias. Cuando el magistrado Antonin Scalia murió inesperadamente en febrero de 2016, el entonces presidente del Senado, Mitch McConnell, anunció, menos de una hora después de que el fallecimiento de Scalia se conociera públicamente, que el Senado no consideraría a ningún nominado del presidente Barack Obama.
Se justificó diciendo que hay que “dejar que el pueblo decida” después de las elecciones presidenciales de ese año.
La designación de Obama del juez Merrick Garland, de la Corte de Circuito de D.C., permaneció congelada en el Senado sin siquiera tener lugar una audiencia.
En consecuencia, la batalla sobre su designación se trasladó a la contienda electoral de 2016, en donde Trump hizo campaña con una lista de personas que prometió elevar a la Corte Suprema. Tres veces cumplió Trump su palabra, nombrando a Neil Gorsuch como reemplazo de Scalia, a Kavanaugh por Kennedy y a Amy Coney Barrett como reemplazo de Ruth Bader Ginsburg.
Para erradicar esta práctica de las jubilaciones estratégicas, el Congreso estudia ahora una propuesta de ley que establece límites al período de mandato y limita a dos los nombramientos de los jueces por mandato presidencial.
Una iniciativa que cuenta con el respaldo de muchos expertos en derecho constitucional y de jueces estatales y federales retirados.
Todos los estados, con excepción de Rhode Island, están limitando los períodos de mandato judiciales en los tribunales superiores.
Un nuevo sistema en el que cada magistrado ejercería por un período «solo» de 18 años de servicio activo y luego permanecería en la sala como un magistrado «sénior», que puede llevar casos de los tribunales de primera y segunda instancia y participar si otro magistrado se tiene que ausentar por recusación o enfermedad.
En definitiva, se trata de compaginar unos límites al período de mandato con los nombramientos regulares al Tribunal Supremo de nueve magistrados, para que la ciudadanía tenga la certeza de que cada presidente puede nombrar a dos magistrados a la Corte Suprema cada cuatro años.
Una reforma tendente a proteger la equidad y reducir la percepción ciudadana de un control presidencial de décadas sobre el Tribunal Supremo.
