El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Anteproyecto de Ley de Contratos de Créditos al Consumo, una norma que introduce por primera vez límites legales a los costes de los créditos al consumo con el objetivo de frenar prácticas abusivas y reforzar la protección de los consumidores, especialmente de los colectivos más vulnerables.
Incluye tanto a los préstamos tradicionales que ofrecen los bancos como los microcréditos, las tarjetas revolving y los préstamos rápidos ofrecidos a través de plataformas digitales.
La futura medida llega en un contexto en el que los créditos al consumo ya suponen en torno al 15 % del endeudamiento total de los hogares españoles y cuya contratación se ha disparado en los últimos años.
Este crecimiento ha estado estrechamente vinculado a una publicidad masiva y agresiva en redes sociales, televisión y radio, centrada en la inmediatez y facilidad de acceso a los llamados créditos exprés, pero que omite información clave como el tipo de interés, la tipología del producto o el coste total del crédito.
El Ejecutivo considera que esta falta de transparencia ha contribuido a situaciones de sobreendeudamiento grave, especialmente entre hogares con menor renta, que acaban atrapados en un “efecto bola de nieve” de préstamos encadenados.
De esta dinámica surge la figura del “deudor cautivo”, personas sin capacidad real de recuperación financiera, lo que explica el creciente recurso a la Ley de la Segunda Oportunidad como única vía de saneamiento.
El anteproyecto establece un sistema de tramos en función del importe del crédito y fija límites máximos a los intereses y costes asociados para cada uno de ellos.
Además, incorpora un límite transitorio del 22 % que se aplicará tanto a los nuevos microcréditos como a la regularización de las tarjetas revolving ya existentes, uno de los productos más cuestionados por su elevado coste financiero.
CONTROL SOBRE LOS PRESTAMISTAS
La futura ley también refuerza el control sobre los prestamistas. A partir de su entrada en vigor, solo podrán operar las entidades autorizadas por el Banco de España, y la concesión de créditos por parte de operadores no registrados podrá conllevar la nulidad de los contratos.
Asimismo, será obligatoria la evaluación de la solvencia del cliente mediante la consulta de su historial crediticio y de los registros de morosidad.
En materia de transparencia y derechos del consumidor, el texto obliga a facilitar información precontractual clara y detallada sobre las principales características del crédito, incluyendo el derecho al reembolso anticipado sin penalización.
También se restringen las ventas vinculadas o combinadas, eliminando los seguros de prima única asociados a los microcréditos.
Por último, el anteproyecto introduce un cambio relevante en la financiación vinculada a la venta de bienes y servicios: las empresas comerciales que ofrezcan financiación —como concesionarios de vehículos, grandes superficies o cadenas de electrodomésticos— deberán hacerlo mediante préstamos sin intereses, reforzando así la protección del consumidor frente a costes financieros encubiertos.
A juicio de José Luis Ortiz, socio director de la firma gaditana Bufete Ortiz Abogados, el Anteproyecto es una «buena noticia para los sufridos consumidores».
Y lo argumenta positivamente porque «los prestamistas tendrán que estar autorizados por el Banco de España, so pena de nulidad de los contratos de créditos que emitan. También tendrán que evaluar la solvencia, recabando el historial crediticio al cliente y obligatoriamente tendrán que consultar las bases de datos, para ver si figura o no en los Registros de Morosos, etcétera».
«Deberían facilitar como información precontractual un informe detallado de las principales características del microcrédito con el derecho al reembolso anticipado sin penalización. Se restringen las ventas vinculadas o combinadas en productos financieros de seguros, se acabarán los seguros de prima única vinculados al micro préstamo», añade.
«Y, ojo, las empresas que vendan otros productos o servicios y quieran ofrecer financiación como concesionarios de coches, grandes almacenes de muebles, grandes superficies comerciales, grandes cadenas de venta de electrodomésticos, lo tendrán que hacer como prestamos sin intereses», concluye.
