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Opinión | Si pediste un crédito de consumo y el banco no cumplió, pueden devolverte los intereses
José María Garzón, autor de esta calumna, es socio director de la firma Garzón Abogados (www.garzonabogados.com). explica en su columna las consecuencias positivas de esta sentencia del TJUE para los consumidores. Foto: Confilegal.
21/2/2024 06:31
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Actualizado: 21/2/2024 10:22
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La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el 11 de enero de 2024, tiene profundas repercusiones para la evaluación de la solvencia de los consumidores en el marco de los contratos de crédito al consumo.
Esta sentencia histórica aborda la obligación del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor antes de celebrar un contrato de crédito, tal como se estipula en la Directiva de aplicación y que hace referencia a contratos de crédito a los consumidores.
Trasciende el caso concreto, en el marco más amplio de la protección de los consumidores y la regulación del crédito al consumo en la Unión Europea.
En el fondo del asunto se encuentra la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Directiva relativas a la evaluación de la solvencia del consumidor, las consecuencias del incumplimiento de esta obligación y los derechos del consumidor cuando el prestamista no cumple con su deber.
La realidad es que está llamada a tener un impacto impacto en los derechos y obligaciones tanto de los consumidores como de los prestamistas en el ámbito del crédito al consumo.
Sin lugar a dudas, moldeará el panorama jurídico de dichos contratos.
La decisión del TJUE pone de manifiesto la importancia fundamental de garantizar la estabilidad financiera de los consumidores en el mercado crediticio, y subraya la responsabilidad del prestamista en la realización de una evaluación exhaustiva de la solvencia del consumidor.
Al profundizar en los entresijos de la evaluación de la solvencia del consumidor y las implicaciones del incumplimiento de esta obligación, la sentencia establece un punto de referencia fundamental para defender los derechos de los consumidores y promover prácticas crediticias responsables en el seno de la UE.
Implicaciones de la sentencia
Si pediste un crédito para comprar un coche, una plancha, una cocina o cualquier otro bien de consumo y el banco no cumplió con sus obligaciones, podrían tener que devolverte todos los intereses que pagaste en las cuotas.
Así de simple.
Como avanzaba, la sentencia conlleva profundas implicaciones tanto a nivel de la UE como de los Estados miembros, y afecta a los ámbitos de la protección de los consumidores, la regulación del crédito al consumo y los derechos y obligaciones de las partes implicadas en los contratos de crédito al consumo.
Desde la creación de precedentes cruciales en la resolución de casos similares hasta la influencia en las prácticas de los proveedores de crédito y los derechos de los consumidores, las implicaciones de esta sentencia histórica son de gran alcance y polifacéticas, y encierran consideraciones jurídicas, financieras y de bienestar de los consumidores dentro de su ámbito de aplicación.
En el ámbito de la UE, la sentencia sirve para fortalecer el marco jurídico y normativo que rige el crédito al consumo, reforzando el compromiso de la UE con la protección de los consumidores y la promoción de prácticas crediticias responsables.
Cristaliza las obligaciones de los proveedores de crédito en la evaluación de la solvencia del consumidor, delimita las consecuencias del incumplimiento de dichas obligaciones y refuerza los derechos de los consumidores en caso de infracciones contractuales, contribuyendo así al tejido general de las leyes y reglamentos de protección de los consumidores en la UE.
«La reciente sentencia del TJUE pone de manifiesto la importancia de la transparencia en los contratos de préstamo y de la protección de los derechos individuales, subrayando la diversidad de asuntos jurídicos que trata el Tribunal y puede suponer, como lo hizo con las cláusulas suelo un aluvión de demandas de los consumidores con el fin de recobrar los intereses de las cuotas de sus préstamos»
Efecto dominó
En los Estados miembros, la sentencia engendra un efecto dominó en los ámbitos del cumplimiento legal, la defensa de los consumidores y la regulación de los mercados crediticios.
Impregna los sistemas jurídicos nacionales, guiando y dando forma a la resolución de los litigios relativos al crédito al consumo, al tiempo que sirve de guía para armonizar las leyes nacionales con las directivas y jurisprudencia de la UE.
Además, la sentencia tiene implicaciones para las prácticas de los proveedores de crédito, subrayando el imperativo del cumplimiento meticuloso de las obligaciones de evaluación de la solvencia del consumidor y reforzando la responsabilidad de los prestamistas en la defensa de los derechos y protecciones de los consumidores en los Estados miembros.
Las implicaciones de la sentencia irradian por las facetas de múltiples dimensiones del crédito y la protección de los consumidores, impregnando los ámbitos jurídico, normativo y comercial al mismo tiempo que consagran salvaguardias cruciales para el bienestar financiero y los derechos de los consumidores en la UE.
Hay que evaluar la solvencia de los consumidores antes de darles el crédito
La sentencia gira sobre la cuestión central de la obligación de los proveedores de crédito de evaluar la solvencia de los consumidores antes de concederles un contrato de crédito al consumo. Profundiza en los requisitos específicos establecidos en la Directiva y dilucida los aspectos jurídicos y prácticos del proceso de evaluación de la solvencia del consumidor.
Pero lo más importante, la sentencia expone las consecuencias del incumplimiento por parte del prestamista de la obligación de realizar una evaluación adecuada de la solvencia y los derechos del consumidor en los casos de incumplimiento de esta obligación tan crucial.
La matizada y exhaustiva exploración de estos elementos constituye la médula del contenido de la sentencia y contribuye a sus profundas implicaciones para la protección de los consumidores y la regulación del crédito al consumo.
Además, la sentencia aclara las normas y procedimientos a los que deben atenerse los proveedores de crédito al evaluar la solvencia de los consumidores, ofreciendo así una valiosa orientación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de la Directiva.
Aspectos jurídicos abordados
Los aspectos jurídicos abordados en la sentencia abarcan un abanico de consideraciones primordiales, como la interpretación y aplicación de los artículos pertinentes de la Directiva de aplicación, el establecimiento de las obligaciones de los proveedores de crédito en la evaluación de la solvencia del consumidor, la delimitación de los derechos de los consumidores en los casos de incumplimiento de dichas obligaciones, y el marco general de la regulación del crédito al consumo en la Unión Europea. Además, la sentencia profundiza en la armonización de las leyes de protección del consumidor y la promoción de prácticas crediticias responsables como componentes esenciales del panorama jurídico y normativo de la UE.
Al profundizar en estas polifacéticas jurídicas, la sentencia no sólo aborda las circunstancias concretas del caso que nos ocupa, sino que establece un precedente jurídico exhaustivo de amplias implicaciones para casos similares y para el ámbito más amplio del derecho de crédito al consumo en la UE.
La meticulosa elucidación de estos aspectos jurídicos en el seno de la sentencia pone de manifiesto su importancia a la hora de configurar el marco jurídico y normativo del crédito al consumo y de fortalecer los derechos y protecciones reconocidos a los consumidores en toda la Unión Europea.
Conclusión
En conclusión, la reciente sentencia del TJUE pone de manifiesto la importancia de la transparencia en los contratos de préstamo y de la protección de los derechos individuales, subrayando la diversidad de asuntos jurídicos que trata el Tribunal y puede suponer, como lo hizo con las cláusulas suelo un aluvión de demandas de los consumidores con el fin de recobrar los intereses de las cuotas de sus préstamos.
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