La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha comunicado al juez instructor del denominado caso Begoña Gómez que abonó un total de 113.509,32 euros para el desarrollo del software cuya titularidad está siendo investigada en el procedimiento judicial en el que figura como investigada la esposa del presidente del Gobierno.
En un escrito remitido al Juzgado, la Complutense solicita al magistrado Juan Carlos Peinado que “tenga por cuantificada de forma provisional la responsabilidad civil” en dicha cantidad. La universidad pide, además, que “se haga constar en autos la posición de la universidad como perjudicada y su ofrecimiento de acciones”.
Según el desglose aportado, 108.765,79 euros se destinaron exclusivamente al desarrollo del software, mientras que el resto corresponde al coste por horas y dedicación del personal técnico y de administración y servicios de la universidad que intervino en las tareas necesarias para su desarrollo y adaptación.
Begoña Gómez niega haberse apropiado del software
En su declaración ante el juez, Begoña Gómez negó, a preguntas de su defensa, haberse apropiado de las marcas TSC Transformación Social Competitiva o del software vinculado a la cátedra que codirigía en la UCM. Según sostuvo, tanto la herramienta digital como el proyecto habrían sido financiados por empresas, por lo que rechazó haber tenido ánimo de lucro alguno.
En paralelo, Indra ha remitido un escrito al juez Peinado en el que afirma no haber localizado “ningún acta levantada” sobre reuniones relacionadas con el desarrollo del software. La compañía explica que, tras revisar sus sistemas, no consta ningún documento elaborado por empleados del grupo relativo a dichas reuniones.
Tampoco se han encontrado —según el escrito— actas que pudieran haber sido redactadas por representantes de otras empresas participantes o por personal de la Universidad Complutense. El instructor había requerido a Indra y a otras entidades que aportaran agendas y actas de las reuniones mantenidas en relación con el desarrollo de la plataforma digital alojada en transformatsc.org.
La asesora pide aclarar un “error material” de la Audiencia Provincial
Por otro lado, la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que aclare o corrija un “error material” en el auto que avaló que el juez Peinado solicitara correos electrónicos del exvicerrector de Relaciones Institucionales de la UCM, Juan Carlos Doadrio, intercambiados con la asistente.
Álvarez había recurrido la decisión del instructor al considerar que debía haberse adoptado mediante auto, y no providencia, al afectar —según alegó— a derechos fundamentales como la intimidad y el secreto de las comunicaciones.
La Audiencia Provincial justificó el requerimiento señalando que Doadrio se habría ofrecido en su declaración a aportar voluntariamente cerca de cien correos electrónicos. Sin embargo, la defensa de Álvarez sostiene que, como consta en la grabación de las declaraciones, el exvicerrector no realizó en ningún momento tal ofrecimiento, por lo que considera que la Sala incurrió en un error material.
Más de 100 correos localizados por la UCO
Finalmente, Doadrio aportó correos electrónicos, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil informó al juez de que había localizado más de 100 emails que revelarían gestiones de la asesora con empresas para financiar la cátedra que codirigía Gómez en la Complutense.
Begoña Gómez figura como investigada por cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación.
La causa se articula en torno a cuatro líneas de investigación: el presunto tráfico de influencias en favor del empresario Juan Carlos Barrabés; la gestión de la cátedra y de dos másteres en la UCM; la presunta apropiación del software desarrollado en ese marco; y el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora en Moncloa.
