El escritor y abogado Lorenzo Silva lanzó una crítica demoledora contra el poder omnímodo de las grandes corporaciones tecnológicas, a las que acusó de operar en un régimen de impunidad práctica, vulnerando derechos fundamentales con la coartada del progreso, la innovación y la velocidad tecnológica.
“Se han bajado las obras sin pedir permiso a sus dueños, sin pedir permiso a sus autores, sin ningún escrúpulo. ¿Cuándo hemos aceptado que las cosas sean así?», se preguntó durante su intervención en el acto de presentación del «Libro blanco sobre inteligencia Artificial y Abogacía», fruto de la colaboración del Consejo General de la Abogacía Española, el Colegio de Abogados de Valencia y la Universitat de Valencia.
Un evento que tuvo lugar el jueves por la tarde noche en Madrid.
«La inefectividad de las leyes de propiedad intelectual vigentes es un hecho», añadió.
El galardonado «padre» de la Serie Bevilacqua y Chamorro y Premio Planeta, no hizo un alegado tecnófobo. Fue una denuncia política y, sobre todo, jurídica: el derecho ha quedado rezagado frente a empresas que actúan por encima de los Estados y para las que los derechos —de autor, de privacidad o de protección de los más vulnerables— son un obstáculo menor.
El escritor se expresó en la misma línea que lo hizo The New York Times. El periódico neoyorkino presentó una demanda contra OpenAI (y su socio Microsoft), a los que acusó de utilizar millones de artículos periodísticos protegidos por derechos de autor, incluidos textos tras el muro de pago, para entrenar modelos de inteligencia artificial como ChatGPT sin autorización ni licencia.
El diario alegó que ese uso implica una copia ilegal de sus contenidos. Porque los modelos llegan en algunos casos a reproducir fragmentos sustanciales o muy similares a los originales, y que, además, compiten directamente con su negocio, al ofrecer respuestas que sustituyen la lectura del periódico y reducen ingresos por suscripciones y publicidad.
Por ello, el New York Times Times está reclamando indemnizaciones millonarias y ha pedido a la justicia que se ordene a las empresas eliminar sus contenidos de los sistemas de entrenamiento.
OpenAI se defiende alegando que el entrenamiento de modelos constituye un “uso justo” transformador, una cuestión que los tribunales aún deben resolver.
«Sin pedir permiso a los autores ni a los titulares de los derechos, y sin ningún escrúpulo, estas empresas han colaborado con lo que —sin forzar demasiado el término— puede calificarse como una organización criminal», dijo Lorenzo Silva.
La experiencia personal de Lorenzo Silva
Silva habló desde la experiencia personal y profesional, no desde la abstracción. Describió una vida cotidiana colonizada por sistemas tecnológicos que ya no sirven al ciudadano, sino que lo explotan.
El teléfono móvil, concebido para la comunicación voluntaria entre personas, se ha transformado en una herramienta de acoso, fraude y manipulación. “Estamos en una absoluta indefensión”, afirmó, subrayando que ni las compañías ni las autoridades ofrecen respuestas eficaces frente al uso masivo e ilícito de datos personales.
“Pago por una herramienta que usan más otros que yo, y no precisamente con buenas intenciones”, denunció, señalando cómo el ciudadano ha asumido como normal que servicios por los que paga acaben funcionando contra él.
El mensaje implícito, dijo, «es la resignación».
Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó al abordar el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial con obras protegidas por derechos de autor.
Silva relató cómo, en la carrera competitiva por desarrollar modelos lingüísticos cada vez más potentes, algunas grandes empresas tecnológicas constituyeron auténticos comités de crisis para decidir cómo alimentar sus sistemas con rapidez.
El dominio público —Cervantes, Tucídides o Stevenson— no les servía: esos textos no contienen el lenguaje vivo, los giros actuales, los matices contemporáneos que hacen eficaz a una inteligencia artificial diseñada para operar en el presente.
Las empresas de IA se bajaron las obras de un repositorio pirata ruso
La solución que encontraron las empresas de IA fue tan simple como brutal: acudir a un repositorio pirata ruso que almacena de forma masiva novelas, ensayos, artículos y todo tipo de textos contemporáneos protegidos por derechos de autor.
Un archivo clandestino que funciona desde hace años como una biblioteca ilegal global, accesible sin control alguno.
«Desde allí —sin pedir permiso, sin pagar licencias, sin reconocer autoría— se descargaron miles de obras que luego fueron utilizadas para entrenar sistemas de inteligencia artificial destinados a generar texto, imitar estilos y competir en el mercado», explicó.
Silva fue tajante en su calificación de estas empresas: “Estamos hablando de colaborar con lo que, sin forzar el término, es una organización criminal”.
La paradoja, subrayó, es obscena: «mientras estas corporaciones invocan públicamente la innovación y el futuro, su práctica concreta se apoya en el expolio sistemático del trabajo creativo ajeno«.
El conflicto, además, se traslada de forma perversa a los autores. “Ahora soy yo el que tiene que ir a litigar contra una corporación estadounidense”, lamentó, señalando la asimetría absoluta de poder entre un creador individual y una multinacional tecnológica.
Las empresas entrenaron sus IAs recurriendo a una biblioteca pirata rusa, un repositorio clandestino que reúne masivamente textos protegidos por derechos de autor y es accesible sin ningún control y desde donde descargaron todo.
En ese contexto, la propiedad intelectual deja de ser un derecho efectivo y pasa a sostenerse casi exclusivamente en la ética de quienes deciden respetarla voluntariamente.
Para el escritor, este episodio no es una excepción, sino un síntoma estructural. El derecho llega siempre tarde: cuando se depuran responsabilidades, si es que se depuran, el daño ya está hecho y el beneficio ya se ha consolidado. “Asumir responsabilidades siete, ocho o diez años después se está convirtiendo en la praxis”, advirtió, mientras las sanciones resultan irrelevantes frente a los beneficios obtenidos.
Los menores, desamparados en las redes
Especialmente duro fue al referirse al impacto de las plataformas digitales en los menores. Rechazó la coartada de la ignorancia: «las empresas saben perfectamente quién entra, cuánto tiempo permanece y qué consume».
Si no actúan —sostuvo— no es por incapacidad técnica, sino porque controlar de verdad merma el beneficio. Así, se están anteponiendo “los derechos de unos pocos, que ni siquiera tributan aquí, a los derechos de muchísimos, empezando por los más vulnerables”.
Silva cuestionó también el relato dominante según el cual regular equivale a frenar el progreso. A su juicio, lo que realmente se está frenando es la capacidad de las sociedades democráticas para defenderse de los atropellos.
«Se normaliza que las grandes corporaciones se pasen los derechos por el forro mientras los Estados aceptan, resignados, la pérdida de soberanía reguladora», aseveró.
El cierre de su intervención tuvo un tono casi clásico. Recordó que una sociedad solo puede considerarse justa si protege efectivamente los derechos de todos.
«Cuando esa protección desaparece —advirtió— la comunidad deja de ser una asociación de hombres libres para convertirse en un territorio administrado por intereses ajenos».
“Eso es lo que estamos arriesgando”, concluyó: «la capacidad de gobernarnos y de proteger a los nuestros frente a poderes que ya no reconocen límites».
