Ha fallecido a los 73 años y 5 meses justos la magistrada jubilada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo Bordallo (Almendralejo, Badajoz), una de las figuras más singulares y controvertidas de la justicia española.
Pionera en 1993 al convertirse en la primera mujer de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, se jubiló el 13 de septiembre de 2024, al cumplir los 72 años preceptivos, tras 44 años de carrera;
31 de esos años los vivió el tribunal al que dedicó su vida y en él terminó como presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la primera mujer de la historia en conseguirlo.
La pregunta que anuló un juicio
Murillo alcanzó notoriedad pública en 2010 durante el juicio a Arnaldo Otegi por enaltecimiento del terrorismo, acusado de participar en un homenaje a José María Sagarduy.
En plena vista, preguntó al líder abertzale si condenaba la violencia de ETA. Otegi guardó silencio. «Ya sabía yo que no me iba a contestar», musitó la magistrada.
Ese comentario —captado por el micrófono— tuvo consecuencias jurídicas inmediatas.
En 2011, el Tribunal Supremo anuló el juicio. Consideró que la observación prejuzgaba la culpabilidad del acusado, vulnerando el derecho a la imparcialidad recogido en el artículo 24.2 de la Constitución.
La magistrada había emitido un juicio de valor sobre la conducta de Otegi antes de que concluyera la fase probatoria. El Supremo ordenó repetir la vista con otro tribunal, que finalmente absolvió al dirigente de EH Bildu.
Paradójicamente, Otegi le regaló durante aquel juicio un ejemplar dedicado de «El factor humano», de John Carlin, que Murillo conservó sobre su mesa.
El caso Bateragune: cuando España ignoró a Europa
La historia entre Murillo y Otegi no terminó ahí. En 2011, la magistrada volvió a presidir el tribunal que juzgó al líder abertzale, esta vez por intentar reconstruir Batasuna a través de Bateragune.
Lo condenó a 10 años de prisión por pertenencia a organización terrorista —ETA—, pena que el Supremo rebajó a 6 años y medio en 2012.
La defensa de Otegi intentó recusar a Murillo, argumentando que el precedente judicial —la anulación por el Supremo— generaba dudas razonables sobre su imparcialidad.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional rechazaron la recusación. Su argumento: se trataba de causas distintas, sin «contaminación objetiva» entre ambos procesos.
Pero en 2018, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón a Otegi. La sentencia fue contundente: el recelo hacia Murillo estaba «objetivamente justificado» por el fallo previo del Supremo español, que ya había censurado su falta de imparcialidad.
Al permitir que volviera a juzgar al mismo acusado, España había violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio imparcial. El Estado español tuvo que pagar indemnizaciones.
Otegi ya había cumplido su condena.
«Y encima se ríen estos cabrones»
Otro comentario suyo trascendió del viejo palacio de justicia, cuando acusados, togados y periodistas compartían pasillos. Durante un juicio por terrorismo, al observar las risas de «Txapote» y otros tres etarras mientras declaraba la viuda de un concejal asesinado por ETA, exclamó: «Y encima se ríen estos cabrones».
Pero había otra Murillo. Durante el macrojuicio al caso EKIN (2005-2007) —las «entrañas de ETA», donde condenó a 47 de 56 acusados en un proceso que se extendió 16 meses—, compraba coca-colas en la máquina del tribunal para llevarlas a las prostitutas que trabajaban cerca del pabellón de la Casa de Campo, donde se celebraban las sesiones.
Lo hacía mientras atravesaba un momento personal devastador: su pareja padecía una enfermedad grave que acabaría con su vida. Dividía sus jornadas entre el juzgado y el hospital. Un compañero la descubrió cargando con los refrescos y le preguntó. Lo explicó con naturalidad. Así era.
En la Audiencia Nacional era una de las magistradas más apreciadas. Su bonhomía y sentido del humor suavizaban incluso las vistas más tensas.
De Abu Dahdá a Villarejo: cuatro décadas de grandes casos
A lo largo de cuatro décadas instruyó y juzgó casos que marcaron la historia judicial española. La operación Temple, primer macrojuicio contra una célula yihadista vinculada a Al Qaeda en España, la comandada por Abu Dahdá.
El caso Nécora, donde en 1993 actuó como ponente contra narcotraficantes gallegos.
El clan de los Charlines. Y los grandes escándalos de corrupción económica: Gescartera, Ausbanc, la salida a bolsa de Bankia, las tarjetas black, Gürtel —su sección tramitó los recursos de apelación durante la instrucción— y José Manuel Villarejo, donde rebajó la condena inicial a 19 años absolviendo del delito de cohecho pese a las apelaciones.
Quedó lejos aquel primer juicio a Laureano Oubiña en el caso Nécora, a quien absolvió por narcotráfico. «Doña Ángela, yo hachís sí, pero cocaína nunca», le dijo el acusado.
Años después, Oubiña volvió al banquillo, esta vez por tráfico de cocaína. Presidía, naturalmente, Ángela Murillo. «¿Ahora qué me dice usted, señor Oubiña?», le espetó con esa espontaneidad que la definía, con ese acento extremeño que la hacía singular.
De juez de pueblo a la cúpula judicial
Murillo comenzó en los juzgados de instrucción de Lora del Río (Sevilla) con 25 años. La confundían con la nieta del titular.
Pasó por Vélez Málaga, Onteniente y San Sebastián durante los años más duros del terrorismo de ETA.
En 1986 llegó a Madrid, primero a la Audiencia Provincial y después al Consejo General del Poder Judicial como inspectora delegada (1990-1993).
En 1993 dio el salto a la Audiencia Nacional, donde permanecería hasta su jubilación.
Se retiró queriendo terminar la carrera de piano y hacer las paces con la informática, con la que nunca se entendió.
