El magistrado José Luis Calama ha asumido la investigación del presunto uso irregular de los 53 millones de euros en el rescate de Plus Ultra. Foto: EP

La Audiencia Nacional asume la investigación sobre el rescate a Plus Ultra y un presunto entramado de blanqueo internacional

3 / 03 / 2026 13:07

Actualizado el 03 / 03 / 2026 13:21

El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha asumido la investigación relativa al presunto uso irregular de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno como ayuda a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, así como de un supuesto entramado de blanqueo de capitales vinculado a fondos públicos y oro procedentes de Venezuela.

Según ha informado el tribunal, el juez ha aceptado la competencia para instruir la causa mediante un auto en el que acuerda mantener el procedimiento bajo secreto. Asimismo, el titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha requerido al juzgado de Madrid que hasta ahora investigaba los hechos que remita la totalidad de las actuaciones.

Calama se hará cargo de la instrucción como titular de la Plaza 2, en sustitución del magistrado Ismael Moreno, quien se abstuvo en 2024.

Cabe recordar que el propio Calama rechazó en su momento admitir a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no era competente, remitiendo entonces el asunto al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que investigó el rescate y acordó su archivo.

Posteriormente, la titular del juzgado de Plaza de Castilla decidió inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, manteniendo el secreto de las actuaciones. Esta magistrada fue quien ordenó el pasado mes de diciembre la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del consejero delegado (CEO), Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez.

Fuentes jurídicas señalan que el juzgado madrileño venía investigando los hechos denunciados por Anticorrupción, que apuntan no solo al rescate público, sino también a otras posibles conductas delictivas.

En concreto, la Fiscalía denunció el “uso indebido” de los 53 millones de euros otorgados por el Consejo de Ministros en marzo de 2021, al sostener que dichos fondos “se habrían utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva”.

La denuncia, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, describe la existencia de una supuesta organización criminal con presencia en Francia, Suiza y España. Según la Audiencia Nacional, dicha estructura estaría integrada por “personas extranjeras, nacionalizados españoles y al menos un abogado español”, dedicados a la realización de operaciones de blanqueo en esos tres países.

Fondos públicos de Venezuela a Plus Ultra

De acuerdo con la Fiscalía, los fondos ilícitos tendrían su origen en presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios públicos venezolanos por importes “de muy alta cuantía”. En particular, se menciona su procedencia de los programas CLAP —destinados al reparto de alimentos subsidiados— y de la venta de oro del Banco de Venezuela.

En este contexto, Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de supuestos contratos de préstamo suscritos con tres sociedades vinculadas a la organización investigada, implicadas en operaciones de venta de oro.

Según la denuncia, estos contratos habrían servido de cobertura para la devolución de fondos por parte de la aerolínea española, en fechas próximas a la recepción de la ayuda pública, hacia cuentas en el extranjero pertenecientes a sociedades de la presunta trama.

Anticorrupción también alude a las conexiones de esta organización con clientes sometidos a investigaciones policiales y judiciales en curso. Asimismo, la denuncia describe operaciones mediante las cuales diversas personas, en ocasiones a través de sociedades mercantiles, habrían recibido fondos del extranjero con el objetivo de adquirir bienes inmuebles.

Entre los hechos investigados se incluyen la formalización de préstamos a Plus Ultra que fueron íntegramente reembolsados, la venta de oro por valor aproximado de 30 millones de euros a una sociedad radicada en Emiratos Árabes Unidos, transferencias de fondos a cuentas en Panamá y el posible uso de la compraventa de relojes de lujo como mecanismo para actividades de blanqueo.

La causa permanece bajo secreto mientras el magistrado Calama avanza en la instrucción.

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