La Comisión de Justicia del Senado aprobó ayer una enmienda en la que plantea incrementar el número de fiscales en España durante los próximos dos años, una medida que se tramita en la forma de disposición final segunda de la proposición de ley de multirreincidencia, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados.
La iniciativa, impulsada por el Partido Popular, busca reforzar la planta fiscal en proporción a la carga de trabajo y a los índices de criminalidad en distintas zonas del país.
«1. En el plazo máximo de dos años desde la publicación de la presente Ley, las fiscalías de área, provinciales y de Comunidad Autónoma deberán ampliarse, al menos, con un fiscal por cada 100.000 habitantes o fracción superior a los 50.000 habitantes», dice el primer punto.
«2. El orden de ampliación se establecerá priorizando a las fiscalías cuya ratio de fiscales por cada 100.000 habitantes sea interior», especifica el segundo.
Mismo criterio que se ha seguido con los JATs
La propuesta se enmarca en el mismo criterio que ya se incorporó previamente en el Congreso para aumentar los jueces de adscripción territorial (JAT) en todo el territorio nacional.
Aquella modificación se aprobó mediante una enmienda transaccional acordada con otros grupos parlamentarios y establecía también un plazo de dos años para su aplicación.
Según explican fuentes parlamentarias, la nueva enmienda responde a una demanda reiterada de asociaciones de fiscales, que consideran incoherente ampliar la plantilla judicial sin reforzar al mismo tiempo el Ministerio Fiscal, especialmente en zonas con una elevada presión de trabajo derivada del aumento de determinados delitos.
La idea ha surgido del asesoramiento de miembros de la carrera fiscal que defendían equilibrar los refuerzos entre jueces y fiscales.
La proposición de ley ha incorporado además otras enmiendas relacionadas con cuestiones como la extranjería o la regulación vinculada al petróleo, aunque la relativa al aumento de fiscales había pasado más desapercibida en el debate público hasta ahora.
La iniciativa sigue su recorrido legislativo mientras los grupos parlamentarios analizan el alcance de los cambios introducidos en el Senado y su posible confirmación en la Cámara Baja.
