El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado alegaciones al anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid destinado a regular los derechos de los contribuyentes en su relación con la Hacienda autonómica.
El Colegio reclama que la futura norma vaya más allá de la información y la asistencia administrativa, y se convierta en un verdadero escudo jurídico para todos los obligados tributarios, reforzando las garantías en cada fase de la relación con la Administración y dotando al sistema de instrumentos reales de protección.
Las propuestas, elaboradas por la Sección de Derecho Tributario del ICAM y el centro MediaICAM bajo la dirección de la diputada de la Junta de Gobierno Roberta Poza, persiguen un objetivo central: que la lucha contra el fraude fiscal sea plenamente compatible con el respeto a las garantías jurídicas y con el papel que desempeñan los profesionales del asesoramiento.
«Una norma de este tipo debe reforzar la seguridad jurídica y garantizar un ejercicio plenamente efectivo del derecho de defensa en el ámbito tributario», ha subrayado Poza.
Las alegaciones se enmarcan, además, en varios compromisos del Programa de Gobierno del Colegio orientados a mejorar la calidad de la relación jurídico-tributaria y a promover mecanismos de resolución de controversias más ágiles y eficaces.
Un objeto de ley demasiado estrecho
La primera crítica del ICAM apunta al propio alcance del anteproyecto. En su redacción actual, el texto circunscribe la protección del contribuyente básicamente a los ámbitos de información, asistencia y participación, dejando fuera precisamente los procedimientos tributarios, que es donde con mayor frecuencia se lesionan los derechos de los ciudadanos.
El Colegio exige que la ley amplíe su ámbito de protección y lo proyecte de forma explícita sobre todas las actuaciones de la Administración frente al obligado tributario, de manera que el texto no se limite a regular instrumentos de carácter informativo o asistencial, sino que configure un marco sólido de garantías jurídicas con plena eficacia práctica.
Más protección en los procedimientos
En la misma línea, el ICAM advierte de que el anteproyecto no regula con suficiente detalle el desarrollo de los procedimientos tributarios, pese a ser el terreno en el que con más frecuencia pueden verse comprometidos los derechos de los obligados.
Las alegaciones reclaman que los derechos de información y orientación reconocidos en el texto tengan una traducción concreta y exigible en cada fase procedimental, desde la comprobación hasta la sanción, precisando cómo han de proyectarse sobre las actuaciones posteriores de la Administración frente al ciudadano.
Ampliar el círculo de protegidos
El Colegio propone también sustituir el término contribuyente por el más amplio de obligados tributarios, con el fin de extender el sistema de garantías a terceros interesados, representantes y profesionales del asesoramiento que intervienen en la relación jurídico-tributaria.
El objetivo es evitar interpretaciones restrictivas que dejen a determinados sujetos fuera del paraguas de la ley y asegurar que la futura norma configure una protección jurídica real y completa para todos los que participan en esa relación, con independencia de su posición formal en el procedimiento.
Consultas tributarias con efecto real
Las alegaciones dedican especial atención al régimen de las consultas tributarias, concebidas como un instrumento clave para garantizar la previsibilidad en la aplicación del sistema fiscal.
El ICAM propone reforzar su carácter vinculante para la Administración, de modo que los cambios de criterio posteriores no perjudiquen a quienes actuaron de buena fe siguiendo la interpretación administrativa vigente.
También plantea permitir entrevistas personales durante su tramitación, como vía para facilitar un intercambio de información más eficaz entre Administración y ciudadanos, y blindar el valor de las respuestas frente a intentos de la Administración de desvincularse de ellas alegando supuestas diferencias en los hechos, lo que en la práctica vaciaría de contenido su carácter vinculante.
Mediar antes de litigar
Una de las propuestas más destacadas es la de dotar a la futura Oficina de Defensa del Contribuyente de funciones de mediación, convirtiéndola en un cauce institucional para resolver conflictos antes de que lleguen a los tribunales.
El ICAM subraya que el anteproyecto deja fuera instrumentos que podrían contribuir decisivamente a reducir la elevada conflictividad en materia tributaria y plantea aprovechar la reforma para introducir fórmulas alternativas de resolución de controversias que permitan canalizar determinadas discrepancias entre la Administración y los ciudadanos de forma dialogada y eficaz.
Asimismo, propone que, cuando la Administración no responda a una consulta dentro del plazo legal, cualquier eventual sanción deba ir acompañada de una motivación reforzada que acredite de forma clara la falta de diligencia del obligado tributario, evitando así situaciones de inseguridad jurídica derivadas del silencio administrativo.
Una Oficina más independiente y con otro nombre
El Colegio propone renombrar el órgano como «Oficina del ciudadano en sus relaciones tributarias con la Comunidad de Madrid», para reflejar mejor su vocación universal y dejar claro que el sistema de garantías debe abarcar al conjunto de los obligados tributarios y no limitarse a los contribuyentes en sentido estricto. Pide además que su titular sea una persona ajena a la Administración tributaria y con experiencia acreditada, que garantice la imparcialidad del órgano.
En cuanto a sus competencias, el ICAM plantea habilitarla para formular propuestas de actuación ante las quejas ciudadanas, obligar a los órganos afectados a responder de forma motivada cuando no las atiendan, e incorporar facultades de conciliación que incluyan la posibilidad de mantener entrevistas personales entre el ciudadano y el servicio administrativo implicado.
Garantías en inspección y sanción
Por último, el ICAM reclama medidas concretas para reforzar las garantías procedimentales en los ámbitos de comprobación, recaudación e inspección.
Entre ellas, propone introducir un trámite personal contradictorio en los procedimientos de inspección y habilitar la posibilidad de solicitar audiencia con el funcionario responsable en los de comprobación limitada.
También reclama que se informe al interesado de la apertura del expediente sancionador en el momento de la firma de las actas y que la Administración valore la no imposición de sanciones cuando el contribuyente haya actuado con diligencia razonable y no haya sido sancionado en los cinco años anteriores por el mismo tributo.
Con estas medidas, el ICAM busca reforzar los principios de proporcionalidad y seguridad jurídica en la fase más sensible de la relación entre el ciudadano y la Hacienda autonómica.
Las alegaciones han sido elaboradas por una comisión de trabajo integrada por Gabriel Casado Ollero, presidente de la Sección de Derecho Tributario del Colegio; los miembros de su Comité Asesor María Teresa González Martínez, socia de Tax Litigation en EY; Pablo Chico de la Cámara, catedrático de Derecho Financiero; y María Luisa González-Cuéllar, también catedrática de Derecho Financiero; junto con Ana Palomeque Rivas, responsable de MediaICAM.
