Veinte millones de euros emparedados entre las paredes de una vivienda. No en una película. En el domicilio de quien durante años dirigió la unidad policial encargada de perseguir precisamente ese tipo de fortunas ilícitas.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge Mesas, ha citado a Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, para que declare como procesado el próximo 19 de mayo mediante videoconferencia.
La diligencia, que en principio estaba prevista como una declaración voluntaria en fase de instrucción, mutó de naturaleza el pasado 9 de marzo cuando el magistrado suspendió el interrogatorio para reconvertirlo en indagatoria, el acto procesal propio del encartado, según la providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
El cambio no es menor. Procesado ya no es simplemente investigado.
Sánchez lleva en prisión provisional desde finales de 2024. Había pedido él mismo comparecer ante el juez instructor, un gesto que en el foro penal suele interpretarse como voluntad de colaborar o, al menos, de ofrecer una versión antes de que la causa gane inercia propia.
Pero el nuevo estatus procesal alteró los cálculos: su defensa solicitó más tiempo para preparar una declaración que ahora tiene consecuencias jurídicas sensiblemente distintas.
El «campo de minas» del inspector
El auto de procesamiento es, en términos probatorios, una declaración de intenciones del instructor. De Jorge ancló su decisión en las conversaciones telefónicas interceptadas, las vigilancias policiales sostenidas en el tiempo y los informes elaborados a partir de la documentación y los dispositivos informáticos incautados en los registros.
Material suficiente, a juicio del magistrado, para dar el paso.
La descripción de la supuesta mecánica corrupta que contiene el auto es, cuando menos, sofisticada.
Según el De Jorge, titular de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. Plaza nº 1, la colaboración de Sánchez con la presunta organización de narcotráfico «se concretaba esencialmente en la realización de consultas» en las bases de datos policiales para «conocer y descartar» las investigaciones activas sobre los miembros de la trama. Acceso privilegiado convertido en escudo.
Y la remuneración por esos servicios no llegaba de forma directa. No podía. El juez describe «todo un complejo sistema de ocultación con creación de empresas, sociedades y utilización incluso de criptoactivos» diseñado para disfrazar las «cuantiosas remuneraciones».
Una arquitectura financiera paralela construida para hacer invisible lo que no debía existir.
Pero hay un detalle en el auto que resulta especialmente revelador del modus operandi que el juez atribuye al expolicía.
De Jorge sostiene que Sánchez, «aprovechando la apertura de investigaciones reales totalmente ajenas a su entramado», habría creado un «auténtico campo de minas» alrededor de las personas y sociedades de las que él y su entorno familiar más cercano recibían fondos.
El objetivo: detectar si estaban siendo investigados por otros grupos policiales. El cazador convertido en sistema de alerta temprana de los cazados.
39 contenedores, 73 toneladas
La investigación tomó una dimensión nueva en octubre de 2024, cuando la Policía Nacional y la Agencia Tributaria intervinieron en el puerto de Algeciras 13 toneladas de cocaína.
El mayor alijo de esa droga jamás incautado en España. El segundo en toda Europa.
Ese hallazgo aceleró una causa que ya venía instruyéndose y que involucra a varios investigados y a un entramado de empresas con presunta vinculación al narcotráfico.
En febrero, el juez dio otro paso significativo: procesó también a Ignacio Torán, al que considera presunto líder de la organización.
Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional lo situaron en un oficio como «responsable de la importación» de la droga y como «socio e interlocutor principal» del exjefe de la UDEF.
Las cifras que maneja uno de los últimos atestados incorporados a la causa son de otra escala.
Sánchez habría estado presuntamente implicado en la introducción de al menos 39 contenedores —solo dos fueron interceptados— con aproximadamente 73 toneladas de cocaína. Por ese servicio, Torán le habría abonado más de 32 millones de euros.
Los 20 millones emparedados en casa eran, al parecer, solo una parte del cuadro.
