El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido un presunto fraude fiscal de cerca de 88 millones de euros al empresario Álvaro Romillo,conocido como ‘CryptoSpain’, en el marco de la causa en la que se investiga una supuesta estafa piramidal vinculada a criptomonedas.
Romillo, conocido por ser el empresario que entregó 100.000 euros al eurodiputado de Se acabó la fiesta, Alvise Pérez, ya estaba procesado como presunto cabecilla del entramado que habría operado a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC).
En un auto, el magistrado sostiene que existen “indicios racionales y suficientes” de que el empresario habría llevado a cabo una conducta defraudatoria en los ejercicios 2023 y 2024.
Según el instructor, la supuesta defraudación se habría producido tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la omisión de ingresos que reflejarían su verdadera capacidad económica.
En concreto, las cuotas presuntamente defraudadas ascenderían a 30,7 millones de euros en IRPF en 2023, 49,1 millones en IRPF en 2024, 2,24 millones en el Impuesto sobre el Patrimonio en 2023 y 6,06 millones en el mismo tributo en 2024.
Un escrito en el que el juez aprecia además la concurrencia de dolo, al considerar que la conducta responde a una “voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de obligaciones tributarias”, descartando que pueda tratarse de un error contable o una discrepancia interpretativa.
Un nuevo delito contra CryptoSpain
En la misma resolución, Calama acuerda mantener las medidas cautelares adoptadas contra los diez procesados en la causa, entre ellos CryptoSpain, que permanece en prisión provisional desde el pasado mes de noviembre.
El magistrado justifica la continuidad de esta medida por el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y subraya que el tiempo transcurrido desde su adopción no justifica su modificación.
El juez destaca igualmente que un informe de la Agencia Tributaria constituye la única diligencia que modifica el relato de hechos recogido en el auto de procesamiento dictado en diciembre, en el que ya se apreciaban presuntos delitos de estafa masiva y organización criminal.
A esos delitos se suma ahora el de contra la Hacienda Pública.
