Madrid se ha consolidado esta semana como el punto de encuentro de referencia para el análisis del sistema financiero global. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha inaugurado el VI Congreso Internacional de Derecho Bancario, una cita estratégica que reúne a más de medio centenar de expertos entre reguladores, juristas, académicos y representantes del sector bancario para abordar los desafíos de un entorno en constante mutación. Bajo la dirección de José Ramón Couso, el foro analiza cómo la digitalización y la complejidad normativa están redefiniendo las reglas del juego en Europa.
La transformación permanente como nuevo paradigma
La apertura del congreso contó con la presencia del decano del ICAM, Eugenio Ribón, quien lanzó un mensaje contundente: el sector financiero no atraviesa un cambio puntual, sino una «transformación permanente». Ribón destacó que fenómenos como la sostenibilidad y la reordenación regulatoria están alterando los cimientos de la industria.
«Cuando cambia la forma en que circula el dinero, cambia también el marco de confianza sobre el que descansa una sociedad», advirtió el decano, subrayando que en este escenario los juristas son piezas esenciales para traducir la complejidad tecnológica en seguridad jurídica.
El decano también puso el foco en la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y la tokenización de activos. Para Ribón, la IA debe abordarse desde un criterio estrictamente jurídico que garantice la transparencia, la responsabilidad y la protección de datos, mientras que el buen gobierno corporativo debe seguir siendo el pilar de la estabilidad del sistema.
Por su parte, la diputada Esther Mocholí resaltó la riqueza de enfoques del congreso, mientras que José Ramón Couso puso en valor la consolidación de esta sexta edición, que ya supera el centenar de congresistas, reafirmando al ICAM como un espacio de diálogo plural.
El reto regulatorio: entre la innovación y la protección
Desde la perspectiva del regulador, José García Alcorta, jefe de la División de Regulación General del Banco de España, calificó el reto actual como «mayúsculo». Alcorta centró su intervención en los avances de la Unión Bancaria, lamentando que aún no se disponga de un sistema europeo de garantía de depósitos plenamente integrado.
Además, señaló la dificultad de articular respuestas normativas eficaces ante la velocidad de la innovación tecnológica, mencionando específicamente el fraude en los servicios de pago y la integración de los criptoactivos en el sistema financiero.
En este sentido, el representante del Banco de España advirtió que la regulación debe encontrar un equilibrio delicado entre fomentar la innovación, mantener la estabilidad financiera y asegurar la protección del consumidor, especialmente ante nuevas figuras como los administradores de créditos dudosos y la futura normativa del crédito al consumo.
Seguridad jurídica como motor de inversión
La vertiente económica e institucional también tuvo un papel protagonista. Amelia Pérez, decana del Colegio de Economistas de Madrid, analizó el contexto de incertidumbre geopolítica y comercial, destacando la capacidad de adaptación de la banca española. No obstante, recordó que la gobernanza y la confianza siguen siendo los pilares fundamentales frente a la transformación del concepto de dinero.
En la misma línea, Carmen Martín, viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, vinculó directamente la claridad normativa con el crecimiento económico.
«Cuando existe seguridad jurídica, las empresas pueden planificar, invertir y asumir riesgos con confianza», afirmó, subrayando el compromiso del ejecutivo regional con la simplificación normativa para atraer talento e inversión.
El clamor contra la «sobrerregulación» europea
Uno de los momentos de mayor debate se produjo en la mesa dedicada a la competitividad, moderada por Ana Lillo. Francisco Uría fue especialmente crítico con el modelo actual, afirmando que «en Europa hay sobrerregulación en todos los sectores», lo que actúa como una barrera que frena el desarrollo de un verdadero mercado único y lastra el crecimiento económico. Uría aclaró que el objetivo no es desregular, sino mejorar la calidad de las normas para favorecer mejores condiciones de financiación.
Esta postura fue secundada por Christian Castro, de CaixaBank, quien abogó por una «racionalización de la supervisión bancaria» tanto a nivel micro como macro-prudencial. Castro defendió la necesidad de implementar medidas ambiciosas pero prácticas en plazos razonables para no asfixiar la competitividad del sector. Asimismo, Pedro Guerrero (AEB) recordó que una economía europea fuerte es imposible sin una banca competitiva que pueda asignar recursos de forma eficiente.
Finalmente, desde el ámbito académico, José Luis Colino analizó la reforma del marco de gestión de crisis, mostrándose cauteloso sobre la capacidad de los 27 países de la UE para alcanzar una integración real, mientras que Ana Guerrero defendió la necesidad de transitar de una «lógica de acumulación normativa» hacia una reflexión profunda sobre la eficacia y coherencia del marco actual.
