Manuel Alcaide Alonso, magistrado de carrera y expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), falleció la madrugada de este sábado en Las Palmas de Gran Canaria. Tenía 96 años. Su capilla ardiente quedó instalada en el Tanatorio Albia de San Miguel, en la capital grancanaria.
Detrás, una trayectoria que los obituarios convencionales tenderán a resumir en fechas y cargos. Pero reducirla a eso sería no entenderla.
Nacido el 4 de enero de 1930 —en el propio edificio de los juzgados de Santa Cruz de La Palma, como si el destino hubiera querido subrayar algo—, Alcaide formaba parte de ese reducido pelotón de juristas que no solo vivieron la consolidación del Estado autonómico desde los órganos judiciales: lo pilotaron.
Los años noventa no eran un tiempo menor para la justicia española. Exigían precisión institucional, cintura política y una lectura fina de equilibrios territoriales que podían romperse con un paso en falso. Nadie se lo explicaba. Había que intuirlo.
En ese contexto asumió la Presidencia del TSJC en 1993
Cumplió dos mandatos al frente del Alto Tribunal canario, entre el 26 de marzo de 1993 y el 30 de abril de 1998 y entre el 30 de abril de 1998 y el 27 de enero de 2000, cuando la jubilación cerró ese capítulo.
Una etapa que, vista con la distancia que da el tiempo, coincide con la estabilización del poder judicial en las islas: lejos ya del desorden inicial del despliegue autonómico, pero aún con desafíos estructurales que podían enquistar el sistema.
Quienes trabajaron al lado de este insigne palmero lo describen de una manera muy concreta: metódico. Poco dado a la grandilocuencia. Extremadamente celoso —esa es la palabra que repiten— de la independencia judicial.
En un archipiélago fragmentado geográficamente como Canarias, presidir el TSJC no era solo dictar doctrina. Era ordenar recursos entre islas, armonizar criterios entre sedes que operaban con realidades distintas, y actuar —con frecuencia— como interlocutor institucional en conflictos donde el Derecho y la política se rozaban peligrosamente.
Un ejercicio de equilibrio permanente que no aparece en los manuales
Pero la jubilación del TSJC no fue el final. Fue un giro. Alcaide asumió entonces la Diputación del Común de Canarias, figura equivalente al Defensor del Pueblo en el ámbito autonómico entre 2001 y 2011, diez años.
La transición fue de la toga a la defensa directa de los ciudadanos frente a la Administración. El salto no era menor: pasó de interpretar la ley desde el estrado a fiscalizar su aplicación desde la proximidad con los problemas reales de la gente.
Su oficina tramitó reclamaciones vinculadas a servicios públicos, derechos sociales y disfunciones administrativas durante uno de los periodos más exigentes de la historia reciente: los primeros embates de la crisis económica de finales de la primera década del siglo, cuando el Estado empezó a crujir justo donde más se le necesitaba.
El estilo fue, nuevamente, el mismo de siempre: informes sólidos. Recomendaciones medidas. Una insistencia casi obstinada en que las instituciones respondieran con eficacia y con respeto a los derechos.
Sin declaraciones rimbombantes. Sin apariciones innecesarias
La noticia de su muerte ha generado numerosas muestras de reconocimiento hacia quien fue durante varias décadas una de las referencias indiscutibles de la justicia autonómica canaria.
La muerte de Manuel Alcaide Alonso es, en el fondo, algo más que la clausura de una biografía personal: es una invitación a revisar una forma de ejercer la función pública jurídica que hoy parece casi exótica.
Sin ruido, sin aspavientos, pero con una convicción firme en el Derecho como herramienta de equilibrio social.
En un tiempo donde la visibilidad se ha convertido en un valor en sí mismo —donde el cargo se ejerce también como plataforma—, su trayectoria recuerda que la influencia real, la que perdura, suele construirse en registros mucho más silenciosos.
Y que esos registros también merecen ser contados.
