El partido Iustitia Europa ha interpuesto un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para paralizar la llegada del crucero MV Hondius a Canarias, tras detectarse varios casos de hantavirus a bordo, que ha dejado ya tres fallecimientos y diversas evacuaciones médicas de emergencia.
Así lo ha comunicado este jueves el partido, en el explica que ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas inaudita parte para paralizar de manera inmediata «la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación» de pasajeros, tripulación, equipajes y residuos procedentes del buque, cuya llegada está prevista en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.
Según sostiene Iustitia Europa, la actuación de las autoridades sanitarias carece, hasta el momento, de la necesaria motivación administrativa y se estaría articulando «sobre la base de meras comunicaciones públicas o notas de prensa», sin que se haya hecho público el expediente técnico que avala la operación.
Una posible vulneración de la Ley General de la Salud Pública
En el escrito remitido a la Audiencia Nacional, la entidad pone el foco en la «extrema gravedad» del contexto epidemiológico generado a bordo del crucero, donde, además de los fallecidos, se habrían registrado pacientes en estado crítico.
La asociación advierte, además, de que el periodo de incubación del hantavirus puede alcanzar los 45 días, circunstancia que, a su juicio, impide considerar la ausencia de síntomas inmediatos como garantía suficiente para autorizar un desembarco masivo sin control judicial previo.
El recurso denuncia igualmente una posible vulneración del principio de precaución recogido en la Ley General de Salud Pública, así como una “manifiesta falta de transparencia” en la toma de decisiones por parte de la Administración sanitaria.
El presidente de Iustitia Europa y letrado de la organización, Luis María Pardo, ha defendido la necesidad de evitar «los errores» cometidos durante la gestión de la pandemia de Covid-19 y ha reclamado que cualquier actuación vinculada al crucero esté respaldada por protocolos claros, informes técnicos y mecanismos efectivos de fiscalización judicial.
Canarias no puede ser tratada como un laboratorio de improvisación sanitaria
“Canarias no puede ser tratada como un laboratorio de improvisación sanitaria”, sostiene Pardo, quien subraya que la población tiene derecho a conocer «qué se va a hacer, con qué protocolos, con qué informes técnicos y bajo qué responsabilidad».
La organización insiste en que su actuación no persigue impedir la asistencia humanitaria a los pasajeros y tripulantes del buque, sino garantizar que cualquier intervención se realice “con expediente, transparencia y garantías verificables para la salud pública”.
En este sentido, reclama que el Ministerio de Sanidad remita en un plazo máximo de 24 horas el expediente administrativo completo que fundamenta la decisión de permitir la llegada del crucero.
De forma subsidiaria, y para el caso de que la Audiencia Nacional no acuerde la suspensión total de la operación, Iustitia Europa solicita que se impongan condiciones «estrictas e ineludibles» a la Administración para el desarrollo del operativo sanitario y logístico.
La entidad concluye que la cooperación internacional y la asistencia humanitaria «son plenamente compatibles» con la prudencia sanitaria, la motivación reforzada de los actos administrativos y el control jurisdiccional efectivo, advirtiendo de que «la asistencia humanitaria no puede convertirse en un cheque en blanco para actuar sin expediente, sin transparencia y sin garantías verificables para la salud de la ciudadanía».
