La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó indicios de manipulación de mercado y remitió la información a la Fiscalía Anticorrupción. El Ministerio Fiscal presentó entonces una denuncia ante la Audiencia Nacional por un posible delito contra el mercado y los consumidores contra Daniel Yu y Cyrus de Weck, así como contra sus respectivas sociedades, Gotham City Research y General Industrial Partners (GIP).
Dan Yu es el fundador y la cara más conocida de Gotham City Research, firma que históricamente ha firmado o impulsado varios informes de ventas en corto (short selling).
Cyrus de Weck está vinculado operativamente a GIP, el fondo que mantenía posiciones cortas sobre Grifols antes de la publicación del informe y que estaba en condiciones de beneficiarse directamente de la caída de su cotización.
La acusación de Anticorrupción sostiene que ambos lanzaron al mercado financiero información sesgada y engañosa sobre la credibilidad de Grifols —multinacional española del sector farmacéutico y biotecnológico especializada en medicamentos derivados del plasma sanguíneo, cotizada en el IBEX 35— con el objetivo de inducir a sus inversores a vender sus acciones y provocar así una caída del precio que reportaría beneficios a las dos mercantiles denunciadas.
El detonante fue la publicación, el 9 de enero de 2024, de un demoledor informe de Gotham City Research que cuestionaba la fortaleza financiera real de Grifols.
El documento se difundió 75 minutos antes de la apertura de la Bolsa de Madrid, margen que la CNMV considera insuficiente para que los inversores pudieran procesar su contenido.
El caso cayó en el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional (hoy rebautizado como plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia), del que es titular José Luis Calama.
Es a este magistrado a quien corresponde determinar si los hechos constituyen efectivamente un ilícito penal o si, por el contrario, nos hallamos ante un ejercicio legítimo de análisis financiero crítico.
La controversia ha trascendido nuestras fronteras. FT Alphaville, la influyente sección de análisis del Financial Times, ha examinado el caso en profundidad y formula una pregunta que incomoda: ¿estamos ante un supuesto de abuso de mercado o ante un abuso de proceso destinado a silenciar el escrutinio de empresas españolas?
El informe y la reacción del mercado
Gotham City publicó un análisis en el que sostenía que Grifols incluía en métricas clave —como el Ebitda— los beneficios de una sociedad que no era de su propiedad, distorsionando así la imagen real de su fortaleza financiera.
El informe se difundió una hora y 45 minutos antes de que abriera la Bolsa de Madrid. Según el documento de acusación revisado por el Financial Times, ese margen dejaba a los inversores «casi sin posibilidad de procesar su contenido».
La acusación, sin embargo, choca con un precedente incómodo. Apenas dos meses después, el 8 de marzo de 2024, la propia Grifols publicó sus resultados anuales auditados —una información igualmente densa y de alto impacto— solo 20 minutos antes de la apertura del mercado.
La cotización llegó a dispararse un 26% en la sesión. La CNMV no puso objeción alguna.
La asimetría no ha pasado desapercibida para los expertos. Manuel López, socio del despacho especializado en regulación Altium, explicó al Financial Times que no existe «ninguna norma ni directriz» que establezca si la información debe publicarse antes o después del horario de negociación, y que «casi todos los participantes prefieren la mañana».
Su valoración es contundente: «Si la CNMV es coherente, esto implica un cambio en la práctica de mercado relevante.»
El argumento central de la acusación
El Financial Times subraya un dato que socava el núcleo de la acusación: la CNMV no ha logrado identificar ninguna declaración falsa deliberada en el informe de Gotham.
El único error acreditado es haber descrito como «no divulgado» un préstamo de 95 millones de dólares concedido a la sociedad vinculada Scranton, cuando la información sí figuraba en la documentación corporativa, aunque de forma que el propio informe calificó de laberíntica.
Gotham lo documentó con precisión: «La nota 11 remite a la nota 31 para más detalles, y la nota 31 remite a la nota 11 —una referencia circular—; ninguna de las dos ofrece detalles sobre el préstamo a Scranton.»
Al día siguiente de la publicación, Gotham rectificó el punto concreto: el préstamo no aparecía en los informes de gobierno corporativo y su tratamiento en las cuentas anuales era, cuando menos, «extraño».
Una corrección rápida sobre un dato que, en palabras del FT, «no era material» en términos cuantitativos, aunque las prácticas de oscurecimiento de información financiera sí puedan serlo cualitativamente.
Ante la ausencia de falsedades sustanciales, el rotativo londinense describe la estrategia acusatoria como un «doble paso regulatorio» de manual: primero, atribuir a Gotham la condición formal de «experto» en análisis de inversiones; después, atacar a la firma por no haber observado las obligaciones de divulgación que acompañan a esa etiqueta.
La CNMV defiende que admitir la propia caracterización de Gotham —que se presentaba expresamente como ajena a esas exigencias— abriría una brecha irreparable: haría «extremadamente fácil para cualquier operador de mercado eludir el cumplimiento de las obligaciones y precauciones establecidas en el Reglamento de Abuso de Mercado».
Voces críticas en el sector
Carson Block, fundador de Muddy Waters —uno de los fondos activistas de short selling más influyentes del mundo—, no duda en calificar la persecución de «obviamente política» en declaraciones al Financial Times.
Su diagnóstico apunta directamente al origen del problema: «una regulación de abuso de mercado redactada de forma lamentable» que proporciona a los reguladores la cobertura necesaria para «inventar estándares de conducta».
Y va más lejos: «Las autoridades están imponiendo a Dan y Cyrus obligaciones muy superiores a las que exigen a Grifols. España parece hacer esto porque no puede señalar declaraciones falsas deliberadas en el informe de Gotham.»
La ironía del caso reside en que el propio aparato regulador da munición a esa tesis. El Departamento de Información Financiera y Corporativa de la CNMV concluyó en un informe interno que la presentación de las métricas de beneficio y endeudamiento de Grifols contenía una «omisión material» y «datos inexactos» que «afectaron materialmente a la imagen fiel» de su situación financiera.
Las sanciones por esas irregularidades fueron, sin embargo, estrictamente civiles: multas de 1,4 millones de euros que la propia empresa ha recurrido. Ningún fiscal. Ninguna Audiencia Nacional.
La CNMV rechazó ante el Financial Times cualquier lectura política del asunto.
El regulador aseguró haber actuado «conforme al curso de acción establecido por el Reglamento europeo de Abuso de Mercado, las normas internacionales de contabilidad y las obligaciones de transparencia», y calificó de «completamente falsa» la sugerencia de que sus decisiones respondieran a motivo alguno distinto de la norma.
El frente judicial en Estados Unidos
El frente judicial no se limita a España. En paralelo, Grifols mantiene una demanda por difamación contra Gotham ante los tribunales estadounidenses, con resultado hasta ahora adverso para la farmacéutica.
Un juez desestimó la mayor parte de sus pretensiones: afirmaciones como que las acciones de Grifols «valían cero» no constituyen difamación accionable, sino simple «hipérbole retórica».
El tribunal acogió en lo sustancial los argumentos de Gotham para el sobreseimiento.
Solo sobrevivió a la criba el único error factual acreditado: la descripción del préstamo a Scranton como «no divulgado».
Ese hilo, fino pero resistente, mantiene viva la demanda y la lleva hacia el juicio. Para prosperar, Grifols deberá probar algo notoriamente difícil en el derecho estadounidense: que Gotham actuó con «malicia» o con «temerario desprecio por la verdad».
Las consecuencias para el mercado
El Financial Times cierra su análisis con una observación que actúa como advertencia para todo el sector: más de 3.000 millones de euros de capitalización bursátil de Grifols se evaporaron tras el informe de Gotham, y la cotización nunca ha recuperado los niveles anteriores.
La causa penal sigue su curso. El magistrado instructor, José Luis Calama, interrogó recientemente a los dos acusados el mes pasado y tiene que tomar una decisión. ¿Archivo?
Si no lo hace, el único precedente que este caso fijaría, concluye el rotativo británico, sería «la disposición de los reguladores españoles a abusar del proceso para intimidar el escrutinio de los intereses locales».
