La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha remitido un nuevo informe al magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor del denominado caso Plus Ultra, en el que atribuye al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero la percepción de 200.000 euros entre 2024 y 2025 como supuesta contraprestación por realizar gestiones ante las autoridades de Bolivia en favor de la empresa peruana Grupo Gloria.
Según el informe policial, dichos pagos habrían sido canalizados mediante un contrato de asesoramiento suscrito con la sociedad Focus Social Research, que los investigadores consideran un contrato simulado destinado a justificar económicamente las actuaciones desarrolladas por el exjefe del Ejecutivo.
Zapatero, el «conseguidor»
La UDEF sostiene que Zapatero habría realizado diversas gestiones para facilitar contactos y reuniones entre directivos de Grupo Gloria y altos responsables políticos bolivianos. Entre ellos, cita al entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, así como a los ministros de Economía y Justicia y al Procurador General del Estado.
Parte de estos encuentros se habrían materializado durante un viaje realizado por Zapatero a La Paz en septiembre de 2024.
De acuerdo con los investigadores, el objetivo de estas actuaciones era influir o mediar en favor de Grupo Gloria en varios litigios de carácter millonario que la compañía mantenía con la Administración boliviana.
«Hay que intentar hablar con el presidente de Bolivia»
El informe incorpora además diversas conversaciones intervenidas entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, también investigada en la causa.
En una de ellas, fechada el 4 de mayo de 2025, el expresidente trasladó la necesidad de contactar con el presidente boliviano. Posteriormente, Alcázar le informó de las gestiones realizadas para facilitar dicha comunicación.
La Policía considera que estos elementos refuerzan los indicios ya existentes en la investigación y apunta a la posible existencia de una estructura organizada dedicada, presuntamente, al ejercicio de influencias en favor de terceros aprovechando la posición institucional y las relaciones internacionales de Zapatero.
Asimismo, los agentes destacan el papel desempeñado por Gertrudis Alcázar, cuya intervención aparece reflejada en las comunicaciones analizadas.
Según la UDEF, la secretaria habría participado en la coordinación de agendas, el intercambio de documentación y la organización de contactos relacionados con las actividades objeto de investigación.
El contrato incorporado a la causa establece una remuneración anual de 200.000 euros para Zapatero, distribuida en varios pagos, además de una dieta de 10.000 euros diarios para actividades o desplazamientos en el extranjero. El documento también contempla el abono de gastos de viaje y una cláusula de estricta confidencialidad.
Estas actuaciones se enmarcan en la investigación que dirige el Juzgado Central de Instrucción competente de la Audiencia Nacional sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra. En esta causa figuran como investigados tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Gertrudis Alcázar.
Por el momento, el procedimiento continúa en fase de instrucción y las conclusiones recogidas en el informe policial deberán ser valoradas por el magistrado instructor dentro del conjunto de diligencias practicadas.
