«Quien dice organización, dice oligarquía» — Robert Michels, Los partidos políticos, 1911.
Hay un gesto que se repite cada cuatro años en decenas de millones de manos y que casi nadie examina. El votante entra en la cabina, toma una papeleta y se encuentra ante una lista impresa que no puede tocar. No puede ordenar los nombres, no puede tachar uno, no puede ascender al cuarto por encima del primero ni hundir al segundo al final de la cola.
Solo puede hacer una cosa: cogerla entera o dejarla entera. Meterla en el sobre tal como se la entregaron, sin alterar una coma.
El acto fundacional de nuestra democracia —elegir a quien nos gobierna— se reduce, en la práctica, a ratificar una decisión que tomaron otros antes de que llegáramos a la urna.
Pregúntese el lector, sin trampa, una cosa: ¿podría nombrar a un solo diputado de su circunscripción que no sea el cabeza de lista?
¿Sabe siquiera quiénes ocupan los puestos tercero, cuarto o quinto, esos que entran sin que nadie recuerde su cara?
La inmensa mayoría no podría.
Y no por desidia, sino por diseño. No conocemos a nuestros representantes porque el sistema no está construido para que los conozcamos: está construido para que votemos siglas.
Elegimos equipos, como quien apoya a un club, y luego contemplamos el partido desde la grada, sin posibilidad de saltar al campo ni de cambiar a un jugador. La camiseta importa; el nombre que lleva detrás, no.
El diseño, no los hombres
Conviene desactivar de entrada el reflejo fácil. Lo que aquí se examina no es la calidad moral de nuestra clase política, ese deporte nacional que confunde el diagnóstico con el desahogo.
Hay diputados honestos y diputados que no lo son, como en cualquier oficio; pero el problema de fondo no se resuelve cambiando a las personas, porque no está principalmente en las personas.
Está en la arquitectura. Está en el conjunto de incentivos que premia ciertas conductas y castiga otras, y que tiende a producir, legislatura tras legislatura, el tipo de representante que el sistema necesita para perpetuarse.
Hace más de un siglo, un sociólogo alemán afincado en Italia, Robert Michels, estudió por dentro el primer gran partido de masas de la historia, la socialdemocracia alemana, y formuló una tesis incómoda que el tiempo no ha desmentido del todo: la ley de hierro de la oligarquía.
Toda organización, por democrática que sea su vocación y por limpias que sean las intenciones de sus fundadores, tiende a concentrar el poder en una minoría dirigente que se emancipa de sus bases.
«Quien dice organización, dice oligarquía», resumió. No porque sus líderes sean perversos, sino porque la organización misma —el control de la información, de los recursos, de las carreras— entrega el mando a quienes ocupan la cúspide.
Conviene tomar a Michels por lo que es: no una ley física que se cumple con fatalidad matemática, sino una tendencia poderosa, una fuerza de gravedad que empuja siempre en la misma dirección y que solo se contrarresta con contrapesos deliberados.
Donde esos contrapesos faltan, la gravedad gana. Y los partidos, que son las instituciones centrales de la democracia, rara vez son por dentro organizaciones democráticas. Lo dicen sus estatutos; lo confirma su práctica.
La pregunta pertinente, entonces, no es si la tendencia oligárquica existe —existe en todas partes—, sino qué contrapesos la frenan en cada sistema y cuáles ha desmontado el nuestro.
Porque no todas las democracias entregan el mismo poder a sus aparatos. La nuestra ha elegido entregarles casi todo, y lo ha hecho a través de dos piezas concretas de ingeniería institucional.
Dos cerrojos sobre la misma puerta
El primero es la lista cerrada y bloqueada. El ciudadano no elige personas: ratifica un orden decidido en la sede del partido. Quien confecciona la lista —y, sobre todo, quien decide el orden dentro de ella— tiene en su mano la carrera de cada candidato.
El diputado sabe perfectamente a quién debe el escaño, y no es al elector que lo votó sin conocerlo: es a quien lo colocó en el puesto de salida.
De ahí que mire hacia arriba y no hacia abajo. No por bajeza personal, sino por pura lógica de supervivencia: su futuro depende de la cúpula, no de la calle.
El segundo cerrojo es el dinero. Nuestros partidos se financian, de manera abrumadora, con fondos públicos. A la subvención ordinaria con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, repartida en función de los escaños y votos obtenidos, hay que sumar las subvenciones electorales que regula la ley del régimen electoral —21.167,64 euros por cada escaño y 0,81 euros por cada voto al Congreso—, las subvenciones a los grupos parlamentarios, las que reciben las formaciones en los 17 parlamentos autonómicos y las que perciben las fundaciones vinculadas a cada partido.
El resultado es un ecosistema en el que las grandes maquinarias políticas se nutren, en lo esencial, de las arcas del Estado.
Detengámonos en lo que eso significa. Un partido que se financia con las cuotas de sus militantes y las donaciones de sus simpatizantes depende de esos militantes y simpatizantes: tiene que escucharlos, cuidarlos, rendirles cuentas, porque de ellos vive.
Un partido que se financia con dinero público en función de su representación parlamentaria no depende de nadie de abajo.
Depende del resultado electoral, cierto; pero el resultado electoral lo gestiona la misma cúpula que confecciona las listas. Se cierra así un círculo de notable coherencia: quien controla las candidaturas controla los escaños, quien controla los escaños controla el dinero, y quien controla el dinero controla el partido.
Las bases dejan de ser la fuente de los recursos y de la legitimidad para convertirse en lo que Michels anticipó: una masa a la que dirigir, y no ante la que responder.
Listas y dinero. Dos cerrojos sobre la misma puerta: la que separa al poder político de cualquier control que venga de abajo. Importa subrayar que ninguno de los dos es, en sí mismo, una anomalía perversa; son piezas razonables que, combinadas y llevadas a su grado máximo de cierre, producen un efecto que ninguno de sus defensores buscó.
La corrupción: menos avería que sonido del motor
De este doble cerrojo se sigue una consecuencia que solemos tratar como escándalo aislado y que conviene leer, más bien, como síntoma: la corrupción.
No hablo de la corrupción como falla moral de individuos sin escrúpulos —que también existe, en todas partes y en todos los tiempos—, sino de la corrupción como riesgo elevado y previsible de una determinada arquitectura del poder.
La precisión importa, porque aquí es fácil pasarse de frenada: el diseño no fabrica corruptos por necesidad mecánica, como una cadena de montaje. Lo que hace es algo más sutil y más grave: rebajar las defensas, debilitar los anticuerpos, crear el entorno en el que la corrupción, cuando aparece, encuentra menos resistencia.
Hay una primera capa que rara vez llega a los tribunales, porque no siempre es delito, y es la más característica de la partitocracia: la captura.
Un aparato que lo controla todo tiende a colocar a los suyos en todas partes. Coloniza con criterio de lealtad, y no de mérito, lo que debería ser independiente: órganos de garantía, organismos reguladores, instancias de fiscalización, medios públicos.
Reparte cargos, instala el clientelismo en el corazón de las instituciones y normaliza la puerta giratoria entre el partido y todo lo demás. No hacen falta sobres ni maletines; hay algo más corrosivo, porque suele ser legal: la conversión paulatina del Estado en patrimonio de los aparatos.
Y hay una segunda capa, la penal, la de los sobres y los maletines, cuyo vínculo con el modelo es más estrecho de lo que se reconoce.
Donde el cargo se debe al aparato y no al elector, el control horizontal —el del ciudadano que vigila a su representante porque puede premiarlo o castigarlo personalmente en las urnas— sencillamente no opera. El único control que queda es el interno.
Y ningún aparato se fiscaliza a sí mismo con entusiasmo. Súmese a esa debilidad de la vigilancia el hecho de que las maquinarias modernas son caras e insaciables, y que el dinero fluye por la cúpula sin que nadie de abajo pida cuentas, y se tendrá un caldo de cultivo propicio.
No es casual que buena parte de la historia de la gran corrupción española sea, en el fondo, historia de la financiación de los partidos.
Conviene, eso sí, no convertir el diagnóstico en coartada determinista. El diseño es condición que predispone, no causa única que obliga. Cuando otros contrapesos funcionan —una judicatura independiente, una fiscalía que no recibe órdenes, una prensa libre, una cultura de transparencia, una sociedad civil exigente—, el mismo diseño produce mucha menos corrupción.
Lo prueban a contrario las democracias escandinavas, que combinan partidos fuertes y financiación pública generosa con niveles de probidad envidiables: la diferencia no está en la ausencia de aparatos, sino en la densidad de los controles que los rodean.
La lección no es que nuestro diseño condene a la corrupción de modo inevitable, sino que la abarata: retira anticuerpos donde más falta hacen.
La corrupción, en este modelo, no es tanto la avería que estropea la máquina como un sonido que la máquina emite con facilidad cuando funciona sin los silenciadores que otros sí han montado.
Una tarde cada cuatro años
Llegamos así a la consecuencia más honda, la que afecta no ya a las instituciones, sino al espíritu mismo de la democracia.
Si el representante mira hacia arriba y nunca hacia abajo, si el partido se financia solo y apenas rinde cuentas, si el ciudadano no puede elegir personas sino ratificar siglas, se produce una fractura silenciosa pero devastadora: la sociedad se disocia de la política.
Deja de sentirla como propia. La contempla como algo que les ocurre a otros, en otro lugar, un espectáculo ajeno que se sigue con interés o con hastío pero que no se vive como cosa de uno.
Porque el ciudadano intuye, aunque no lo formule, que su única palanca real de soberanía es depositar una papeleta cada cuatro años. El resto del tiempo, sobra.
Esto es lo que cabe llamar, sin dramatismo pero sin eufemismo, la corrupción del espíritu democrático. No la del dinero, sino la del vínculo.
Una democracia sin cultura de relación continuada entre el representante y el representado puede cumplir escrupulosamente la forma —se vota, se cuentan los votos, se reparten los escaños— y haber perdido buena parte de la sustancia, que es el sentimiento del ciudadano de que la cosa pública es, también, su cosa.
Y aquí conviene abrir una ventana, porque alguien podría pensar que esta lejanía es el precio inevitable de toda democracia representativa moderna, una fatalidad de las sociedades grandes y complejas. No lo es. Basta mirar al otro lado del Atlántico.
En Estados Unidos —un sistema que conoce de sobra sus propios males, y a ellos vuelvo enseguida— la relación del representante con su electorado es incomparablemente más intensa y continuada.
El miembro de la Cámara de Representantes se elige en un distrito uninominal: el votante no escoge una lista, escoge un nombre, sabe quién es su representante y dónde encontrarlo.
Y la Cámara se renueva íntegramente cada dos años, de modo que el representante vive en campaña permanente, obligado a volver a su distrito, a celebrar asambleas abiertas, a atender demandas concretas, a no desaparecer jamás, porque el que desaparece, pierde.
El candidato, además, no lo unge la cúpula nacional: lo eligen en primarias los votantes de su partido en el distrito. Debe el cargo a su gente, y mira por tanto hacia abajo, hacia donde el español mira hacia arriba.
No vendo el modelo americano como remedio; sería faltar a la verdad, y faltaría además al rigor de la comparación. Ese mismo sistema convive con el dinero privado desbocado, con distritos dibujados hasta lo grotesco para blindar al titular, con una ventaja del incumbente que hace de muchos escaños feudos vitalicios, con una polarización que asfixia y con un peso de los grupos de presión que escandaliza.
Tiene, en suma, sus propios cerrojos —distintos de los nuestros, pero cerrojos al fin— y su propia factura, que es alta.
El argumento, por tanto, no es que allí el representante esté limpiamente sometido al ciudadano y aquí no. Es más modesto y más sólido: que el vínculo intenso y continuado entre representante y elector es materialmente posible, que existe donde el diseño lo cultiva, y que su práctica ausencia entre nosotros no es ley de la naturaleza, sino consecuencia de decisiones concretas que podríamos revisar.
Mismo veneno profesional, distinta arquitectura, distinto vínculo.
Vivir de la política
Queda un último eslabón, y es el que cierra el análisis sobre las personas. Porque un sistema así no solo aleja a los representantes de los representados: tiende a seleccionar un tipo concreto de representante.
En 1919, en una Alemania que se deshacía, Max Weber pronunció una conferencia que sigue siendo texto de referencia sobre el oficio político, «La política como vocación».
Distinguió en ella dos maneras de hacer de la política una profesión: «o se vive ‘para’ la política o se vive ‘de’ la política».
Quien vive para ella la concibe como vocación de servicio, como entrega a una causa que lo trasciende. Quien vive de ella la concibe como medio de subsistencia, como fuente duradera de ingresos.
Weber advertía que la distinción no era moral sino económica —se puede vivir honradamente de la política, y hay quien la deshonra viviendo para ella—, pero intuía su efecto sobre la institución: cuando los mecanismos de acceso al poder premian sistemáticamente al que vive «de», la composición del cuerpo político cambia despacio y en una sola dirección.
Algo de eso ha ocurrido entre nosotros, aunque la causa no sea única ni quepa cargarla entera sobre listas y dinero.
En 1978, cuando se levantó este edificio constitucional, los políticos profesionales en sentido estricto —los que solo habían sido eso— eran minoría.
La primera generación de la democracia venía de la vida: de la abogacía, de la cátedra, de la empresa, del sindicalismo real, del exilio, de oficios ejercidos de verdad antes de llegar a la política y a los que se podía regresar después.
Cuatro décadas más tarde, el peso se ha desplazado.
Gana terreno el político de carrera íntegra: personas que apenas han conocido otra ocupación, que entraron en las juventudes del partido y de ahí pasaron al cargo sin escala intermedia, que se han formado para gobernar como otros se forman para una profesión liberal.
La transformación tiene, sin duda, otras raíces —la complejidad creciente de la gestión pública, el cambio sociológico de las élites, la propia profesionalización de la vida moderna—; pero nuestros dos cerrojos no son ajenos a ella. Antes bien, la incentivan.
Porque las listas cerradas y el dinero público premian, con notable eficiencia, a quien depende del aparato para subsistir: al que no tiene fuera una profesión a la que volver, al que lo ha apostado todo a la carrera interna, al que obedecerá porque no puede permitirse el lujo de no obedecer.
El sistema no produce malos políticos; produce, con eficiencia, el político que mejor encaja en sus incentivos: leal hacia arriba, atento hacia abajo solo en la medida en que conviene, profesional de la disciplina.
Y eso, escribámoslo sin rodeos, erosiona el espíritu democrático en su raíz, porque desliza la representación del pueblo hacia algo que se parece demasiado a una carrera dentro de una estructura privada.
El mejor argumento contrario
Sería deshonesto no exponer la causa contraria en su versión más fuerte, porque la tiene, y es seria.
Las listas cerradas no se inventaron por capricho: aportan estabilidad, coherencia programática y disciplina, evitan el clientelismo personalista y la compra de voluntades individuales que corroe a muchos sistemas de lista abierta, y blindan al votante frente al espectáculo del transfuguismo.
La financiación pública, a su vez, nació de una intuición noble: independizar a los partidos del dinero privado y de los poderes económicos, garantizar que no solo los ricos puedan hacer política, igualar las armas entre formaciones grandes y pequeñas.
Y la profesionalización tiene una cara virtuosa innegable: gobernar es complejo, técnico, exigente, y el aficionado improvisa donde el profesional sabe. Quien defienda el modelo actual puede alinear todos estos argumentos, y ninguno es despreciable.
Pero todos comparten un punto ciego. Ninguno de esos bienes —la estabilidad, la igualdad de armas, la competencia técnica— exige este grado de cierre.
Caben las listas desbloqueadas, que mantienen la marca pero permiten al votante alterar el orden y rescatar nombres.
Cabe el voto preferente, que conserva la candidatura pero devuelve al ciudadano la elección de personas.
Caben las primarias reales, no las plebiscitarias de aclamación al líder.
Cabe una financiación mixta, con un suelo obligatorio de aportación ciudadana que ate de nuevo al partido a sus bases.
El problema español no es que existan partidos fuertes ni que haya dinero público en política —ambas cosas son legítimas y, bien calibradas, deseables—; es que nuestro diseño concreto maximiza la dependencia vertical, la del representante respecto del aparato, y atrofia la horizontal, la del representante respecto del ciudadano.
Se puede conservar lo bueno sin pagar este precio. Simplemente, hemos elegido no hacerlo.
Las democracias no se miden el día de las elecciones. Se miden en los mil días que median entre dos elecciones, en lo que ocurre cuando las urnas se han guardado y los focos se han apagado. Y en esos mil días, entre nosotros, el ciudadano apenas cuenta.
Es soberano una tarde cada cuatro años y espectador el resto del tiempo, mientras el partido se juega el partido sin él, con un balón que él pagó pero que no le dejan tocar.
Por eso la papeleta cerrada que no podemos alterar en la cabina no es un detalle técnico del sistema electoral, una minucia para constitucionalistas.
Es su autorretrato. Nos entregan una lista hecha por otros y nos piden que la metamos en el sobre sin cambiar nada. Es, exactamente, lo que el sistema espera de nosotros el resto de la legislatura.
