El PNV vive en el pasado. El pasado 24 de mayo, en Durango, la presidenta del PNV de Guipúzcoa, Euge Arrizabalaga, declaró que este año se cumplen 150 años desde que «España nos quitó los fueros», según recoge El Diario Vasco.
Situó en ese momento el resurgimiento de la cuestión vasca: el instante, dijo, en que se privó de libertad y de aliento a Euskal Herria.
Efectivamente, la Ley de 21 de julio de 1876 terminó con un multisecular periodo de autogobierno de los tres territorios vascos, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, que desde los siglos XIII y XIV se habían incorporado voluntariamente a la Corona de Castilla con ese autogobierno, separándose del Reino de Navarra, fundamentalmente para pagar menos impuestos.
Navarra, por su parte, siguió siendo un reino separado, que compartía con el resto de España el tener un rey común, hasta que se integró por la Ley Paccionada de 1841, eso sí, con régimen de autogobierno propio.
Pues bien, tras diversos avatares históricos, los territorios vascos y Navarra recuperaron, con sus estatutos de autonomía y régimen de transferencia de competencias, en base a la Constitución de 1978, todo su régimen de autogobierno y, además, con un régimen de competencias que ha dejado al Estado reducido en la Comunidad Autónoma Vasca a algo casi residual.
Así pues, el motivo que aduce Arrizabalaga como fundamento del PNV está superado totalmente. Es estar anclados en el pasado.
Lo que sucede es que el nacionalismo pretende algo más, un horizonte de carácter estrictamente político; en palabras de Arrizabalaga, «la vertebración y desarrollo de la nación vasca separada de España y Francia».
El PNV y la corrupción
El caso de la empresa Tubos Reunidos, rescatada por la SEPI por 122 millones de euros, supuestamente con intervención del clan de Santos Cerdán y el presidente del PNV, Antonio Ortuzar, pone sobre la mesa la indiciaria conexión del PNV con la corrupción del PSOE y su hipocresía.
Ortuzar apoyó en 2018 la moción de censura contra Rajoy, acusando de corrupción al PP.
La hipocresía fue máxima, pues se estaba pendiente de la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava, que se dictó al mes siguiente, por el mayor caso de corrupción del País Vasco, el caso De Miguel, que era el diputado foral de Álava, acusado junto con otros destacados dirigentes del PNV de organizar una extensa red de cobro de comisiones ilegales y adjudicaciones irregulares de contratos públicos.
En total, 24 encausados.
El PNV se lavó las manos y volcó la culpabilidad de todo en el citado De Miguel, que desempeñaba, sin embargo, un cargo de absoluta confianza del Euskadi Buru Batzar, pues era el jefe del partido en Álava.
En su escrito de acusación, el fiscal dijo que los «imputados estaban perfectamente amparados por el establishment del PNV».
Tras la condena de la Audiencia, finalmente el Tribunal Supremo la dejó en la pena de 9 años de prisión por cobro de comisiones ilegales y manipulación de contratos públicos.
Así pues, el PNV no es ajeno a supuestos casos de corrupción; lo de Tubos Reunidos no es un hecho aislado y, por encima de todo, lo que le interesa son los negocios, conseguir el máximo posible de transferencia de competencias y, sobre todo, seguir gobernando en Euskadi, algo que ve peligrar por el auge de Bildu.
Por eso le interesan los acuerdos con el PSOE, al margen de lo que se descubra de corrupción. Sus reticencias son mero postureo, cara a la galería, como demuestra el caso De Miguel.
