La Fiscalía Anticorrupción ha dado un salto cualitativo en el llamado ‘caso Leire Díez’ al pedir al magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investigue a la cúpula operativa de la Guardia Civil: la directora general, Mercedes González, y el director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas.
Según el Ministerio Público, ambos habrían utilizado el poder disciplinario interno no para depurar responsabilidades, sino para desalentar a la Unidad Central Operativa (UCO) y disuadirla de seguir impulsando investigaciones sensibles para el Gobierno y para el PSOE.
En un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Anticorrupción reclama su imputación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia, en línea con lo que ya venía pidiendo el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el procedimiento.
La Fiscalía, sin embargo, traza una línea roja: no pide imputar al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, a diferencia de lo solicitado por el PP, acotando así el foco penal a la actual cúpula y al periodo en que se habrían producido los hechos más graves.
La directora general de la Guardia Civil, imputada ya formalmente este jueves junto a Llamas, ha reconocido en sede judicial dos encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, a quien el magistrado sitúa como pieza clave en una presunta operativa destinada a desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
No se trataría, según el relato acusatorio, de reuniones inocuas: Anticorrupción sostiene que Díez habría instrumentalizado su relación personal con González para avanzar los fines de una organización criminal orientada a neutralizar o entorpecer las investigaciones de la UCO sobre procedimientos que pudieran salpicar al partido o a familiares del presidente del Gobierno.
Ese vínculo personal es uno de los ejes del escrito. La UCO deja por escrito, en un informe incorporado a la causa, la “relación personal” que Leire Díez mantendría con la actual directora de la Guardia Civil y la “utilización” que esta hizo de ese canal para intentar condicionar la acción investigadora.
Según los agentes, el objetivo último era claro: frenar o desviar las pesquisas más delicadas, aquellas que se aproximaban al círculo del poder político y familiar de Moncloa.
El papel del DAO delimitado con nitidez
El papel de Manuel Llamas también aparece delimitado con nitidez en los informes policiales. Varios generales habrían relatado a la UCO que recibieron de él instrucciones para “ponerse de perfil” en una investigación judicial que afectaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en relación con un presunto caso de irregularidades en su contratación en la Diputación de Badajoz recientemente juzgado.
El mensaje que describen esas declaraciones es inequívoco: determinadas líneas de investigación eran terreno minado y convenía no avanzar demasiado.
Sobre este entramado, las fiscales dibujan un cuadro más amplio: sitúan como cabecilla de la presunta trama al ex dirigente socialista Santos Cerdán, con Leire Díez como coordinadora operativa, y les atribuyen actuaciones dirigidas a “inquietar el normal desenvolvimiento” de la UCO en varios procedimientos penales.
No se trataría solo de presiones difusas, sino de una estrategia escalonada de desgaste institucional, desplegada “de los más variados modos”, con un denominador común: desactivar la capacidad de la UCO para investigar allí donde las diligencias podían tener un coste político alto.
Una de las piezas clave de esa estrategia habría sido el uso sistemático de expedientes de información reservada contra los investigadores.
Según la Fiscalía, se alimentó la sospecha sobre actuaciones de la UCO ante la directora general de la Guardia Civil hasta provocar la apertura de varias informaciones reservadas.
Entre los episodios concretos que se citan figura la supuesta filtración a la prensa de mensajes comprometidos entre el exministro José Luis Ábalos y otros dirigentes relevantes del PSOE, mensajes que, según se subraya, ya se sabía con certeza que habían sido publicados por el propio Ábalos.
Para Anticorrupción, encadenar informaciones reservadas contra los miembros de una unidad encargada de investigaciones penales “de especial trascendencia” no es un mero gesto burocrático, sino un mecanismo con “evidente capacidad” para generar un efecto de desaliento y condicionar el ejercicio independiente de las funciones de policía judicial.
No se trata solo del daño concreto que cada expediente pueda causar al funcionario directamente afectado, advierten las fiscales, sino del mensaje institucional que se proyecta hacia toda la unidad: seguir determinadas líneas de investigación puede acarrearles consecuencias disciplinarias.
Utilización desviada del poder disciplinario
Ese patrón reiterado es lo que la Fiscalía califica como una “utilización desviada” del poder disciplinario. No haría falta una amenaza verbal expresa ni que el investigador modifique de hecho su actuación; basta con que la conducta desplegada desde la cúspide jerárquica sea objetivamente apta para encorsetar su libertad de acción o para crear un clima en el que el trabajo diligente se asocie a un “riesgo cierto” de represalias.
Es, en palabras de las fiscales, la versión contemporánea de la intimidación institucional: no grita, pero hace ruido suficiente como para que todos entiendan el mensaje.
La clave, según el escrito, no está en el contenido de cada expediente concreto, sino en el patrón. Las fiscales apuntan a la “reiterada apertura” de informaciones reservadas, dirigidas exclusivamente contra aquellos funcionarios que llevaban investigaciones de especial trascendencia, y siempre coincidiendo en el tiempo con hitos procesales especialmente sensibles y sin una justificación disciplinaria sólida. Esa coincidencia, sostienen, constituye un indicio “especialmente significativo” de que la finalidad real no era depurar responsabilidades administrativas, sino fabricar un efecto intimidatorio que condicionara el curso de las pesquisas.
En esa lógica, el expediente disciplinario deja de ser un fin —una herramienta para valorar una posible infracción interna— y pasa a convertirse en un medio: el instrumento de presión elegido para intentar torcer, de forma indirecta, el rumbo del procedimiento penal.
Y ese instrumento tiene, para la Fiscalía, una “singular capacidad coactiva” precisamente porque emana de quien ostenta una posición de superioridad jerárquica sobre los investigadores, lo que incrementa de manera objetiva la eficacia de la intimidación.
“El poder disciplinario —viene a decir Anticorrupción— puede ser un mecanismo legítimo de organización administrativa, pero cuando se usa de forma reiterada y desviada contra quienes colaboran en una investigación penal, muta en algo distinto: en un arma de presión institucional”.
Con los datos que obran en la causa, las fiscales sostienen que existen indicios razonables de que se habría producido esa “utilización reiterada y desviada” de la potestad disciplinaria como mecanismo de presión sobre los agentes de la UCO.
Y si se acredita que la finalidad fue condicionar, obstaculizar o alterar la libertad con la que debían desarrollar su actuación procesal, ese patrón podría encajar en el tipo penal de la intimidación y, por extensión, en una obstrucción organizada a la justicia.
