La Junta de Presidentes de las Secciones Civiles y Mercantiles de la Audiencia Provincial de Madrid responsabiliza a Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de las consecuencias que tendrá la supresión de los refuerzos judiciales.
En un duro acuerdo institucional, que tiene fecha de hoy exigen que rectifique su decisión y advierten de que, en caso contrario, será responsable de la paralización de actuaciones jurisdiccionales y del menoscabo del derecho de los ciudadanos a una tutela judicial efectiva.
Aunque el texto, aprobado por la mencionada Junta, se dirige formalmente al Ministerio de Justicia, el mensaje político e institucional apunta directamente a su máximo responsable, el ministro Félix Bolaños, de quien depende la aprobación de los recursos presupuestarios necesarios para mantener estos refuerzos.
Las consecuencias que tendrá la supresión de los refuerzos actualmente existentes en la jurisdicción civil y mercantil, una decisión adoptada, según recuerdan, por motivos presupuestarios, tendrá un culpable: el Ministerio.
La advertencia no deja margen para la interpretación. Los jueces concluyen el acuerdo afirmando: «En caso contrario, hacemos responsable al Ministerio de la paralización de actuaciones jurisdiccionales que son necesarias para garantizar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid».
Una carga de trabajo que multiplica por 4,5 el módulo fijado por el CGPJ
El documento comienza describiendo una situación que los magistrados califican de estructural.
Las secciones civiles de la Audiencia Provincial de Madrid soportan una carga de trabajo que «multiplica por 4,5 el módulo de entrada establecido como carga ideal por el Consejo General del Poder Judicial», consecuencia del incremento continuo de la litigiosidad, especialmente en asuntos de consumo, litigios bancarios y procedimientos monitorios.
Para contener ese crecimiento se habían articulado durante los últimos años distintos planes de apoyo y refuerzo impulsados por la Presidencia de la Audiencia Provincial.
Sin embargo, los jueces denuncian que esos mecanismos se han ido reduciendo progresivamente «por decisiones del Ministerio de Justicia que invocaban razones presupuestarias».
El Ministerio elimina los refuerzos con más de 41.000 recursos pendientes
La situación se agrava, según el acuerdo, porque el Ministerio ha comunicado que no prorrogará las comisiones de servicio que reforzaban las secciones especializadas 25 bis y 28 bis, encargadas exclusivamente de litigios sobre condiciones generales de la contratación y protección de consumidores.
Esas dos secciones acumulan actualmente 41.061 recursos pendientes de resolución, cifra que los magistrados consideran incompatible con la desaparición de los apoyos existentes.
Los presidentes de las secciones advierten, además, de que la desaparición de estos refuerzos obligará a redistribuir miles de asuntos entre las restantes secciones civiles y mercantiles.
La consecuencia será inmediata: «La finalización de estos refuerzos (…) va a suponer una ralentización de la actividad y un aumento de los tiempos de respuesta (…) con incrementos de más de cuatro años sobre los tiempos de respuesta actuales».
Además, denuncian que también ha sido rechazada la creación de una unidad especializada para resolver recursos contra autos de inadmisión en procedimientos monitorios, una medida que habría permitido resolver de forma automatizada más de 12.000 recursos anuales.
«Abandono y maltrato institucional»
El tono del acuerdo se endurece aún más en su cuarto apartado.
Los magistrados califican la actuación del Ministerio como: «Exponente de una política ministerial que podemos calificar como de abandono y maltrato institucional».
Añaden que esa política conduce a la jurisdicción civil madrileña «a una situación de colapso», con un incremento «inminente y significativo» tanto de la pendencia como de los tiempos de respuesta.
Ante este escenario, la Junta de Presidentes solicita formalmente al Ministerio que rectifique su decisión, habilite los recursos presupuestarios necesarios y autorice la continuidad de los planes de refuerzo.
Según el acuerdo, dichos apoyos son «indispensables para facilitar a los justiciables la resolución en tiempo razonable» tanto de los procedimientos ya pendientes como de los nuevos asuntos que entren en la Audiencia Provincial.
