Con motivo del Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se conmemora el próximo 12 de julio, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha lanzado una advertencia que resuena con fuerza en los despachos y juzgados de todo el país: ocho comunidades autónomas se encaminan hacia una situación crítica antes de que finalice esta década si no se toman medidas urgentes
Una red en retroceso: la pérdida de efectivos
El diagnóstico del informe prospectivo elaborado por la institución no deja lugar a dudas. La red de profesionales que garantiza que cualquier ciudadano, sin importar su capacidad económica, tenga acceso a una defensa de calidad, muestra signos severos de desgaste.
Desde el año 2020, el sistema ha perdido a más de 6.400 abogados y abogadas, lo que representa un descenso del 14,1% en el censo de profesionales adscritos.
De mantenerse esta tendencia, en 2030 el Turno de Oficio contará con menos de 33.000 efectivos para cubrir todo el territorio nacional.
Estos datos son el reflejo de una dificultad creciente para asegurar el relevo generacional en un servicio que demanda una altísima dedicación, pero que se siente desatendido por las estructuras financieras del Estado.
La «olla a presión»: más demanda, menos profesionales
Mientras el número de abogados disminuye, la necesidad de los ciudadanos de acudir a la justicia gratuita sigue una trayectoria inversa: solo durante el año 2025, las solicitudes de asistencia aumentaron un 1,7%, superando la barrera de los 1,15 millones de expedientes.
Esta asimetría entre oferta y demanda está generando una presión sin precedentes sobre quienes permanecen en el sistema. Las proyecciones estiman que la carga media de trabajo pasará de los 28 asuntos por abogado registrados en 2025 a casi 45 asuntos en 2030, un incremento del 60% que pone en riesgo la sostenibilidad del servicio y la propia salud profesional de los letrados.
En territorios como Ceuta, la carga podría llegar a duplicarse, mientras que en regiones como Baleares, Cataluña o Castilla-La Mancha, el crecimiento será igualmente asfixiante.
La brecha territorial y el factor humano
El informe también pone el foco en una preocupante concentración geográfica. Para el año 2030, se estima que Madrid y Cataluña concentrarán prácticamente la mitad de todos los abogados ejercientes de España, agravando el riesgo de exclusión jurídica en el resto del territorio.
Sin embargo, detrás de estos datos macroeconómicos reside una realidad profundamente humana. Salvador González, presidente de la Abogacía Española, ha sido tajante al respecto: «Ningún servicio público puede sostenerse indefinidamente sobre el esfuerzo y la vocación de quienes lo prestan», ha señalado.
En la misma línea, Ángel Méndez, presidente de la Comisión de Justicia Gratuita, subraya que estos profesionales están presentes «cuando la vida de una persona cambia para siempre», siendo el último baluarte de la igualdad ante la ley.
Un llamamiento a la reforma estructural
La solución, según el Consejo General, no admite más dilaciones. Tras treinta años de vigencia, la actual Ley de Asistencia Jurídica Gratuita requiere una reforma integral que actualice los baremos de retribución y asegure una financiación acorde a la realidad social del siglo XXI.
El sector reclama un paquete de medidas que incluya una revisión profunda del sistema de retribuciones para los profesionales del turno, la creación de incentivos que atraigan a las nuevas generaciones de abogados y políticas activas para corregir la desigualdad territorial y garantizar que el derecho de defensa sea efectivo «viva donde viva» el ciudadano.
Proteger el Turno de Oficio no es solo una reivindicación corporativa de la Abogacía; es, en última instancia, blindar la puerta de acceso a la Justicia para los más vulnerables y preservar uno de los pilares que sostiene nuestra democracia.
