El exjuez del Supremo de Perú quedó en libertad el pasado abril, llevaba en prisión desde el 19 de octubre.
La Audiencia Nacional acuerda extraditar a Perú al exjuez del Supremo peruano César Hinostroza
Aunque no le podrán juzgar por supuesta organización criminal
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13/5/2019 15:17
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Actualizado: 13/5/2019 16:59
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La Audiencia Nacional ha dado luz verde a la extradición a Perú del exmagistrado del Supremo peruano César Hinostroza, pero sólo por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible para un funcionario público.
No por los cargos de organización criminal que también presentó contra él la justicia peruana.
Hinostroza estaba siendo investigado por liderar «una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su cargo», red que «estaría dedicada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en todas las áreas del Poder Judicial a nivel de Lima Metropolitana».
El expresidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema fue suspendido el pasado julio a raíz de que unas informaciones periodísticas destaparan una presunta connivencia de magistrados, jueces y fiscales con políticos y empresarios, un escándalo que costó el cargo al ministro de Justicia y a la cúpula judicial de Perú.
Desde ese mes Carlos Hinostroza tenía prohibido salir de su país.
Sin embargo, el 7 de octubre huyó de su país, lo que provocó la dimisión del ministro del Interior del país, Mauro Medina.
Hinostroza fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo, y fue enviado a prisión provisional por riesgo de fuga, situación que se mantuvo hasta el pasado abril, cuando, tras celebrarse la vista de su extradición, el tribunal la Sala de lo Penal le dejó en libertad, contra el criterio de la Fiscalía.
Ahora, el tribunal de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se ha pronunciado sobre la extradición en un auto difundido hoy. Lo firman los magistrados Concepción Espejel Jorquera (presidenta), Ramón Sáez Valcárcel y Enrique López y López, que ha sido el ponente.
El tribunal explica que excluye el presunto delito de organización criminal porque si bien la tipificación en el Código Penal peruano es similar a la del español, el relato de los hechos que hace la Fiscalía de aquel país no convence a la Sala de que exista una entidad como tal cuando señala que entre ellos hablaban «con palabras clave» o que cenaban juntos.
«No parece que tales notas identifiquen una auténtica organización criminal, más allá de la familiaridad con la que se trataban los implicados, lógica habida cuenta la amistad que existía entre ellos y que obviamente puede ser el origen del prevalimiento en el tráfico de inferencias, pero nada más», señala el tribunal.
Indica, además, que si bien en principio se tuvo en cuenta a cinco integrantes de esa presunta organización criminal incluyendo a Hinostroza, el Pleno del Congreso de Perú archivó el asunto para los otros cuatro.
«Parece que el reclamado sería el jefe de una organización sin miembros», apostilla.
Por ello, descarta autorizar la extradición por organización criminal ya que «la cuestión no es que no se acrediten los elementos que conforman el delito» en el ordenamiento jurídico español, «sino que los hechos tal cual están descritos no superan el umbral de la tipicidad» que este contempla.
El Ministerio el Interior de Perú (Mininter) informó en octubre que la Organización Internacional de Policía Criminal activó la notificación de captura contra el exjuez por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal.
Indicó que «según la circular, a Hinostroza Pariachi se le imputa ser el líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su alto cargo en este poder del Estado».
También «se le atribuye haber realizado coordinaciones ilícitas con el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para patrocinar a un juez en un proceso de ratificación», y «se le imputa, asimismo, haber apoyado de manera clandestina la mejora laboral de una funcionaria en la Corte Superior del Callao, y haber realizado negociaciones para la contratación incompatible de personal jurisdiccional en la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia».
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