El objetivo de la ley es proteger de forma absoluta la identidad del informante de forma absoluta si opta por permanecer en el anonimato, así como prevenir que este sufra represalias.
Hoy termina el plazo para tener implantado el canal de denuncias: el retraso en empresas y firmas es la tónica
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13/6/2023 01:00
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Actualizado: 17/7/2023 12:01
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Este martes 13 de junio entran en vigor las obligaciones de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, conocida como la ley de protección al informante para empresas de más de 250 empleados y las Administraciones públicas.
Y algunos despachos de abogados y asesorías, como explica Leticia de la Hoz, directora del departamento jurídico de IDBO Consultants, han advertido que «todos sabían de esta obligación, pero algunos lo han dejado para última hora».
Para añadir después que la preparación de algunas firmas tampoco ha sido suficiente en algunos casos. «Algunas empresas siguen teniendo dudas, y sospechamos que no se han ajustado todavía a la nueva ley», afirma.
Las Administraciones siguen sacando licitaciones de concursos para que terceros implanten sus propios canales de denuncias, con lo que algunos órganos departamentales tampoco llegan a tiempo, explica De la Hoz.
No se atreve a hacer una previsión específica, pero toma los planes de igualdad como referencia, que también eran obligatorios para las empresas y llevaron a que se impusieran muchas sanciones cuando se cumplió el plazo, para decir que podría pasar lo mismo
«Las multas son lo de menos», dice. «Las sanciones adicionales pueden incluir amonestaciones públicas, por ejemplo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que conlleva un gran riesgo reputacional, y se le puede prohibir a las empresas que obtengan subvenciones y beneficios fiscales por un máximo de 4 años, así como que se prevenga que contraten con el sector público hasta por 3 años».
El riesgo fundamental de la normativa, en sus palabras, es «no tomársela en serio».
Leticia de la Hoz, directora del Departamento Jurídico de IDBO Consultants.
Responsabilidades y excepciones del canal de denuncia
El objetivo de la ley es proteger de forma absoluta la identidad del informante de forma absoluta si opta por permanecer en el anonimato, así como prevenir que este sufra represalias. «La empresa tiene que publicar su política de defensa del informante, anunciándolo en su página web si la tiene, y garantizar a confidencialidad de la identidad de quien denuncie, de las actuaciones desarrolladas como consecuencia del sistema de información y de los terceros mencionados». dice De la Hoz.
Sin embargo, hay exclusiones del ámbito de la aplicación de la ley: no afecta la información clasificada, las obligaciones del secreto profesional de la medicina y la abogacía, la confidencialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni al secreto de deliberaciones judiciales.
También la obligación de denunciar al Ministerio Fiscal si hay indicios razonables de un delito es fuente de discusión entre los juristas, varios de los cuales opinan que podría conculcar el derecho de defensa. «Es una muy buena ley, pero todavía no estamos seguros de si se trata de una obligación a autoincriminarse; las personas jurídicas tienen este derecho igual que las personas físicas», dice De la Hoz.
Los deberes del responsable del sistema, considerado como el encargado del tratamiento a efectos legales, incluyen investigar si la denuncia tiene sentido y si hubo un buen uso del sistema, calificar los hechos y la credibilidad de las pruebas e informar si la denuncia está fundada o no, con un plazo de tres meses desde la entrada de la comunicación para concluir la investigación interna. Esto implica un riesgo dentro de un hipotético caso penal, según De la Hoz.
Fomentar la cultura de información
«El responsable debe redactar un informe que incluya la exposición de los hechos relatados, todas las actuaciones, la comprobación de la verosimilitud de los hechos, la valoración de los indicios y la conclusión de las diligencias, y la empresa puede archivar el expediente, remitirlo al Ministerio fiscal o, si el hecho reviste carácter de delito que afecta los intereses financieros comunitarios, remitirlo a la Fiscalía de la UE», dice.
En este sentido la ley da prioridad a la investigación interna para fomentar la cultura de información como mecanismo de prevención y detección de amenazas al interés público, aunque el ámbito material de la aplicación de la ley no excluye la aplicación de la normativa del proceso penal, incluyendo la investigación que puede realizarse en simultáneo.
«El ‘compliance officer’ puede ser el responsable del sistema, lo que reforzaría su puesto, o puede ser otro; con esto, la normativa nos señala que tiene que estar cualificado y tener un hilo directo a los órganos administrativos de la empresa», dice De la Hoz. «Puede ser hasta un comité, dependiendo del tamaño de la compañía.
También se puede externalizar la gestión del sistema acudiendo a un tercero, al que se exige que garantice su adecuación respeto a la independencia y confidencialidad de la empresa, su protección de datos personales y secretos de comunicaciones
«Un grupo de sociedades también puede instaurar un sistema interno para todas en vez de uno para cada integrante. y la sociedad dominante aprueba la política general relativa al sistema interno de información que regirá en todas las sociedades del grupo», apunta De la Hoz.
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