caso ERE

Se trata del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y del exdirector general de Trabajo Juan Márquez, por delitos de prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial.

Entre ellos, un abogado y el exdirigente de UGT Juan Lanzas, quien supuestamente actuaba como intermediario o "conseguidor" de ayudas.

Considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación.

Los hechos pudieran ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Considera que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de malversación y prevaricación administrativa.

Así lo ha acordado el magistrado de refuerzo José Ignacio Vilaplana Luqero en dos autos con fecha 10 de junio contra los que cabe recurso.

Por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación, y en el caso de uno de ellos alternativamente por estafa o apropiación indebida.

El instructor considera que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.

El magistrado considera que los hechos podrían ser constitutivos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental.

Se trata de una pieza separada de la macrocausa de los ERE presuntamente fraudulentos y las ayudas directas supuestamente arbitrarias y sin publicidad.