El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha presentado hoy un incidente de nulidad ante Tribunal Supremo (TS) contra la sentencia que confirmó su condena por el caso caso ERE: seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación.
El pasado 13 de septiembre, el tribunal de la Sala de lo Penal desestimó su recurso de casación contra esta pena que le fue impuesta en noviembre de 2019 por la Audiencia Provincial de Sevilla, que condenó a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, y también el del expresidente andaluz Manuel Chaves, sentenciado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
En la sentencia, el Alto Tribunal concluye que Griñán tenía «conocimiento de la ilegalidad» del sistema implantado y destaca su «pasividad» ante el «despilfarro y la arbitrariedad» con la que se concedieron las ayudas.
En el incidente de nulidad alega una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al ser «fragmentada» la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio respecto al sentido de la misma; y la posterior notificación del fallo completo el pasado 14 de septiembre. Para la defensa de Griñán, el Supremo habría declarado en julio la sentencia «sin fundamento» como tal.
Además, aduce una supuesta falta de contestación a dos de los motivos del recurso, dilaciones indebidas en el trámite de resolución del mismo y, especialmente, esgrime el voto particular formulado por dos de los cinco miembros del tribunal respecto a las tipificaciones aplicadas a Griñán, los exconsejeros Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, el exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.
Las magistradas del voto particular, Ana María Ferrer García y Susana Polo Garcia, diferencian, con relación al delito de malversación, entre quienes formaban parte de la Consejería de Empleo, donde descargan la responsabilidad de la malversación, y quienes intervinieron en el trámite presupuestario pero sin conocer ni participar directamente en el reparto final de los fondos.
«Una cosa es asumir y aprobar todo un sistema específico para ‘agilizar’ y para lograr una ‘mayor rapidez’ en la concesión y pago de las ayudas sociolaborales a los trabajadores y a las empresas en crisis (…) Y otra cosa muy diferente es que los acusados ajenos a la referida consejería (de Empleo) tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta», señalan estas magistradas, considerando que la actuación de los citados cinco acusados, entre ellos Griñán, «no cubre la tipicidad subjetiva que el mismo requiere, es decir, el dolo, ni aun en la modalidad de dolo eventual que fue apreciada por la Audiencia de Sevilla».
La defensa de Griñán destaca este «potente voto particular» que derivaría en una «vulneración» del principio de presunción de inocencia, analizando que la sentencia del Supremo «más que revisar» la de la Audiencia, «completa los vacíos» de la misma, es decir que «va más allá» de su cometido.
Este incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una «moderación» de las penas impuestas, pidiendo en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución.
El incidente de nulidad es un trámite previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que también prevé Griñán con la idea de solicitar mediante este instrumento la suspensión de la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria.
Además, la familia de Griñán ha elevado al Gobierno una petición de indulto parcial, fundamentada «expresamente en razones de humanidad y equidad», esgrimiendo que el expresidente andaluz es «un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital» y que «tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario», descartando cualquier «enriquecimiento personal ni familiar».
