Proyecto de ley orgánica liderara por la ministra de Educación Isabel Celáa. Será la octava norma educativa de la democracia. Dentro de los puntos que propone esta ley, el más polémico ha sido: el castellano deja de figurar como lengua motriz de la enseñanza y como lengua oficial del Estado. Las administraciones garantizarán el derecho a recibir enseñanzas en castellano y en lenguas cooficiales.
