Subraya que “la ablación del carácter vehicular del castellano en la educación" supone un incumplimiento de la obligación del Estado en la protección del idioma de todos los españoles.
El PP recurre ante el Constitucional la Ley Celaá ‘en defensa de la libertad de educación, el castellano, la concertada y la especial’
Considera que esta Ley trata al castellano como “una lengua extranjera más” en determinadas CC. AA. con lengua cooficial
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29/3/2021 12:55
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Actualizado: 05/5/2021 12:31
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El Partido Popular ha interpuesto hoy un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Educación (LOMLOE), conocida como ‘Ley Celaá’.
Afirma que «vulnera los más esenciales principios, derechos y libertades en el ámbito educativo que recoge la Constitución».
El presidente del PP, Pablo Casado, denuncia que la norma «ataca al castellano como lengua vehicular de todos los españoles y restringe la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos».
Sostiene que la ley que da nombre a «la peor ministra de Educación en los últimos años» supone un «ataque a la educación concertada, a la especial y degrada la calidad de la educación pública».
Casado ha explicado el recurso en un acto en un colegio concertado, el Colegio Internacional J.H Newman de Madrid, junto al presidente de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Javier Esparza, que también se ha sumado al recurso de inconstitucionalidad.
El PP impugna en el recurso 16 artículos (1, 8 bis, 10,12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89) y dos Disposiciones Adicionales (la Tercera y la Cuarta) de la Ley Celaá, por entender que vulneran la Constitución española.
🔵 Hoy presentamos el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá.
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— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) March 29, 2021
En el recurso, de 90 páginas, critica que en determinadas Comunidades Autónomas con lengua cooficial se trate al castellano “como una lengua no propia, ajena, extraña, obligada o impuesta que debe aprenderse o estudiarse como una lengua extranjera más”.
Denuncia que “la ablación del carácter vehicular del castellano en la educación supone un incumplimiento de la obligación del Estado de garantizar tal carácter de la lengua oficial de España en el ámbito educativo”.
“Elimina así el último reducto que permitía a los padres reclamar de las administraciones educativas la efectividad de su derecho a que sus hijos puedan utilizar el castellano como lengua vehicular, normal y natural”, añade.
EL RECURSO PARA DESCARGAR
PROTEGER LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y CONCERTADA
«Para proteger la educación especial», el PP recurre varios preceptos, al considerar que según la propia ley sólo se atenderá la voluntad de las familias que presten su preferencia por lo que se denomina “régimen más inclusivo”, pero no a las que muestren su preferencia por que sus hijos sean escolarizados en centros de educación especial, en el legítimo entendimiento que ello favorecerá mejor su futura integración laboral, social y familiar.
También impugna los preceptos que «atacan» a la educación concertada. Considera que «se cercena la libertad educativa cuando se impide a los centros concertados organizar actividades complementarias del modo que entiendan más oportuno y adecuado».
Asimismo, afirma que se ataca “frontalmente al sostenimiento económico de los colegios concertados mediante la prohibición de percibir cualquier tipo de aportación por estas actividades”.
El PP también impugna los artículos que prevén que todas las solicitudes de escolarización en la educación infantil de cero a tres años sean atendidas por plazas públicas, «consagrando así una prestación exclusiva».
«La norma no prevé una oferta de plazas públicas y concertadas suficientes, sino solo de plazas públicas», señala el PP.
Además, asegura que la Ley Celaá «borra por completo la toma en consideración de la oferta complementaria existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social, canalizándola prioritariamente a través de los centros públicos y dejando a los concertados y a la voluntad de las familias una función subsidiaria, subalterna y prescindible».
LIBERTAD DE ENSEÑANZA
En todo caso, el PP indica en el recurso que el Estado no es enteramente libre para diseñar y programar un determinado sistema educativo público, sino que ha de hacerlo preservando, promoviendo y posibilitando el pleno reconocimiento y ejercicio de todas las facetas y contenidos del derecho fundamental a la educación, incluyendo las que integran el derecho en su vertiente de libertad de enseñanza.
Además, manifiesta con distinta jurisprudencia del TC, que otros artículos de la Lomloe del Gobierno de Pedro Sánchez son inconstitucionales «no por lo que dicen, sino por lo que omiten, como por ejemplo la inclusión de la asignatura de religión en la ordenación de las distintas etapas educativas».
Los ‘populares’ defienden que la libertad religiosa comprende el derecho a designar o proponer los profesores que cada confesión entienda adecuados para la impartición de esta materia, lógicamente de entre los que reúnan los requisitos de titulación.
Asimismo, contra la exclusión de la educación diferenciada, el PP impugna en el recurso la imposición de que los centros sostenidos total o parcialmente con fondos públicos apliquen la coeducación, o sea, la educación mixta. A su juicio, se vulnera el derecho fundamental a la igualdad consagrada en el artículo 14 de la Constitución.
Subraya, además, que la educación diferenciada por sexos «no es un sistema pedagógico que persiga, promueva, ampare, justifique o inculque alguna concepción de la desigualdad entre hombres y mujeres», y señala múltiples ejemplos de esta enseñanza en distintos países.
DENUNCIA DEFECTOS EN LA TRAMITACIÓN DE LA LEY
Finalmente, denuncia ante el Constitucional «los defectos en la tramitación de la Ley Celaá, entre ellos la omisión del preceptivo dictamen del Consejo de Estado, el rechazo de la solicitud de la comparecencia de expertos y de otras personas competentes en la materia y la omisión de la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación».
El PP contrató al bufete de abogados Martínez-Echevarría, en el que trabaja el expresidente de Ciudadanos Albert Rivera, para recurrir ante el Constitucional esta ley que se ha convertido en uno de los principales campos de batalla de los ‘populares’ contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos.
Casado ha anunciado que si llega al Palacio de la Moncloa, la derogarará.
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