El mundo de la Justicia se manifiesta contra el ‘cierre’ de los colegios de educación especial
Se han sumado a una de las iniciativas impulsadas por la Plataforma 'Educación Inclusiva Sí, Especial También', compuesta por padres y docentes que no quieren que se elimine este tipo de educación, y han llenado sus redes sociales de corazones verdes.

El mundo de la Justicia se manifiesta contra el ‘cierre’ de los colegios de educación especial

La magistrada Natalia Velilla y el Mago More explican por qué deben mantenerse
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18/3/2019 12:05
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Actualizado: 26/3/2019 09:28
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Numerosos jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores y funcionarios han dado un paso al frente contra el «cierre» de los colegios de educación especial, ante el posible trasvase de sus alumnos al sistema ordinario, tal y como contempla la reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE).

Se han sumado a una de las iniciativas que ha impulsado la Plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’, compuesta por padres y docentes que no quieren que se elimine este tipo de educación, y han llenado sus redes sociales de corazones verdes para luchar contra el «cierre» de estos centros.

Esta plataforma denuncia que el Gobierno y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que se manifiesta en contra de este modelo por considerarlo «segregador», no tienen en cuenta al sector de la Educación Especial ni a las familias.

Entre los miembros de esta plataforma se encuentra la magistrada Natalia Velilla, quien ha pedido en Twitter secundar este movimiento, y su llamada ha sido atendida por multitud de miembros del mundo de la Justicia, y diversos ciudadanos sensibilizados con esta cuestión.

A esta iniciativa también se ha sumado el empresario José Luis Izquierdo, conocido como Mago More, que tiene un hijo con parálisis cerebral, y está en contra del cierre de los colegios especiales en España.

El Mago More ha lanzado un vídeo en el que reivindica la existencia de colegios de educación especial para niños con discapacidades. Está a favor de la integración, pero siempre defendiendo los derechos de los más vulnerables.

En él cuenta por qué deben mantenerse estos centros, que cubren las necesidades de los niños con discapacidad. En España hay 470 centros de educación especial.

Explica que en el caso de su hijo sería completamente inviable integrarle en un aula con más niños ya que padece hiperacusia y le aturden los ruidos. «Se pondría a llorar, a gritar y no se puede razonar con él», señala.

El Mago More pide a los políticos que reflexionen ante «semejante disparate». «Yo les dejo a mi hijo una sola tarde. Bueno, les ahorro las molestias, se lo dejo una sola hora, y van a entender perfectamente lo que les quiero explicar», les transmite.

«No decidan por nuestros niños», reclama este padre, y advierte que «están en juego los derechos de quienes no pueden defenderse por sí mismos».

«No se deje engañar por quien quiere meter a todas las discapacidades en el mismo saco y no voten una ley estúpida, insensible y discriminatoria, que puede arruinar la vida de miles de familias». Es su llamamiento.

EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA FIJA UN PLAZO DE 10 AÑOS PARA INTEGRAR A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN CENTROS ORDINARIOS

El proyecto de ley de reforma del sistema educativo del Ejecutivo fue aprobado el 15 de febrero por el Consejo de Ministros.

Señala que «el Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas» debe desarrollar «un plan para que en el plazo de diez años» se logre ese objetivo de acuerdo con el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

«Las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios», añade.

CELAÁ NIEGA QUE SE VAYAN A CERRAR LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

El pasado 20 de febrero, la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaáaseguró en el Congreso que los centros de educación especial «no se van a cerrar» y acusó al PP de usar «mantras» sobre su proyecto de ley de reforma del sistema educativo que no son verdad.

La ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, también asegura que su norma cumple con la libertad de enseñanza porque «protege y apoya» a la concertada. Foto: EP

En respuesta a una pregunta del PP, Celaá afirmó que no tiene «ninguna intención» de cerrar estos centros y que lo que pretende su norma es «incorporar a niños con cierta diversidad funcional» en colegios ordinarios «estableciendo recursos para ello» y siempre que sus familias así lo soliciten.

«Por lo tanto, atendiendo al interés superior del menor y en acuerdo con las familias, se escolarizará en centros ordinarios cuando se decida o en especializados», subrayó.

El pasado 23 de febrero, más de 5.000 personas –familiares, profesores y alumnos de Educación Especial-, se manidfestaron en Valladolid en protesta del «cierre» de estos centros educativos, al grito de «¡CERMI, escuchad, queremos la Especial!».

La convocatoria de esta movilización ha sido otra de las iniciativas de la plataforma ‘Educación Inclusiva Sí, Especial También’.

Encabezados por una pancarta que reivindicaba el ‘No al cierre de los colegios de Educación Especial’, que recordaba que ‘La Educación Especial es una herramienta de la inclusión social’, familiares, profesores y alumnos de dichos centros unieron sus voces para reclamar tanto al Gobierno como al CERMI que se tenga en cuenta su opinión para mantener estos colegios.

Tras esta multitudinaria movilización, la diputada del PSOE Aurora Flórez pidió a los grupos parlamentarios que «no jueguen con los menores», en alusión a esta manifestación, y dijo que es «falso» que el Gobierno les «quiera dejar en la calle». Aseguró que el Ejecutivo lo que quiere es poner en marcha un plan para que, «progresivamente, se favorezca la inclusión».

Desde Unidos Podemos, María Teresa Arévalo, apoyó su tesis y defendió que todos los alumnos puedan participar «en igualdad de condiciones» en el sistema educativo, aunque admitió que la escuela todavía «no es respetuosa ni amigable». A su juicio, es el momento para hacer de la escuela un espacio inclusivo, en el que se respeten los Derechos Humanos y convivan alumnos con y sin discapacidad.

Por su parte, la diputada del PP Sandra Moneo contestó a la socialista Aurora Flórez que las «6.000 personas» que se manifestaron en Valladolid no lo hicieron para «jugar con sus hijos», sino porque sienten «como una espada de Damocles» el anuncio del Gobierno sobre el cierre progresivo de los centros de Educación Especial.

Natalia Velilla ha manifestado en Confilegal que «detrás de cada iniciativa legislativa hay intereses inescrutables de distintos lobbies», que «personas influyentes consiguen que les arreglen ‘lo suyo’ convenciendo a políticos que hacen lo que se les piden sin preguntar», y que en esta ocasión han conseguido que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que debe defender a las personas con discapacidad, se ha convertido en «el peor enemigo de miles de familias españolas».

Explica que el CERMI «ha pedido el cierre de los centros de educación especial y la transferencia de recursos a los colegios ordinarios para que puedan atender adecuadamente a los alumnos con discapacidad», y critica que «los políticos, y la sociedad, en un ataque de buenismo colectivo, aplauden esta iniciativa señalando que “todos los niños tienen derecho a la misma educación, a la inclusión”, y que para ellos los padres que optan por la educación especial para sus hijos son poco menos que «segregadores y lesivos cuidadores de sus hijos», porque consideran que con su actitud “les privan de una vida normal”.

Velilla denuncia que «han decidido meter a todos los alumnos en el mismo tipo de centro, sin pensar en las particularidades de cada afectación, ni en barreras arquitectónicas ni en la cualificación del personal».

Además, advierte que la educación inclusiva sin distinción «repercutirá negativamente tanto en los niños que no pueden recibirla, como en los niños sin necesidades educativas especiales».

Explica que en la Plataforma “Inclusiva Sí, Especial También” defienden que los menores que pueden acogerse a la educación inclusiva lo hagan, y que para que esto sea posible, que se dote de medios suficientes a los centros ordinarios, pero que esto «no puede significar que quienes no pueden acogerse a la inclusión se vean abocados a ella».

Quieren que se pueda seguir optando por la educación especial.

37.136 ALUMNOS Y 8.232 PROFESORES

En España hay 37.136 alumnos matriculados en centros de Educación Especial este curso 2018-2019, el 0,45% de la población escolar, que asciende a 8,17 millones de alumnos.

El 59,6% en los 191 colegios públicos, mientras que el 40% restante son atendidos en los 280 centros concertados, y hay 8.232 profesores, según los últimos datos del Ministerio de Educación.

De forma paralela, 1,89 millones alumnos tienen necesidades educativas especiales matriculados en centros ordinarios (el 23,1% de la población escolar), a los que se les adapta los currículos y los métodos de enseñanza. Se trata de un grupo muy heterogéneo, pues no solo lo integran alumnos con discapacidad, sino niños con déficit de atención, dislexia, trastornos de conducta o altas capacidades.

En los centros de Educación Especial se imparte educación infantil adaptada a las necesidades y competencias individuales de niños de entre tres y cinco años y enseñanza básica obligatoria desde los seis años hasta los 16/18 años -dividida, a su vez, en primaria (6-12 años) y secundaria obligatoria (13-16/18 años)-.

A partir de los 17/18 años hasta los 21, los alumnos pueden matricularse en programas de transición a la vida adulta, con una oferta formativa orientada a facilitar la autonomía personal y la integración social y laboral.

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