Una de las principales conclusiones del debate sobre «Lucha contra la desinformación: ¿avance o amenaza para nuestras libertades?» que moderó ayer en el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) Mercedes Asorey, copresidenta de la Sección de Comunicación y Derecho, es que los algoritmos, diseñados inicialmente para facilitar la personalización y el acceso a la información, se han convertido en un mecanismo de manipulación activa, con profundas implicaciones para la democracia, la libertad de expresión y el pluralismo informativo.
Borja Adsuara, profesor de derecho de la información, ponente de la Carta española de Derechos Digitales y «fundamentalista de la libertad de expresión» –según sus palabras–, Loreto Corredoira, profesora titular de Derecho de la Información y codirectora del Observatorio de la Desinformación, Natalia Velilla, magistrada y especialista en derechos fundamentales, y Carlos Berbell, director de Confilegal, coincidieron en la amenaza que esto representa.
Adsuara señaló que los algoritmos de las redes sociales han dejado de ser herramientas neutrales y se han convertido en mecanismos de manipulación.
«Antes, las redes sociales eran plataformas neutrales donde cada usuario veía lo que quería. Hoy, lo que ves está determinado por intereses comerciales o políticos, que priorizan ciertos contenidos sobre otros», afirmó. «El problema no está solo en los algoritmos de moderación, sino en los de recomendación. Sin necesidad de borrar nada, están priorizando contenidos para manipular lo que los usuarios consumen«.
Corredoira, por su parte, resaltó la capacidad de los algoritmos para amplificar desinformación o favorecer ciertos discursos amenaza los procesos democráticos, como elecciones, y fomentar la polarización social. Y refirió el caso de las elecciones presidenciales en Rumanía.
«En la Unión Europea hemos visto, en estos últimos meses, la suspensión de las elecciones presidenciales de Rumanía por el Tribunal Constitucional. Esta decisión se basó en el uso fraudulento de algoritmos en TikTok, lo que ha generado un debate profundo sobre la gravedad de estas prácticas en el contexto actual. Otro caso relevante es el procesamiento penal del fundador de Telegram. Nacido en Rusia y con nacionalidad francesa, recientemente reconoció la gravedad de los cargos que enfrenta en la justicia francesa, los cuales incluyen delitos como tráfico de drogas, pornografía infantil y venta de armas. Esto pone en evidencia los problemas que proliferan en ciertas redes sociales, donde no solo se difunden mentiras, sino que también operan actividades delictivas de gran envergadura», declaró.
«Por otro lado, seguimos viendo sanciones millonarias contra plataformas como Facebook, lo que evidencia los intentos de regulación en este sector. Sin embargo, la legislación actual no está funcionando adecuadamente. Un claro ejemplo es la falta de aplicación de la Ley de Servicios Digitales (DSA) en España, debido a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aún no ha sido habilitada para su implementación. Este vacío normativo impide que las herramientas legislativas y administrativas sean efectivas«, añadió.
Velilla se refirió también a los algoritmos de recomendación de las plataformas digitales, los cuales han transformado la forma en que los usuarios acceden a la información, generando preocupaciones sobre su impacto en la democracia y la convivencia.
La magistrada hizo hincapié en que estos algoritmos, diseñados para maximizar la interacción, priorizan contenidos que generan reacciones fuertes, lo que a menudo lleva a la promoción de desinformación y polarización. «No podemos delegar en los algoritmos de plataformas privadas decisiones que afectan derechos fundamentales como el acceso a la información y la libertad de expresión», dijo. A lo que añadió: «Si no actuamos con una regulación efectiva, terminaremos dejando la protección de la democracia en manos de herramientas diseñadas para maximizar beneficios, no para garantizar derechos«.
En el debate también se abordó el anteproyecto de ley orgánica del derecho de rectificación, la aplicación del reglamento europeo de servicios digitales y los retos del reglamento europeo de libertad y medios.
Berbell, durante una de sus intervenciones, criticó duramente el anteproyecto del derecho de rectificación por no incluir el derecho de alusión, diferente del derecho de rectificación, contenido en la Ley de Prensa de 1966 y suprimido en la actual ley de derecho de rectificación de 1984.
«El anteproyecto debería recuperar el derecho de alusión, o de réplica, porque el derecho de rectificación no lo cubre todo. El derecho de rectificación da la posibilidad a la persona física o jurídica de dar su versión sobre hechos que considera erróneos. El derecho de alusión o réplica está en el terreno de las opiniones», explicó.
«La información puede estar no sólo basada en hechos reales sino que además pueden estar contrastados y lo que hace la corriente legislación es obligar a publicar la versión del particular con el textual de derecho de rectificación, cuando en realidad el medio de comunicación puede no tener nada que rectificar sino que debe, por imperativo legal, publicar la versión de unos hechos, nunca de opiniones», añadió.
El consenso entre los expertos fue claro: combatir la desinformación no solo requiere normativas sólidas, sino también educar a los ciudadanos para que cuestionen la información que consumen.
Como afirmó Adsaura, para cerrar, “el conocimiento es distinción, la ignorancia es confusión. Sin criterio, somos vulnerables a los algoritmos que deciden por nosotros”.
