La Ley Celaá sobre la educación va a ser contestada legalmente por varios bufetes de abogados y plataformas.
Tambores de guerra contra la Ley Celaá: Abogados especializados y la plataforma Más Plurales dan la batalla legal
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07/12/2020 06:50
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Actualizado: 07/12/2020 01:12
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La aprobación, el pasado 19 de noviembre, en el Congreso de los Diputados de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), popularmente conocida como Ley Celaá, que toma este nombre de la actual titular de la cartera de Educación, Isabel Celaá, no ha rebajado la crispación social existente en España.
Esta norma deroga la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) vigente, aprobada bajo el Gobierno del PP, y la actualización de la socialista Ley Orgánica de Educación (LOE), tendrá que ser ratificada ahora en el Senado.
PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC).
La Ley Celaá aumenta las restricciones hacia la educación concertada y según sus detractores busca que la concertada deje de ser complementaria de la escuela pública para pasar a tener un papel secundario.
Este motivo ha llevado a la enseñanza concertada a convocar varias concentraciones de protesta frente al Congreso para mostrar su rechazo a la LOMLOE y otros actos en toda España a través de la plataforma Más Plurales. También este viernes entregaron distintas enmiendas en el Senado a los distintos grupos parlamentarios.
Para este colectivo, la LOMLOE promueve un absoluto control del Estado de nuestro sistema educativo
Junto a este movimiento civil se ha producido otro jurídico de forma paralela que ha puesto en marcha la llamada Comisión Jurídica Nacional por la Libertad Educativa.
Francisco La Moneda, abogado experto en derecho civil, habituado a llevar pleitos educativos en los tribunales, es uno de los juristas que lidera esta Comisión Jurídica Nacional, plataforma que engloba a varios despachos de abogados, dispuestos a dar batalla legal al Gobierno contra la Ley Celaá en estos momentos.
Su web, Educación Por Derecho, recoge amplia información sobre este debate jurídico.
Francisco La Moneda, socio director del bufete La Moneda Abogados, es uno de los juristas que lidera la plataforma Comisión Jurídica Nacional por la Libertad Educativa.
“Es un frente absoluto frente a todo lo que suponga coartar la libertad de educación”, apunta el abogado.
SEIS DESPACHOS YA HAN UNIDO FUERZAS
En dicha Comisión ya se han unido seis despachos de abogados con experiencia en el campo educativo y experiencia a nivel de judicial con recursos ante los distintos Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en defensa de dicha libertad de educación.
Es también el caso del despacho Lafuente de Asturias dirigido por José Luis Lafuente desde Oviedo. Es previsible que las adhesiones de bufetes se incrementen en los próximos días.
José Luis Lafuente es socio director del despacho ovetense.
La existencia de esta comisión tiene como centro defender que los padres puedan elegir libre y voluntariamente la educación de sus hijos conforme a sus convicciones éticas o religiosas y rechaza frontalmente la imposición estatal de materias y principios con sesgo ideológico.
Estos expertos en el ámbito educativo actúan con medios propios y patrocinio de prestigiosas instituciones y sin ánimo de lucro, para defender el modelo constitucional del sistema educativo y de acuerdo con el marco normativo europeo e internacional.
En síntesis: defienden que el Derecho a la Educación es de los niños, la Libertad de Educación es de los padres, y la Obligación de garantizarlo y prestar los medios es del Estado.
Uno de sus primeros movimientos ha sido la elaboración de «un informe jurídico bastante extenso, de unas 40 páginas, en el que se ofrecía un argumentario jurídico a los partidos políticos para que pudieran presentar razones contra la ley Celaá durante la fase de enmiendas», explica La Moneda.
Para estos expertos con la LOMLOE se vulneran preceptos concretos de la declaración universal de derechos humanos, de la declaración universal de los derechos del niño; del pacto de derechos civiles y políticos, el convenio de derechos humanos y el pacto de derechos fundamentales de la unión europea. Y por supuesto , el artículo 27 de la Constitución.
LA LEY CELAÁ ENTRAÑA NUEVE CONFLICTOS
Desde esta Comisión Jurídica se han detectado los nueve conflictos que genera la propia Ley Celaá:
1.- Vulnera el principio de neutralidad ideológica del Estado al imponer un conjunto de principios ideológicos generales y transversales para todo el sistema educativo, que carecen de consenso.
2.- Pretende eliminar la enseñanza de la asignatura de Religión Católica, al dejarla sin evaluación y sin materia alternativa, contraviniendo la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional, incumpliendo los Acuerdos Iglesia-Estado, de 1979 , tratado internacional de obligado cumplimiento.
En él se establece que la asignatura de Religión obligatoriamente debe ofertarse en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales para aquellos que la elijan, vulnerando así, el principio de aconfesionalidad del Estado.
3.- Sin el necesario acuerdo en el ámbito de la comunidad educativa, se crea una asignatura llamada “Educación en Valores cívicos y éticos” que, si bien, puede ser positiva, podría a su vez convertirse en un instrumento de adoctrinamiento en manos del grupo político que gobierne en cada momento del signo que sea, o de las tendencias ideológicas de quien las imparta.
La Moneda recuerda que “no ha habido debate sobre esta nueva asignatura lo que propicia que tenga mucho contenido ideológico”, aclara.
4.- Se afrenta a la escuela pública concertada, a la que se le otorga la condición de subsidiaria y a la que se pretende asfixiar mediante la eliminación, como factor a tener presente, el de la existencia de “demanda social” para la oferta de creación de plazas escolares. Se restringe así, aún más, la autonomía de los centros, la libertad de elección de centro de los padres, y la igualdad entre las familias y opciones educativas.
5.- Abre la puerta a suprimir el modelo de centro de Educación Especial que hasta ahora viene funcionando muy favorablemente y que cuenta con un apoyo mayoritario de los padres.
6.- Busca suprimir el modelo de educación diferenciada sin justificación alguna, cuando no, restringir su financiación en la mayor medida posible, ahondando en la voluntad uniformadora de esta ley y en el control educativo.
Vulnera de este modo la libertad organizativa y pedagógica de los centros educativos, pues forma parte de su carácter propio o ideario, como así ha sentenciado el Tribunal Constitucional o reconoce la misma UNESCO.
La gestación de la Ley Celaá ha provocado innumerables manifestaciones de protesta como esta, ante el Congreso de los Diputados.
7.- Establece un modelo de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en orden a fijar las materias a ser cursadas y su carga lectiva que favorece la desigualdad entre españoles y aumenta la inseguridad jurídica, sometiendo la educación de nuestros hijos a componendas políticas que deben permanecer al margen del sistema educativo.
8.- Asimismo, a raíz de las enmiendas parciales que han sido presentadas en el Congreso de los Diputados, se profundiza en la desigualdad y discriminación entre españoles de todo el territorio nacional al suprimirse el español como lengua vehicular del sistema educativo en todo el territorio del Estado.
Una medida que vulnera la Constitución pues ésta dispone que los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
9.- Esta futura normativa carece del exigible consenso pues no se ha abierto a recibir en la sede que corresponde, a ninguna clase de agrupación educativa, ya sea de profesores, asociaciones de padres, o expertos en materia de educación, lo cual, redundaría en una mejora de la calidad y libertad educativas para nuestros hijos.
Este colectivo de juristas también está prestando apoyo jurídico al movimiento ciudadano Mas Plurales que está organizando diferentes actos para dar a conocer la problemática de la Ley Celaá en todo el territorio español.
Miembros de Más Plurales tras haber presentado distintas enmiendas sobre la ley Celaa este viernes en el Senado.
COMUNIDAD EDUCATIVA Y PADRES, UNIDOS
Representantes de la Plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas del sector y diferentes organizaciones educativas vinculadas a la educación concertada, registraron este viernes en el Senado las propuestas de enmiendas dirigidas a los Grupos Parlamentarios que van a debatir la citada Ley Celaá.
El abogado Jesús Muñoz, portavoz de Más Plurales, asegura que se han presentado estas enmiendas «con un sentido constructivo y con el fin de mejorar el articulado de la Lomloe para adaptarlo al sentido y al contenido que, con palabras de la ministra, dice que tiene esta Ley, donde no cambia nada y donde se respeta la libertad de elección de las familias y se garantiza la existencia de los centros de Educación Especial».
Las propuestas de modificación presentadas son para los artículos 74, 86, 87, 88, 109, 116, 117 y las Disposiciones Adicionales Tercera y Cuarta, entre otros.
Jesús Muñoz es portavoz de Más Plurales.
Las enmiendas también están referidas a la correcta financiación de todos los centros sostenidos con fondos públicos (lo que implica a los colegios públicos, pero también a los concertados o a los de educación especial) así como a «la importancia de crear plazas de Educación Infantil de carácter público y de iniciativa social» ya que en la ley solo se habla de crear plazas públicas, denuncian.
Al mismo tiempo también inciden en la necesidad de «garantizar los recursos personales y económicos para escolarizar a todos los alumnos en todos los centros sostenidos con fondos públicos» ya que, subrayan, «hasta ahora, esta financiación es absolutamente desequilibrada en perjuicio de los centros concertados».
Estas propuestas de enmienda quieren hacer el contenido de la ley más dinámico, plural y abierta» porque con la redacción aprobada en el Congreso se trata de una ley «fuertemente intervencionista que promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo”.
CONTRA LA LIBERTAD DE ELECCIÓN DEL CENTRO
Por su parte, Antonio Amate, secretario general del sindicato mayoritario educativo FEUSO y uno de los portavoces de la plataforma ciudadana Más Plurales, cree que “la ley Celaá es la peor ley de la democracia. Ya la Ley Wert era mala, pero ésta por su proceder, sin ningún tipo de debate la supera”, apunta.
A su juicio, “Hay un ataque a la enseñanza concertada y en general a la libertad de enseñanza. El artículo 109 de la ley es importante, da las instrucciones sobre la programación de centros y quienes enseñarán en España”, apunta este experto.
En Mas Plurales se integran dieciséis organizaciones de carácter nacional. Quieren que se retire la Ley y para ello están realizando una campaña de firmas que ya está muy próxima de los dos millones de firmas.
Lo promueven organizaciones en su origen. Las dos patronales de la enseñanza concertada Escuela Católica y la CECEE dos grandes confederaciones de padres, CONCAPA y CONFAPA y los dos sindicatos mayoritarios del sector, sobre el 70% del total que son FEUSO y FSIE. Luego se han sumado otras organizaciones e incluso la patronal de centros educación especial.
Antonio Amate es secretario general del sindicato mayoritario educativo FEUSO.
Amate señala que “el Gobierno se ha negado a hablar con nosotros desde que empezó con su tramitación. Se omitió el dictamen del Consejo de Estado. Es la primera ley que no lo tiene aunque no sea preceptivo”.
También denuncia que “se han vetado por parte de los partidos promotores la comparecencia en la Comisión Educativa de personas y organizaciones para escuchar a la comunidad educativa”.
Sobre la tramitación de la ley Celaá cree que “ha sido irregular. Han acabado con 1100 enmiendas que tenia la ley en un solo día en la citada comisión Educativa. Para luego llevarla a Pleno a los cinco días”.
Desde este colectivo se muestra preocupación en la nueva redacción del articulo 109 de la citada norma donde se crea un derecho a la educación nuevo basado en la oferta pública de plazas”.
Al mismo tiempo en la citada Ley Celaá se habla de la supresión de los centros de educación especial “aunque digan ahora que no, por el escándalo que se ha generado en la sociedad por este tema, pero nosotros sabemos cuáles son las intenciones que mueve la ley”.
Desde este colectivo se ha pedido que si no se va a hacer lo de la supresión de los centros de educación especial que se deje el articulo 74 de ley tal y como estaba y quitar la disposición adicional cuarta: “Pero la actitud del Ministerio no está por la labor de suprimir dicha disposición. Las familias están en alerta por ello y van a luchar por evitar esa derogación”.
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