Una trabajadora de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares tuvo que hacer las maletas. No por una sanción, no por un traslado forzoso. Se fue porque con entre 1.200 y 1.300 euros al mes no podía permitirse vivir en Palma.
El presidente del propio tribunal, Carlos Gómez, lo contó hoy en el Parlament.
Sin eufemismos.
Era su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales para presentar la Memoria Judicial de 2025.
Pero la sesión derivó, inevitablemente, hacia un problema que lleva años enquistado y que los datos hacen difícil ignorar: la Administración de Justicia en Baleares no puede retener a sus profesionales. No porque no quieran quedarse. Porque económicamente no pueden.
El 58% son interinos. El dato lo dice todo
Gómez puso cifras sobre la mesa. El 58% de los funcionarios judiciales destinados en el archipiélago tienen plaza en régimen de interinidad. Más de la mitad.
Una proporción que no es solo un problema de estabilidad laboral —que también— sino que amplifica de forma brutal la cuestión salarial.
Los interinos cobran menos. Viven en uno de los territorios con el coste de vida más elevado de España. Y, cuando la ecuación no cuadra, se marchan.
El caso de la trabajadora del TSJIB no es una anécdota. Es el síntoma visible de una sangría silenciosa que, según Gómez, afecta a toda la carrera judicial de las islas.
Viviendas en la Ciudad de la Justicia
La solución no es sencilla. El propio magistrado lo admitió: «No tiene una sola solución». Pero apuntó a una que lleva tiempo rondando la conversación y que hasta ahora no ha pasado de ser una idea: que la futura Ciudad de la Justicia de Palma —cuyo proyecto de urbanización ya ha salido a concurso, aunque su construcción queda todavía a varios años vista— incorpore viviendas reservadas para funcionarios judiciales.
No es una ocurrencia de última hora. «Eso ya se habló y cada vez que viene el secretario de Estado de Justicia le digo que se tendrían que poner estas viviendas. El solar permite un edificio para esto», subrayó.
Una propuesta concreta, con terreno físico disponible, que sin embargo sigue esperando voluntad política para materializarse.
La brecha con Canarias
El otro frente abierto es el plus de insularidad. Baleares y Canarias comparten la condición de archipiélagos, comparten el encarecimiento estructural que implica vivir en islas, pero no comparten el complemento económico que el Estado reconoce a sus funcionarios.
La diferencia es injustificable, a juicio de Gómez, y la Sala de Gobierno del TSJIB ya ha movido ficha: ha pedido a sus dos vocales en el Consejo General del Poder Judicial que gestionen una reunión con el Ministerio de Justicia para abordar la equiparación.
«Es necesario que nos equiparen con Canarias, de otro modo no saldremos de esta», dijo el magistrado. Y añadió algo que resume bien la frustración acumulada: «No sé si lo conseguiremos o no, pero estamos encima.»
Llevan años estando encima. La pregunta es cuántas trabajadoras más tendrán que hacer las maletas mientras tanto.
