Navas & Cusí ha presentado una queja ante la unidad de Derecho de los Consumidores de la Comisión Europea en nombre de 12 consumidores desahuciados. La queja manifiesta que el art. 149 de la Ley 41/2007 de 7 de diciembre permite eximir al banco de comunicar al hipotecario la cesión de su préstamo a un tercero.

Abogados de experiencia en diversos sectores empresariales focalizados en el eje Madrid-Bilbao y Sevilla se han integrado en la firma Iter Law & Partners, un nuevo modelo de despacho de autor con enfoque sectorial que surge de la especialización de sus socios.

El bufete internacional DLA Piper ha presentado en España su programa WIN, What InHouse Lawyers Need, volcado a ofrecer a sus clientes actividades formativas en las llamadas soft skills, habilidades sociales.

El Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España reclaman al Gobierno que apruebe con urgencia las 103 medidas acordadas por la Subcomisión de Justicia del Congreso de los Diputados para colocar de una vez a la Justicia entre las prioridades del Estado.

Tras el fallecimiento en la ciudad de Tempe (Arizona) de una mujer arrollada por un coche autónomo de la plataforma digital Uber, un Volvo XC90, se disparan los comentarios sobre qué tipo de responsabilidades se podrían derivar de ese suceso luctuoso.

Esta mañana se ha presentado en sociedad el ebook "Abogada, el papel de la mujer en la Justicia", un libro electrónico donde 23 mujeres de distintos ámbitos de la Justicia narran su visión sobre el la falta de igualdad real que existe en sus respectivas carreras y profesiones entre hombres y mujeres

Juan Picón anunciaba a finales del año pasado que dejaba DLA Piper para incorporarse a Latham & Watkins. Hace unos días desembarcaba como socio director en las oficinas de esta firma internacional en Madrid, uno de los despachos más relevantes de la abogacía de los negocios, líder de la salidas a bolsas en EEUU.

15 diputados de distintos grupos políticos, haciendo un uso inédito del Reglamento de la Cámara, han firmado y registrado una iniciativa parlamentaria para generalizar el uso de demandas colectivas y agrupadas contra los "fraudes sistémicos", rompiendo la actual normativa que data del 2009.