La "Resistencia" contra LexNet, en la Academia de Jurisprudencia

La «Resistencia» contra LexNet, en la Academia de Jurisprudencia

9 / 05 / 2016 05:57

Actualizado el 09 / 05 / 2016 06:22

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación será el escenario en el que la «Resistencia» contra LexNet desvelará, el próximo jueves 12 de mayo, los «puntos negros» del sistema y explicará por qué el sistema es discriminatorio, por qué no satisface las necesidades de los los Juzgados y por qué está mal diseñado.

Será en una jornada que comenzará a las 16.30 bajo el título «LexNet: Propaganda y realidad (La distancia entre una buena idea y un pésimo invento)». En la misma intervendrán José Muelas Cerezuela, decano del Colegio de Abogados de Cartagena y experto en nuevas tecnologías, Susana Gisbert Grifo, fiscal portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia y fiscal de Violencia sobre la Mujer, Jaime Vegas Torres, catedrático de derecho procesal de la Universidad Rey Juan Carlos, Emilio Rafael Cobos Cereceda, abogado y colaborador del Colegio de Abogados de Madrid como formado de Lexnet, Juan Carlos Ramiro Iglesias, director del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad y vicepresidente de la Fundación de Tecnología Social, y Javier De la Cueva González-Cotera, abogado y doctor en Filosofía.

Una jornada que presidirá y moderará Andrés de la Oliva Santos, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense y académico de número de esa institución.

«Vamos a dar una visión general de por qué es peligroso el sistema», explica Muelas a Confilegal. «Queremos explicar cómo se puede, a través del código informático, alterar el normal funcionamiento del sistema. Cómo es posible introducir requisitos que no están en la ley. Qué tipo de información se puede obtener a través de los metadatos», añade.

Muelas es autor de «Los siete pecados de LexNet», una publicación que afirma que este sistema informático atenta contra la independencia del poder judicial, que es opaco, viejo, no neutral, un impuesto en especie que grava a los profesionales de la justicia y que es una herramienta discriminatoria.

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