El Parlamento de Indonesia ha aprobado una modificación a la Ley de Protección a la Infancia que contempla la castración química, la imposición de la pena de muerte, el control electrónico a distancia y sentencias mínimas de cárcel de diez años.
El pasado miércoles, seis meses después de que hubiera sido propuesta por el presidente Joko Widodo, la reforma fue aprobada por la Cámara de Representantes.
La nueva reforma también permite a los jueces imponer a los pederastas la pena de muerte, controlarlos electrónicamente y aplicarles un mínimo de 10 años de cárcel por delitos sexuales contra los menores.
Es la respuesta política a la violación en grupo y el asesinato de una adolescente de 14 años, Yunyun, ocurrido el pasado mes de abril.
La joven regresaba del colegio cuando 12 hombres y adolescentes del pueblo de Kasiah Kasubu, en Sumatra, la secuestraron. Su cuerpo fue encontrado entre la maleza, desnudo, apaleado y con las manos atadas a la espalda, tres días más tarde.
Fue un suceso que estremeció a todo el país y que llevó al presidente Widodo a tomar estas medidas.
«Los crímenes sexuales contra nuestros niños y niñas son crímenes extraordinarios, porque amenazan sus vidas», declaró un mes más tarde, cuando anunció la imposición de estas medidas por decreto ley, que ahora ha aprobado definitivamente el parlamento por mayoría.
NO FUE UNÁNIME
La reforma no fue aprobada de forma unánime. Al contrario los dos principales partidos de la oposición votaron en contra.
Las organizaciones nacionales de defensa de derechos humanos, también han criticado las nuevas medidas, con el discurso de que la violencia puede acabar con la violencia.
«Otros países que tienen la castración química no han visto una reducción en los delitos sexuales contra los menores», declaró Azriana Ranbe Manalu, presidenta de la Comisión Nacional para las Mujeres, uno de los grupos más prominentes de defensa de los derechos humanos de Indonesia. «Es un procedimiento muy caro. Desde nuestro punto de vista, deberíamos invertir nuestro dinero en servicios para apoyar y ayudar a las víctimas».
La ministra para el Empoderamiento de las Mujeres y la Protección de la Infancia, la doctora Yohana Susana Yembise, declaró que el gobierno estaba «rezando» para que los castigos «tengan el efecto deseado».
«Ahora que tenemos los castigos más duros: la pena de muerte, la cadena perpetua, la castración química, le identificación pública de los perpetradores y los ‘chips’ electrónicos. Esto ahora son ley, así que incluso si se odia la idea, todo el mundo tiene que apoyarla», añadió.
La Asociación Médica de Indonesia -equivalente a la Organización Médica Colegial española- ha hecho un comunicado advirtiendo que la administración de la castración química podría violar la ética profesional y anunciando que sus colegiados no se prestarían a ello.
La castración química que se impondrá en un futuro en Indonesia consiste en la inyección de hormonas femeninas a los convictos, de la misma manera que ya se hace en Polonia, Corea del Sur, Rusia y algunos estados de los Estados Unidos. En el Reino Unido es voluntario.
