Xiol, magistrado del Constitucional, reclama un esfuerzo al Parlamento para concretar el alcance de derechos fundamentales en Internet

Xiol, magistrado del Constitucional, reclama un esfuerzo al Parlamento para concretar el alcance de derechos fundamentales en Internet

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07/9/2014 15:20
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Actualizado: 18/2/2016 12:05
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El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Juan Antonio Xiol, reclama al Parlamento un «esfuerzo legislativo» para concretar el alcance del derecho a la libertad de expresión, al honor, a la intimidad y la propia imagen en Internet y en las redes sociales.

Con motivo de su participación en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en un encuentro sobre Periodismo y comunicación y Derecho celebrado el pasado viernes, Xiol explicó que son «bastante frecuentes» las demandas de ciudadanos por la vulneración del derecho al honor, la intimidad o la propia imagen en las redes sociales e internet.

De hecho, y en declaraciones realizadas a los medios de comunicación antes de clausurar este encuentro en la UIMP, ha señalado que ocupan un «porcentaje alto» del total que se reciben en la Sala Primera del Tribunal Supremo, de la que fue presidente.

Así, ha mencionado que estas demandas las presentan «especialmente, quizás, algunos colectivos sociales que pueden sentirse en algún momento especialmente sensibles».

A este respecto, ha mencionado a las personas famosas o «celebridades» y a los políticos, que «lógicamente ocupan un segmento «especialmente sensible porque están sometidos a la crítica inherente al ejercicio a la libertad de expresión y comunicación».

Y también ha citado a ciudadanos que no pertenecen a estos grupos, pero que en algún momento «pueden encontrarse en situaciones en las que se sienten agredidos por parte de otro ciudadano que publica, por ejemplo, datos referidos a su intimidad»,

Por ello, ha considerado «necesario» que el legislador, «que ya lo está haciendo, vaya haciendo un esfuerzo para ir estableciendo y concretando reglas que permitan conocer con más seguridad» cuál es el alcance de todos estos derechos en el uso de las redes sociales.

Así, ha sostenido que la irrupción de las nuevas tecnologías y las redes sociales es «muy reciente», pero que los problemas que surgen en los conflictos entre el derecho a la información y a la libertad de expresión, con respecto a los demás derechos, todos ellos recogidos en la Constitución, son «los mismos».

«Los principios son los mismos, lo que ocurre es que es necesario adaptar la mentalidad al uso de esas nuevas tecnologías porque a veces lo que ocurre es que cuando usamos esas tecnologías nos creemos al margen del Derecho y al margen de las leyes existentes», ha asegurado.

El magistrado ha considerado que «no es lícito ampararse en el cierto anonimato, que muchas veces es menor de lo que se supone» en las redes sociales, «para realizar agresiones o vulneraciones de estos derechos que de otra forma serían impensables».

La autorregulación de la prensa

Xiol, que no ha querido pronunciarse sobre el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de consultas catalana presentada por el Gobierno central ni sobre la petición del PSOE de reformar la Constitución, también ha sido preguntado por si cree que los medios de comunicación pueden autorregularse como vía de convivencia entre estos derechos. En este sentido, ha considerado que «fiar la regulación a la aprobación de un código ético no es realista».

«Creo que, fundamentalmente aquí, el papel decisivo lo tienen los tribunales. Eso no significa que en algún momento, sobre todo en algún punto concreto, pueda haber una reflexión por parte de quienes fundamentalmente se dedican a estas materias –en alusión a la prensa– para adoptar alguna pauta», ha relatado, a pesar de que «constitucionalmente sería posible».

En cambio, sí cree que es «fundamental que exista una jurisprudencia segura que vaya marcando las pautas». «De hecho, yo creo que la Sala Primera del TS ha contribuido a aumentar el grado de seguridad jurídica en esta materia porque un tribunal siempre lo hace ponderando las circunstancias sobre casos reales, haciéndolo también mediante la aplicación de principios jurídicos», ha comentado.

Por el contrario, ha asegurado que la aprobación de un código ético periodístico «depende, muchas veces, o puede depender, de grupos de intereses, de qué colectivos intervienen o no intervienen».

«Y, por lo tanto, tampoco nace con ese grado de autoridad, salvo que fuera posible, lo cual a mí me parece difícil, una absoluta unanimidad y total participación por parte de quienes están especialmente interesados en esta materia», concluyo. (EP).

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