La presunción de inocencia, un derecho fundamental
Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esta frase, que escuchamos en muchas películas es un derecho fundamental que tenemos todos como ciudadanos libres.
El derecho a la presunción de inocencia es una de las garantías más esenciales y relevantes con las cuenta el ciudadano cuando se ve inmerso en un proceso judicial.
La presunción de inocencia fue una conquista de la Ilustración; figuró en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y está en la Constitución española de 1978, concretamente, en el artículo 24, apartado 2.
Por eso, la “presunción de inocencia” es un principio constitucional que ampara un derecho fundamental inviolable. ¿Pero qué quiere decir exactamente eso de la “presunción de inocencia”? Dicho de forma sencilla, significa que todo español es en principio inocente de cualquier delito que se le impute hasta que se demuestre su culpabilidad.
Corresponderá a los fiscales y las distintas acusaciones demostrar la culpabilidad de cualquier acusado. Y, en última instancia, el juez tendrá que decidir si existen pruebas suficientes para condenarlo o no. Si el juez no está seguro deberá argumentarlo en la correspondiente sentencia y dictar un fallo absolutorio.
Hoy nadie la discute, en teoría la existencia de la presunción de inocencia, pero en los medios de comunicación, audiovisuales y escritos, aparecen constantemente presuntos asesinos, presuntos ladrones, presuntos violadores o presuntos terroristas. Y hay gente que va más allá, e incluso, subraya, en plan garantista, lo de presunto y se plantean… ¿Son presuntos culpables del delito del que se les acusa o presuntos inocentes hasta que no medie sentencia firme? La respuesta es sencilla… la presunción siempre debe ser de inocencia, y nunca de culpabilidad. Y esto es muy importante.
Los ciudadanos hemos tardado siglos en conseguir el derecho a la presunción de inocencia, al igual que a no declarar contra nosotros mismos o a no confesarnos culpables. Esto nos garantiza un proceso justo, en el que se respetan todas las garantías procesales….La defensa de esos derechos nos compete a todos y es algo que debemos mantener.
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