Probablemente ningún ministro de Justicia de la democracia, ha encontrado al hacerse cargo del Ministerio, un panorama más complicado que el que va a encontrar el nuevo ministro Rafael Catalá.
Se hace difícil recordar una gestión más negativa para la Justicia que la realizada en los tres últimos años, en los que no se han tomado medidas para paliar la inmensa sobrecarga de trabajo de Juzgados y Tribunales, incrementada además como consecuencia de la crisis económica y con el inevitable resultado de un mayor retraso, en la tutela de los derechos de la ciudadanía.
A esa ciudadanía, a la que se ha dificultado aún mas, el acceso a los Tribunales, imponiéndoles unas tasas absolutamente desproporcionadas, sin mejorar tampoco de ninguna manera, la asistencia jurídica gratuita para los más desfavorecidos económicamente.
A ello ha de añadirse anuncios de reiteradas reformas, que meses después desaparecían o quedaban paralizadas. Desde un anuncio de Código Procesal Penal, presentado como la gran panacea para resolver los problemas de la jurisdicción penal, que ni siquiera ha llegado a convertirse en Anteproyecto, a un proyecto de Código Penal en trámite parlamentario, cuyo futuro es incierto, y en el que se contemplan figuras de dudosa constitucionalidad, como la prisión permanente revisable.
Es imprescindible que el nuevo Ministro, cuyo talante negociador es conocido, inicie un diálogo con todos los operadores jurídicos, sociales y políticos.
La necesaria reforma de la Justicia, que debe hacerse, exige altura de miras y un imprescindible Pacto de Estado, priorizando las necesidades y soluciones con realismo y sin falsas promesas.
Es esencial, desde esa perspectiva de búsqueda de consenso, abordar los múltiples problemas que aquejan a la Justicia, tanto en su día a día, como estructuralmente. Y en ese escenario resulta imprescindible la derogación de la Ley de Tasas y la retirada del Anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como está actualmente formulado, que ha suscitado la crítica unánime, no solo de la comunidad jurídica, sino de amplios sectores sociales, al contemplar propuestas tales como la supresión de los partidos judiciales, alejando aun más a los ciudadanos de la Justicia, o introduciendo figuras como la jurisprudencia vinculante, de cuya constitucionalidad puede fundadamente dudarse.
La creación de nuevas plazas judiciales; una política adecuada de sustituciones; el rechazo de la privatización del Registro Civil, una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita o la devolución al Consejo General del Poder Judicial de su diseño y competencias, son algunas de las primeras cuestiones que debería abordar el Ministro en la ardua tarea que le espera, y para la que contará con el esfuerzo de todos, ya que en definitiva, ello redundará en beneficio de la tutela de los derechos y libertades.
