En las próximas 48 horas van a comparecer ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Los dos van a lo mismo. A presentar a los representantes del pueblo las memorias de las respectivas instituciones. Todo esto estaría muy bien si no fuera que las mencionadas memorias ¡corresponden a 2013!
Estamos poco más de cinco semanas de entrar en el 2015.
¿Realmente tiene algún interés para los señores diputados los datos contenidos en la memoria de 2013 del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado?
¿Quieren saber la respuesta, cruda?: ninguno. Seamos realistas y sinceros.
Lo más probable es que sus señorías, en ambas sesiones, comiencen a preguntar al uno y al otro sobre asuntos de pura actualidad.
Una de las preguntas será, con toda seguridad, el modelo de financiación de las asociaciones judiciales. Y partirán del informe del Tribunal de Cuentas del 2010, hecho público el pasado mes de julio. Dicho informe contiene datos de otro tiempo, otro lugar que no se corresponden con la realidad, cuatro años después. Pero pasará.
Y también preguntarán sobre “la querella” contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consejera de Educación, Irene Rigau, presentada por la Fiscalía.
Serán los diputados de CiU y de ERC los que animen el cotarro.
“Señor presidente del Consejo”, le preguntarán, por ejemplo, “¿ha dado usted alguna orden al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, para que acelere la admisión de las 22 denuncias y querellas presentadas contra Mas?”. “¿Le informan diariamente desde el TSJC de cómo van las cosas?”. “¿Se lo cuenta usted al ministro de Justicia?”.
Con Eduardo Torres-Dulce la cosa será, incluso, más dura. Con más aristas: “¿Le dio órdenes directas el presidente Rajoy para presentar la querella contra Mas?”. “¿Quién, del PP, le redactó a usted la querella que finalmente se ha presentado en el TSJC?”. “¿Por qué no ha respetado usted la opinión de los fiscales catalanes, que no veían delito alguno?. “¿Por qué no presenta usted la dimisión, señor fiscal?”.
Y cosas por el estilo.
Nada que ver con el motivo real de la comparecencia, que es hablar del estado de la Administración de Justicia y de la Fiscalía.
Porque los datos contenidos en ambas memorias –y todos lo saben- están obsoletos.
A eso hay que añadir, además, que sus señorías del Congreso de los Diputados suelen dejar para noviembre o diciembre las comparecencias de la primera autoridad de la Justicia y del número uno de la Fiscalía.
Mucho interés no le ponen, para decir verdad.
¿Y por qué se hace así?, se preguntarán. Respuesta: La Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en 1985.
En su artículo 181 dice que el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo presentará, al inicio del año judicial –es decir, en septiembre- la memoria anual “sobre el estado, funcionamiento y actividades de los Juzgados y Tribunales de Justicia”. Es el punto 2 de ese artículo.
Y en el punto 3, se dice que el Fiscal General del Estado leerá también en ese acto su memoria anual. No es que tenga que leerla toda.
No hay que tomar la redacción al pie de la letra. ¿Se imaginan? Eduardo Torres-Dulce leyendo la memoria de la Fiscalía durante un día entero, sin parar, con todos los puntos y comas, sin poder ir al servicio. Sin poder comer.
Como James Stewart en “Caballero sin espada”, en lo que en apariencia hubiera pasado, sin duda, como un ejercicio de filibusterismo político en el corazón del Tribunal Supremo.
No, el sentido común te dice que el discurso del fiscal general tiene que ser una síntesis, con los datos más relevantes. Que es lo que hacen los fiscales generales del Estado todos los años, en torno al 15 de septiembre, en el acto solemne de apertura de tribunales, que preside el S.M. el Rey.
En conclusión, tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Fiscalía General del Estado no tienen más remedio que tener preparada su memoria para la fecha citada.
Ni antes ni después. Tiene que ser en septiembre. Porque lo dice la LOPJ.
¿A ningún diputado se le ha ocurrido, me pregunto, modificar ese artículo 181?
Es una Ley Orgánica, lo sé. Pero es que el PP tiene 187 diputados, y el PSOE, 110.
Entre los dos suman 290 votos. Suficientes para hacerlo sin problemas ni contratiempos. En un ratico.
El articulado podría modificarse por otro que estableciera que la memoria del año anterior tendría que estar terminada en el primer trimestre del siguiente año, por ejemplo. O semestre. Pero no en septiembre, como ahora.
Así de fácil. Pero para que eso tan simple ocurriera esto de la Justicia, y también la Fiscalía, tendría que importarle a alguien.
Me temo que no mucho.
A las pruebas me remito.
