Martínez Tristán, vocal del CGPJ, dio su “ok” a la colaboración con INDRA
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25/2/2015 00:00
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Actualizado: 30/3/2021 14:10
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Gerardo Martínez Tristán, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dio su conformidad, en noviembre de 2011, para que jueces y magistrados de la Comunidad Autónoma de Madrid colaboraran con INDRA, cuando era miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El CGPJ fue informado oficialmente de esa colaboración en 2012.
Martínez Tristán actualmente forma parte de la Comisión Permanente del CGPJ, que envió el caso al promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero.
Esta Comisión dio órdenes al Servicio de Inspección para investigar el asunto, entrevistando a los magistrados y jueces que participaron en los trabajos, tarea que están llevando a cabo en estos momentos.
Como miembro de la Sala de Gobierno del TSJM –el máximo órgano jerárquico de los jueces de la Comunidad de Madrid-, el actual vocal del CGPJ estaba al tanto de todo el asunto, según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso Confilegal.
Se desconoce si Martínez Tristán informó al presidente, Carlos Lesmes, y a sus 4 compañeros de la Comisión Permanente de su participación en aquella toma de decisión durante la reunión extraordinaria que celebró dicha Comisión el pasado lunes.
La Sala de Gobierno del TSJM la componían Francisco Vieira, como presidente, Gerardo Martínez Tristán, como presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, Juan Miguel Torres Andrés, como presidente de la Sala de lo Social del TSJM, Ana Ferrer, como presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, y José Luis González Armengol, como juez decano de los Juzgados de Madrid, todos ellos miembros natos.
Como miembros electos figuraban Antonio Viejo Lorente, titular del Juzgado de Instrucción 20 de Madrid, Isabel Ferrer-Sama Pérez, magistrada-juez de Primera Instancia 19 de Madrid y su colega Emma Cobo García, magistrada-juez del Juzgado de lo Social 29 de Madrid.
Aquella Sala de Gobierno del TSJM acordó, el 28 de noviembre de 2011, por unanimidad, designar a los magistrados que debían formar parte de los grupos de trabajo para encargarse de «labores de adaptación y diseño de los sistemas procesales de gestión y en la preparación de la administración electrónica en el ámbito de la Justicia».
Fue, por lo tanto, una decisión colegiada, tomada por sus ocho miembros con derecho a voto.
Siete días antes, desde esa misma Sala de Gobierno, se había hecho una convocatoria pública a todos los jueces y magistrados que pudieran estar interesados en participar “en los equipos que la Consejería de Presidencia y Justicia y el ICM (Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) quieren constituir por cada jurisdicción”.
“Fue un ofrecimiento público”, recuerda uno de los magistrados que tomaron parte en los grupos de trabajo. “Se hizo todo de forma transparente. Se nos seleccionó en base al mérito y capacidad de cada uno de los candidatos. Y después se produjo el nombramiento. Quien quiera encontrar algo oscuro en todo esto le digo que este no es el lugar”.
De la misma forma, se hizo con los secretarios judiciales. Una de ellos, Aurelia González Tejerina, secretaria judicial de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, amiga del entonces presidente de esa Sala en el TSJM, Martínez Tristán, formó parte de uno de los grupos de trabajo.
El 28 de noviembre de 2011 citado, el secretario de Gobierno del TSJM, José Palazuelos Morlanés, emitió una certificación del “acuerdo número 51 de la Sala de Gobierno” con orden de comunicarlo “al Consejo General del Poder Judicial, a la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid y a los magistrados designados”.
El Consejo General del Poder Judicial se dio por enterado por carta remitida al TSJM el 16 de enero de 2012, con Referencia CMI-20120116-09, en la que, además, se informaba que la iniciativa había sido vista en la Comisión de Modernización e Informática del CGPJ, que se reunió, precisamente, ese mismo día.
“Habiendo acordado sus vocales que se mantenga informada a la Comisión sobre el progreso de los trabajos”, dice la misiva.
No queda, por lo tanto, ninguna duda de que el órgano de gobierno de los jueces estuvo informado desde el principio de la colaboración del TSJM con ICM y la Consejería de Presidencia y Justicia, que en aquel 2011 ocupaba Regina Plañiol de Lacalle, antecesora del actual, Salvador Victoria.
Tampoco queda ninguna duda sobre los objetivos a conseguir. INDRA había obtenido la adjudicación de un concurso público para adaptar y diseñar los sistemas procesales de gestión y la preparación de la administración electrónica en el ámbito de la justicia. Era un producto muy específico que requería la Consejería de Presidencia y Justicia y que llevaría cabo en coordinación con ICM.
Sin embargo, INDRA no podía llevarlo a cabo sin la participación de aquellos que debían utilizar el nuevo sistema informático. “Los informáticos no saben de justicia. Tiene que haber gente que les diga cómo es el flujo de trabajo, sus especifidades y peculiaridades, para llevarlo a cabo. Hay que determinar cómo se tramita un procedimiento, analizarlo y adaptarlo al plano informático”, añade el magistrado.
“Ha sido un trabajo muy grande. Muy intenso. Entre 2012 y 2013 tuvimos, al menos, 50 reuniones de trabajo cada grupo. Lo formábamos un juez, un secretario y un gestor. Y la reunión era con dos o tres personas de ICM y una persona de INDRA. Entonces poníamos en común lo que habíamos trabajado en casa”, remacha.
En opinión de la multinacional española, la participación de los jueces era imprescindible.
Los magistrados cobraron en dos veces sus retribuciones que, según había comunicado el TSJM, serían equiparables “a la que corresponde por participar en actividades de formación”. Una en mayo y otra en junio de 2013. Algunos de ellos todavía continúan su colaboración con INDRA e ICM, solucionando los flecos pendientes.
Fue entonces cuando los magistrados se dieron cuenta de que la empresa que abonaba sus emolumentos no era ICM sino INDRA. Lo lógico es que hubiera sido la propia Consejería de Presidencia y Justicia o ICM, empresa pública ciento por ciento, la “pagadora”.
INDRA no ha querido hacer ningún comentario a Confilegal sobre porqué habían tenido que pagar ellos a los jueces, remitiéndonos a las explicaciones dadas a El País del pasado 22 de febrero: “INDRA ha pagado a los jueces que [la Consejería de Presidencia y Justicia] nos han dicho que pagásemos y las cantidades que nos han comentado que demos a cada uno”.
La Consejería de Presidencia y Justicia sí ha querido explicarse. Y afirman que no se ha hecho nada irregular. «Así estaba contemplado en los pliegos del concurso que ganó INDRA. Como adjudicataria, debía contar con los jueces y magistrados para la elaboración de las complejas plantillas de los diferentes órdenes jurisdiccionales. Le correspondía a INDRA, por lo tanto, establecer las condiciones de la relación laboral para este trabajo», explican fuentes oficiales de la Consejería.
«Como consecuencia de esta relación no se ha producido ningún incremento en el presupuesto. Y no entendemos que se quieran sacar las cosas de quicio. El trabajo que los jueces y magistrados y demás juristas han realizado se ha hecho a conciencia y bien. Ha requerido la inversión de muchas horas de trabajo y dedicación en grupo. Aquí no se ha primado a nadie. Y no vemos de qué otra forma podría haberse realizado sin la participación de los que van a ser los usuarios finales, que son los que conocen la materia», terminan diciendo las mismas fuentes.
Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, la función de juez es incompatible “con todo empleo, cargo o profesión salvo la docencia o investigación jurídica, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de aquella”.
Los trabajos de los magistrados encajarían perfectamente en la producción y creación científica y técnica y requieren un esfuerzo que, para nada, puede considerarse de asesoramiento puesto que implica la adaptación práctica y el mejoramiento del sistema informático de Justicia, por lo que no se consideró que tuvieran que pedir la compatibilidad al CGPJ.
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