“El Ministerio de Economía y Competitividad no ha pretendido ‘descolegializar la profesión de abogados. Con el proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales nosotros queríamos incidir en el Colegio como una organización al servicio del ciudadano, como un medio para ejercer la función”, explicó Miguel Temboury, subsecretario del Ministerio de Economía, a los abogados reunidos en Vitoria.
“Nosotros entendíamos que en el texto había un compromiso que era relativamente razonable, que era excluir a aquellos abogados que ni representaban ante los tribunales ni representaban a clientes frente a negociaciones o a negociaciones frente a terceros. Esos evidentemente no tienen obligación. Lo que no quiere decir que no tengan posibilidad”, añadió Temboury, en el curso de su intervención en la mesa redonda “Incidencia de la nueva legislación en el ejercicio profesional”, del XI Congreso Nacional de la Abogacía que se está celebrando en Vitoria.
El proyecto de Ley de Servicios Profesionales había creado una fuerte resistencia y rechazo entre los abogados españoles. El pasado verano, centenares de letrados, representantes de las Juntas de Gobierno de los 83 colegios de abogados de toda España y sus 10 consejos autonómicos, se manifestaron vestidos de toga en Madrid, en un acto sin precedentes, de protesta.
Los abogados rechazaron la injerencia de la Administración en el funcionamiento de los colegios, la imposición de cuotas en un máximo de 240 euros anuales, obtenida sobre la base de un “método de cálculo totalmente erróneo”, según Carlos Carnicer, presidente de la Abogacía Española.
De haberse aprobado en esta legislatura hubiera resultado en la supresión de entre 4.000 y 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos, debido a la reducción obligada de las cuotas profesionales.
Debido a esa resistencia —y al hecho de que 2015 es un año electoral—, el Ministerio de Economía, cuyo titular es Luis de Guindos, decidió aparcarlo “sine die”.
Según De Guindos, esta es una de las reformas que Europa pide con insistencia a España, después del rescate bancario de 40.000 millones de euros de 2012.
“Somos conscientes de que este proyecto de ley, por diversas razones, tiene aspectos controvertidos”, añadió Temboury. “También hemos esperado a ver cómo reaccionaba la Comisión Europea. Precisamente, hemos tenido conocimiento hoy de que es posible que la Comisión nos abra un procedimiento de infracción en la materia de los procuradores”, reveló el número 2 de De Guindos, escogiendo con mucho cuidado y lentitud cada palabra que pronunciaba.
“¿Y eso qué quiere decir? Que una ley que era una respuesta, que nosotros creemos que adecuada, y en la que teníamos la iniciativa, pues ahora tenemos una iniciativa distinta. Estamos bajo una supervisión distinta”.
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Entre los espectadores se encontraba Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía Española, una de las personas que más ha combatido ese proyecto de Ley. Escuchaba atentamente.
El Gobierno, en este tipo de proyectos, intenta tener todos los intereses en juego. Los intereses de la profesión, los intereses de los clientes, los intereses de la Comisión Europea y las instancias internacionales. Hoy día podemos hacer una ley un poco distinta. Pero la ley es indispensable, para generar la disciplina de la profesión, para asegurar su deontología, para asegurar su responsabilidad”, terminó su discurso, con la misma lentitud y cuidado con el que había comenzado, sabedor que estaba ante un auditorio atentado a cada una de las palabras que salían de sus labios.
