Magdalena Such Ferrándiz, la exsecretaria judicial interina que impulsó una batería de denuncias contra la juez Begoña Tárrega ante el TSJCV, el CGPJ, el Promotor de la Acción Disciplinaria e incluso ante la Inspección de Trabajo, ha sido nombrada magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Alicante a propuesta de la Sala de Gobierno del TSJCV y de su presidenta, Pilar de la Oliva.
Such Ferrándiz formaba parte de la bolsa de candidatos a magistrados suplentes -que está formada por abogados- de la provincia de Alicante. El pasado 19 de julio se nombraron a 13 de ellos para el próximo año, pero renunciaron cuatro. Al suceder esto, corrió la lista y en septiembre se propusieron cuatro más, entre los que se encontraba ella.
La Comisión Permanente del CGPJ ratificó, el 10 de septiembre pasado, el nombramiento propuesto por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), sobre la base de un acuerdo unilateral de la presidenta, PIlar de la Oliva.
En 2014, la nueva magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Alicante llegó a presentar hasta 10 escritos pidiendo la suspensión de sueldo y empleo, durante seis meses, de la jueza Begoña Tárrega, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Villajoyosa, Alicante, en el que Such Ferrándiz prestaba también sus servicios.
Varias funcionarias interinas secundaron la acción, lo que supuso una pesadilla de 14 meses para la jueza.
La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomó cartas en el asunto y tras una serie de procesos exhaustivos, eximió a la juez de cualquier tipo de responsabilidad y archivó tanto el expediente disciplinario que se abrió, como las cuatro informaciones previas.
La jueza Tárrega estaba «limpia”, concluyeron finalmente los vocales miembros de la Disciplinaria.
Ahora se puede dar la paradoja de que la nueva magistrada suplente, la persona que desató una pesadilla para esta juez, pueda conocer sus sentencias cuando lleguen en apelación a la Audiencia Provincial.
Aunque no encajaría en el supuesto contemplado en el 219.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que contempla las causas de abstención y recusación para los jueces, ya que no sería parte, sí que podría encajar en el fondo: la enemistad manifiesta. Desde el punto de vista estético no se sostiene y, desde el práctico, mucho menos.
El comienzo de todo
Las desavenencias entre Such Ferrándiz y Tárrega comenzaron cuando la jueza descubrió que la secretaria judicial había ejercido como abogada en el partido judicial en tres procedimientos en un periodo en el que no podía hacerlo.
De acuerdo, con la jueza, Such Ferrándiz había incurrido en una incompatibilidad manifiesta prevista en los artículos 393 y 495 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, que considera una falta muy grave el hecho de que un secretario judicial desempeñe su puesto de trabajo en “las Oficinas Judiciales de una Audiencia o Juzgado en el que hayan ejercido la Abogacía o el cargo de Procurador en los dos años anteriores a su nombramiento”.
Está taxativamente prohibido.
Such Ferrándiz se libró del expediente, y sus consecuencias, renunciando a su cargo de secretaria judicial interina. Fue archivado por «falta de causa».
Pero se apuntó en la bolsa de magistrados suplentes.
Denuncia ante la presidenta
Cuando la jueza Tárrega presentó su denuncia contra Such Ferrándiz lo hizo ante la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva. Ésta le abrió unas diligencias informativas y lo elevó al Promotor de la Acción Disciplinaria.
Ahora la propuesta de la presidenta, que tomó la decisión de incluir a Such Ferrándiz, y de la Sala de Gobierno del TSJCV, presentada ante la Comisión Permanente del CGPJ, han creado este escenario insólito.
La presidenta De la Oliva sabía quién era Such Ferrándiz y el papel que había jugado en el conflicto con la juez de Villajoyosa el año pasado y mantuvo a la abogada en la lista de magistrados suplentes de la Audiencia Provincial de Alicante, pudiendo haberla retirado.
La Sala de Gobierno, por su parte, desconocía esta circunstancia, según ha podido saber Confilegal.
Desde el TSJCV mantienen que todo el procedimiento se llevó a cabo de forma automática: «El presidente de Alicante solicitó al CGPJ, a través de la sala de gobiernom 31 plazas. El CGPJ aprobó 26, que se publican en el BOE. Es decir, por orden sucesivo se va llamando a los 26 para que cubran las necesidades. Ese llamamiento personal se hace desde la secretaría de la Audiencia Provincial de Alicante. Como 26 no fueron suficientes, entre otras cosas porque cuatro de los seleccionados renunciaron, se pidió una ampliación de seis nuevos sustitutos, siguiendo la lista. Esa ampliación se aprobó el pasado jueves por la comisión permanente del CGPJ. La presidenta no conoce los nombres de las personas. Ni a quién o quiénes les corresponde el nombramiento».
Lo más lógico habría sido destinar a Such Ferrándiz como jueza sustituta a cualquier partido judicial de la provincia de Alicante, exceptuando Villajoyosa, y no a la Audiencia Provincial, con las previsibles consecuencias conflilctivas relatadas con anterioridad.
A este hecho se suma otro factor adicional: la exconsejera de Turismo en el Gobierno de Francisco Camps, Ángélica Such, es prima hermana y cuñada de la nueva magistrada suplente, y está siendo juzgada por el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, dentro del caso Fitur –la segunda pieza del Gürtel-, que preside precisamente Pilar de la Oliva.
