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La Obsolescencia Programada, un fraude tecnológico al consumidor

Javier Puyol es abogado y socio de ECIXGroup.Javier Puyol es abogado y socio de ECIXGroup.
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Hoy en día, es un hecho fácilmente constatable que el fraude al consumidor abarca una amplia gama de prácticas engañosas y fraudulentas que van desde la publicidad, la comercialización, la venta y/o el suministro de toda clase de bienes o servicios. El fraude al consumidor tiene múltiples manifestaciones, pero habitualmente se produce cuando un producto o servicio no funciona en la forma en la que se anuncia o fue representado para llevar a cabo.

El fraude al consumidor también puede materializarse cuando una compañía cobra una cantidad excesiva o de manera inapropiada a los consumidores por un producto o servicio, el cual tiene cargas ocultas, o indebidamente impone términos y condiciones ambiguas, injustas o excesivas a la hora de formalizar un contrato.

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Recientemente nos hemos encontrado con el escándalo del Grupo Volkswagen.

Es un hecho obvio que el daño al patrimonial de la marca es de miles de millones de dólares. Quizá, guardando un poco las dimensiones, la crisis de Volkswagen se podría equiparar con el escándalo que vivió en el pasado la consultora internacional Arthur Andersen y la tristemente célebre Enron Corporation, que ante la sentencia por obstruir la justicia en el caso de la firma energética, la consultora simplemente desapareció del mapa.

Al igual que Enron, y desde luego van a ser millones los usuarios que se van a ver afectados, muy a su pesar, por esta situación, que parece más una película de ciencia ficción, donde todo el mundo espera que haya una cámara oculta, y que la broma se termine de forma inmediata, antes de que efectivamente sea completamente cierta y tenga unas consecuencias económicas, jurídicas, o incluso de índole político, desmesuradas.

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En este orden de cosas, cada día son mayores los fraudes que usan a los medios tecnológicos incorporados a los productos o a los servicios, a los efectos de defraudar a los consumidores, a las Administraciones Públicas, o la sociedad en general. Un buen ejemplo de ello, y del que no somos suficientemente conscientes todavía a nivel colectivo, es lo que se conoce como “obsolescencia programada”.

La obsolescencia programada u obsolescencia planificada es la determinación o programación del fin de la vida útil de un producto, normalmente vinculado a la tecnología, de modo que, tras un período de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa durante la fase de diseño de dicho producto, éste se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible, tal como se indica en Wikipedia.

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Se cree que el origen se remonta a 1932, cuando Bernard London proponía terminar con la Gran Depresión lucrándose a costa de la sociedad a través de la obsolescencia planificada y obligada por ley (aunque nunca se llevase a cabo). Sin embargo, el término fue popularizado por primera vez en 1954 por el diseñador industrial estadounidense Brooks Stevens. Stevens tenía previsto dar una charla en una conferencia de publicidad en Minneapolis en 1954. Sin pensarlo mucho, utilizó el término como título para su charla.

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La obsolescencia programada está vinculada al modelo de producción industrial que necesita una tasa mínima de renovación de sus productos. Aunque esta renovación de los productos puede parecer necesaria, se hace imprescindible luchar contra algunos abusos.

El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE, aprobó en 2013 un Dictamen que exige la prohibición total de la obsolescencia programada. Dicho Comité estableció una clara distinción entre la presencia de defectos calculada deliberadamente y la aceleración de nuestros patrones de consumo.

Debe tenerse presente que el potencial de la obsolescencia programada es considerable y cuantificable. Es altamente beneficioso para el fabricante, dado que en algún momento fallará el producto y obligará al consumidor a que adquiera otro más satisfactorio, ya sea del mismo productor —mediante adquisición de una pieza para arreglar el viejo producto o por compra de un modelo más nuevo—, o de un competidor, factor decisivo también previsto en el proceso de obsolescencia programada.

Para la industria, esta actitud estimula positivamente la demanda al alentar a los consumidores a comprar nuevos productos de un modo artificialmente acelerado si desean seguir utilizándolos.

La lógica impone que se pretenda prohibir de manera total y completa  los productos cuyos defectos se calculan para provocar el fin de la vida útil del aparato. Estos casos, contados pero muy flagrantes, como el repercutido por los medios de comunicación de determinadas impresoras concebidas para dejar de funcionar al cabo de un cierto número de utilizaciones, no pueden sino provocar en los ciudadanos desconfianza respecto de las empresas. Esto no deja de ser una posición de abuso que defrauda y engaña al consumidor, el cual ignora esa limitación técnica de la vida útil del producto,  que el fabricante ha impuesto unilateralmente a espaldas del consumidor, o lo que es más grave, ocultando dicha circunstancia de manera voluntaria e intencionada al mismo.

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Un producto que dure siempre es un mal negocio para las empresas y el trabajo apunta que es práctica habitual crear cosas con fecha de caducidad programada, cuando realmente la tecnología existente permitiría una mucha mayor duración del mismo.

La obsolescencia programada se utiliza en gran diversidad de productos.

Existe riesgo de reacción adversa de los consumidores al descubrir que el fabricante invirtió en diseño para que su producto se volviese obsoleto más rápidamente a fin de que los clientes recurran a la competencia y basen su elección en la durabilidad y buena calidad del producto. Sin lugar a dudas, dentro de la información que el fabricante proporciona al consumidor debe hacer obligada referencia a esta situación, que normalmente se encuentra operada a través de un chip informático incorporado al core del producto, aunque ciertamente puede revestir otras modalidades, pero siempre con análoga finalidad.

El resultado además del fraude o del engaño producido, al ocultarse deliberadamente dicha información no puede sino provocar en los ciudadanos desconfianza respecto de las empresas que acometen este tipo de prácticas. Por ello, se preconiza la necesidad de la existencia de un etiquetado sobre la duración de vida o el número estimado de utilizaciones de los productos para que el consumidor pueda escoger en el momento de la adquisición con pleno conocimiento de causa.

En este sentido, se hace necesario contar  con un etiquetado en el que figure el precio por año estimado en función de la vida útil para fomentar la adquisición de productos sostenibles, haciéndose referencia a continuación una previsión sobre la duración de vida que se anuncie, la cual debería controlarse para evitar abusos cuya víctima, sin lugar a dudas, no sería otro que el propio consumidor que ha adquirido dichos bienes o servicios, pero que ignora que los mismos se encuentran deliberadamente programados para que tengan una duración limitada en el tiempo o en el uso del mismo. De esta forma, se propicia que el consumidor pueda, por ejemplo, adquirir productos más caros en el momento de la compra pero más amortizables en el tiempo.

Del mismo modo, debe considerarse útil el hecho de establecer un sistema que garantice una duración de vida mínima de los productos adquiridos. Actualmente no existen otras legislaciones sobre la duración de la vida de los productos ni normas europeas que permitan evaluarla. No obstante, empiezan a surgir iniciativas en el marco del etiquetado medioambiental.

Las empresas que producen o comercializan un producto deben internalizar las externalidades correspondientes a la asunción de los costes de reciclaje de productos cuya duración de vida sea inferior a cinco años, especialmente si el producto contiene sustancias nocivas para el medio ambiente.

En este proceso, constituye un elemento fundamental el relativo a la concienciación de los consumidores, el cual representa un requisito previo para el uso adecuado y sostenible de los productos. Además, es importante informar debidamente a los consumidores sobre la duración mínima de la vida de los productos, lo cual es relevante a la hora de tomar decisiones de compra.

Para Vance Packarden su obra “The Waste Makers”, tal como señala EcoInteligencia, se pueden clasificar las modalidades de  “obsolescencia programada” de la manera que se indica a continuación:

a). Obsolescencia de función: Se produce cuando un producto sustituye a otro por su funcionalidad superior.

b). Obsolescencia de calidad: Hace referencia a cuando el producto se vuelve obsoleto por un mal funcionamiento programado.

c). Obsolescencia de deseo: Ocurre cuando el producto, aun siendo completamente funcional y no habiendo sustituto mejor, deja de ser deseado por cuestiones de moda o estilo, y se le asignan valores peyorativos que disminuyen su deseo de compra y animan a su sustitución.

Así mismo, podemos encontrar tres formas típicas de la obsolescencia programada:

a). La “obsolescencia incorporada”: La primera de ellas, podría fácilmente ser considerada como un delito, ya que provoca un perjuicio económico a los usuarios que adquieren el producto con expectativas de duración y disponibilidad. Es fuente de controversia y es la forma más tratada en todas las fuentes de información.

b). La “obsolescencia psicológica”: Un gran número de electrodomésticos, especialmente los que se conocen como PAE (Pequeño Aparato Electrodoméstico), no duran tanto como en el pasado, y ¡todos tenemos experiencias recientes a este respecto. Además los fabricantes promueven nuevos productos en función de la moda y el lujo, haciendo que los modelos anteriores no sean atractivos.

La Obsolescencia Psicológica es común en la industria de la moda, y cada vez más, en los bienes de consumo

c). Y, por último, la llamada “obsolescencia tecnológica”: Otra forma de obsolescencia programada es la actualización continua y rápida de productos como ordenadores, de entretenimiento, telefonía móvil. La obsolescencia programada genera compras de sustitución e ingresos para las compañías.

Tal como pone de manifiesto eldiario.es los investigadores han comprobado que los consumidores cambian frigoríficos, televisiones y ordenadores cada vez más a menudo y se preguntan si la obsolescencia programada es el desencadenante.

Cada vez se renuevan con más frecuencia aparatos eléctricos o electrónicos que todavía funcionan. A menudo se cambian por avances en la tecnología y por el deseo insaciable de los consumidores de disfrutar de esa tecnología punta en cuanto aparece en el mercado.

Sin embargo, los investigadores ponen de relieve que una porción cada vez más importante de grandes electrodomésticos como frigoríficos, lavadoras o secadoras, se reemplazan en los cinco años siguientes a su compra a causa de fallos técnicos. En la investigación se recogen estadísticas de diferentes tipos de electrodomésticos, bienes de equipo eléctricos e informáticos entre 2004 y 2012.

La obsolescencia programada según se señala en ActiBva puede esconderse bajo un eslogan cómo ”hacer la vida más fácil”, “adaptarse a los tiempos que corren”, etc.

Aunque podamos seguir utilizando el “menos nuevo”, hacen que nos encaprichemos con otro más grande y bonito pero de similares funcionalidades.

Las consecuencias de estos fenómenos son claras. El bolsillo del consumidor se ve seriamente afectado por esta circunstancia, al verse obligado a sustituir su producto por otro nuevo.

En contra, las empresas consiguen más demandas y, por ende, aumentan sus beneficios. Sin duda, desde sus inicios, debe concluirse que el objetivo de la obsolescencia programada es el lucro económico. Por otro lado, las consecuencias psicológicas también son evidentes. Llegan incluso a modificar las pautas sociales de consumo (comprar, usar, tirar, comprar…) haciendo desear a los ciudadanos productos que no se necesitan en absoluto.

Sin embargo, el principal problema está en la gran cantidad de residuos que se originan actualmente al llevarse a cabo este tipo de prácticas una y otra vez en todo el mundo. Es por esto, por lo que la sostenibilidad de este modelo a largo plazo es muy discutida por organizaciones ecologistas.

Como se indica en el diario El País, muy pocas veces han llegado casos a los tribunales.

La obsolescencia programada, al fin y al cabo, está asumida como un mal necesario para estimular el consumo. Pero la crisis está cambiando las conciencias y cada vez son más las voces que recuerdan que la necesidad mantener una tasa mínima de renovación de productos no significa que haya que aceptar abusos. Además, genera toneladas de residuos que podrían evitarse.

Europa está empezando a abordar el problema. Tal como señala Carlos Trías tomando como referencia el dictamen al que se ha hecho referencia anteriormente, propone también medidas para combatir esta práctica no solo desde la prohibición. Más allá de que pueda haber un chip maquiavélico programado para que un aparato deje de funcionar, algo que sucede en contadas ocasiones, para evitar esta situación se han propuesto tres líneas de acción bien diferenciadas, que son las siguientes:

a). Por un lado, que las empresas faciliten la reparación.

b). En segundo lugar, campañas de sensibilización para combatir la obsolescencia estética; es decir, la constante renovación de productos sin desgastar, sobre todo ropa y teléfonos, al dictado de las modas.

c). Y por último, la implantación de un sistema de etiquetado de durabilidad para que el consumidor pueda decidir si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero.

Del mismo modo, y con un carácter más general, el Comité Económico y Social de la UE ha  recomendado acelerar la investigación y las realizaciones en torno a tres ejes que constituyen los principales frenos a la obsolescencia programada, que son los siguientes:

a). El llamado “diseño ecológico de los productos”, que se corresponde con el enfoque que permite garantizar desde el principio la sostenibilidad de los recursos empleados teniendo en cuenta el impacto medioambiental de los bienes y de todo su ciclo de vida.

b). La denominada “economía circular”, la cual se encuentra orientada hacia un enfoque «de la cuna a la cuna» («cradle to cradle») para trasformar los residuos de una empresa en recursos para otras.

c). Y por último, la “economía de la funcionalidad”, que aspira a desarrollar la utilización de los productos en lugar de su posesión. En este sentido, debe tenerse presente que la tendencia es que las empresas ya no vendan un producto, sino una función, que facturan en relación con la utilización del mismo. Por consiguiente, debe constituirse en una exigencia que los productores industriales estén interesados en desarrollar objetos sólidos, reparables y de fácil mantenimiento, así como en garantizar una cadena de producción y una logística adaptada que se ha de situar en el núcleo de su modelo económico.

Finalmente, y a modo de colofón, la pregunta que se debe hacer, es por tanto, si es la propia industria quien en la actualidad reduce deliberada e intencionadamente la duración de vida de sus productos, y que responsabilidades está adquiriendo con ello el fabricante que oculta la existencia de un determinado software o un chip en el producto fabricado y comercializado, que cambia sus especificaciones, o lo hace completamente inútil para su función, una vez que ha transcurrido un cierto tiempo desde su puesta en marcha, o por cualquier otra razón o justificación, siendo consecuencia directa de esta cuestión, la que se corresponde con la averiguación de los modos y las formas de proceder a controlar y erradicar estas prácticas, que pueden ser completamente abusivas y defraudatorias para los legítimos derechos de los consumidores.

por Javier Puyol.

Javier Puyol es abogado, socio director de Puyol Abogados, magistrado excedente, exletrado del Tribunal Constitucional, exdirector de la Asesoría Jurídica Contenciosa del BBVA, consultor en tecnologías de la información y comunicación, administrador concursal, árbitro y mediador civil y mercantil, profesor universitario y académico de la Real Academia de Jurisprudencia.