La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha hecho público un duro comunicado pidiendo la dimisión la «inmediata dimisión» de Consuelo Madrigal, fiscal General del Estado, «ante su falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía».
«Nada importa a la fiscal General del Estado, que nos pide heroicidades sin importarle lo más mínimo la salud de sus trabajadores, todos y cada uno de nosotros», dice el comunicado.
Según la APIF, hace unas semanas le enviaron a la fiscal General del Estado una carta, junto con la Unión Progresista de Fiscales, reclamando un estudio de las cargas de trabajo de los fiscales, pero «se han negado a hacerlo».
«Los fiscales de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo sin que exista estudio de las cargas máximas de trabajo, sin plan de prevención de riesgos, sin reglamento que regule su función, sin medios adecuados y dignos para trabajar, sin personal auxiliar suficiente, con lotes de trabajo excesivos y obligados a realizar trabajo auxiliar impropio de su función».
La APIF ha respondido así ante un oficio, enviado por la Inspección Fiscal, y recibido ayer en todas las Fiscalías de España, en el que les conminan a hacer una revisión de todas las causas pendientes antes del 6 de junio próximo con el objetivo de clasificarlas, definiendo así si son complejas o no, cumpliendo así los nuevos plazos de instrucción que establece la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de entrar en vigor.
«ABSOLUTO DESCONOCIMIENTO»
En opinión de la APIF, el comunicado «pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa fiscal General del Estado se tiene del trabajo desarrollado hoy en día en las Fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir».
Y añaden que se les exige que «aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control».
La mencionada asociación recuerda que la función de instruir corresponde al juez y que el control de los plazos en el Juzgado lo llevan los letrados de la Administración de Justicia -hasta hace poco ‘secretarios judiciales’-, sin olvidar las funciones de los fiscales, ‘que son las que son’. «Se pone de manifiesto», así, «un gravoso desconocimiento del texto articulado de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en especial, del artículo 324 en su reciente redacción».
A los fiscales, de acuerdo con la APIF, «ahora se les exige un esfuerzo titánico e imposible que de poco o nada servirá para lavar la cara de esta descabellada reforma».
Por ello, la APIF hace un llamamiento «a todos los fiscales de España y en especial a los fiscales jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio de la Inspección Fiscal de 10 de diciembre de 2015 resulta de imposible cumplimiento y que si de ello depende el nombramiento de exiguos refuerzos, apuesten decididamente por la salud de los Fiscales y renuncien a ellos».
