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Convulsa legislatura en Justicia

Margarita Robles, magistrada del Tribunal Supremo y ex Vocal CGPJ
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La proximidad de elecciones generales hace conveniente realizar un balance de lo que ha sido la última legislatura en el ámbito de la Administración de Justicia.

Cualquier espectador ajeno a la materia sacaría sus propias conclusiones solo con presenciar determinados hechos.  Un Ministro de Justicia que dimite porque no se acepta su proyecto de reforma de la Ley del Aborto, un proyecto tan restrictivo para los derechos de las mujeres que ni siquiera cuenta con el apoyo del resto del Gobierno.

Un Fiscal General del Estado que presenta su dimisión por razones no explicadas, pero que evidencian su distanciamiento de las políticas gubernamentales, y otra Fiscal General que públicamente manifiesta sus críticas a una de las reformas estrella de este Ejecutivo, la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, norma que pese a ser presentada por el Ministro de Justicia, como un instrumento de agilización del proceso penal, ha concitado las críticas de las asociaciones de jueces y fiscales, que se han pronunciado poniendo de relieve las limitaciones que de esa norma se van a derivar para la instrucción de los procedimientos penales, muy especialmente en aquellas causas complejas íntimamente ligadas con la corrupción y la delincuencia económica, favoreciendo su impunidad.

No es de extrañar por ello, que la Fiscal General se remita en sus declaraciones al Informe del Consejo Fiscal, que puso de relieve que la reducción de plazo de duración de las diligencias penales en los términos en que se efectúa, no es realista y carece de sentido y utilidad.

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AUSENCIA DE MINIMOS CONSENSOS

Resulta sorprendente que leyes que son claves en la estructura de un Estado de derecho, hayan sido aprobadas en esta legislatura con el apoyo exclusivo del partido que sustenta al Gobierno gracias a su mayoría absoluta, y sin el más mínimo y deseable consenso parlamentario.

 Prácticamente todas las normas aprobadas han encontrado una oposición contundente, tanto del resto de las fuerzas políticas, como de la mayoría de los operadores jurídicos.

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Con unas prisas inusitadas e incomprensibles, ajenas a cualquier debate abierto y sosegado, con la soledad parlamentaria del partido gobernante y las críticas sólidas, fundadas y contundentes de partidos políticos, jueces, fiscales, abogacía, funcionarios, e incluso informes contrarios de órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal, se han aprobado en los últimos meses reformas de envergadura como la citada Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que contiene unas restricciones a los derechos y libertades de la ciudadanía que nos retrotraen a épocas pasadas, que hubiéramos querido tener olvidadas.

Particular mención merecen las reformas del Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial –que a su vez contrarreforma la modificación de esa Ley realizada al inicio de la legislatura- y de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Respecto al Código Penal, y a pesar de los más que reiterados informes técnicos en contra, se incluyó una figura de más que dudosa constitucionalidad, cual es la prisión permanente revisable.

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No es ahora el momento de examinar dicho texto, sobre el que tanto se ha escrito, y que tuvo además una larga tramitación parlamentaria, en la que acudieron compañeros de JpD, con sólidos estudios y argumentos.  Únicamente dejar constancia que con la caótica elaboración y tramitación, se produjeron errores patentes que obligaron a la publicación en el BOE de una denominada “corrección de errores” que excedía con creces de lo que puede y debe ser objeto de esta.

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Con toda precipitación se ha reformado también la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para dotarle de unas facultades sancionadoras, de multa o suspensión a quien incumpla sus sentencias, modificación esta que muchos consideran excede del diseño que la Constitución ha querido dar a este órgano.  Pero es que además, esa reforma ha suscitado una crítica casi unánime por la manera en que fue presentada por el candidato del Partido Popular, enmarcándola en el contexto de las elecciones autonómicas en Cataluña, mientras manifestaba: “la broma se ha terminado”.

Si algo pone de relieve la experiencia, y una mínima visión de Estado, es que las reformas en ámbitos como la seguridad, la política exterior o la Administración de Justicia, deberían ser objeto de pactos y consensos enmarcadas en un contexto de serenidad, ajenas a populismos o demagogias fáciles, con vocación de futuro, y al margen de quien sea el partido gobernante.

Lamentablemente, las necesidades en el ámbito de la Administración de Justicia, no han sido nunca una prioridad ni preocupación para las fuerzas políticas.  Los distintos gobiernos han actuado o bien impulsados por acontecimientos puntuales que generaron debate social, o cuando han visto a alguno de los suyos implicados en procedimientos penales.

Y siempre, y en todo caso, cuando deben renovarse los componentes de órganos constitucionales, renovación cuyos tiempos administran en función de intereses ajenos al funcionamiento de la Justicia.  No hay más que recordar en ese sentido, que el Consejo General del Poder Judicial, presidido por Francisco Hernando, tardó más de dos años en ser renovado, o bien, las constantes dilaciones en las de los Magistrados del Tribunal Constitucional, como ocurre en el momento actual, con la vacante producida por el fallecimiento de Luis Ortega, y sin necesidad de remontarnos a otras renovaciones que están en la mente de todos, y que tardaron más de dos años en realizarse.

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Pero es que ni siquiera hay interés en conocer cuáles son los proyectos en marcha cuando se produce un cambio de gobierno.  Los gobiernos entrantes suelen ignorar lo hecho por sus antecesores, y sobre todo, si son de signo político diferente.  Así, obviando esa mínima y necesaria visión de Estado, se prescinde de anteproyectos de normas ya concluidos, como ha ocurrido con el Código Procesal penal presentado por el último gobierno socialista, o se orillan proyectos, como el despliegue de la nueva oficina judicial (NOJ), pese a las inversiones económicas que a ese fin realizó el citado gobierno socialista, quien, a su vez, planteó el despliegue de la NOJ sin los necesarios consensos al efecto.

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y LEY DE TASAS

La legislatura se inició envuelta en polémica.  Sin el más mínimo consenso se aprobaron dos leyes que generaron gran controversia.  Por un lado, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que comportó una modificación esencial del Consejo General del Poder Judicial, y por otro, la Ley de Tasas.

Los años de vigencia de la Constitución han puesto de relieve que es necesario abordar una reforma seria y sin complejos del Consejo General del Poder Judicial a la luz de las deficiencias y disfunciones que se han ido poniendo de manifiesto.  Pero sin un mínimo estudio y reflexión, e incluso en contra del programa electoral del Partido Popular, se reformó el Consejo General del Poder Judicial, transformándolo, en cuanto a su estructura y funcionamiento, en lo que muchos han venido a considerar una suerte de Dirección General del Ministerio de Justicia.

La medida ha sido de un enorme calado, pues la filosofía y finalidad que han inspirado la reforma es la de dejar reducido a su mínima expresión al órgano constitucional, que tiene por objeto velar por la independencia del Poder Judicial.

Una independencia a la que las fuerzas políticas se refieren siempre en abstracto, pero a la que tratan de obstaculizar, no ya solo con normas como esta, sino en ocasiones, de formas más básicas, mediante “premios” o “castigos” estratégicamente distribuidos. 

Es por ello que las dudas de constitucionalidad de esa modificación del Consejo General del Poder Judicial (que a su vez acaba de ser nuevamente reformado) deberían ser resueltas a la mayor brevedad, a la vista del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Partido Socialista.  Sería muy conveniente que el Tribunal Constitucional ante determinados recursos de inconstitucionalidad, no demorase su resolución más de lo estrictamente indispensable para su adecuado estudio y deliberación.

LAS TASAS JUDICIALES.  MOVILIZACIONES EN LA JUSTICIA

La otra Ley aprobada al inicio de la legislatura, que ya ha sido en lo esencial derogada, fue la Ley de Tasas Judiciales.

Pocas veces ha habido un mayor clamor, como el que se suscitó contra esa Ley, que sin ninguna duda limitaba el derecho de la ciudadanía más desfavorecida a la obtención de una tutela judicial efectiva.  Es justo remarcar el relevante papel realizado por la Abogacía española en la crítica contra la Ley de Tasas, en un claro compromiso por la defensa de los derechos y libertades.  Una Abogacía tan maltratada en múltiples ocasiones, a la que se regatean los medios económicos necesarios para poder ejercer con la dignidad necesaria la asistencia jurídica gratuita, obligándola a suplir esas carencias con su esfuerzo y compromiso.

Los anuncios de normas que se preparaban, generaban todo tipo de críticas, preocupaciones y movilizaciones.  Se publicitaban a bombo y platillo medidas tales como la supresión de los partidos judiciales, la Jurisprudencia vinculante, o limitaciones a la libertad de expresión de los jueces, entre otras muchas.

Se rompió cualquier diálogo con los operadores jurídicos, y tuvieron que ser muchos jueces/zas los que llevaron la iniciativa, no solo en la lucha contra la corrupción, sino en ámbitos de marcada relevancia social como los desahucios, las cláusulas bancarias abusivas, o la adecuada interpretación de la reforma laboral.

Fueron esos posicionamientos contundentes los que permitieron no solo que esas propuestas no siguieran adelante, sino también que figuras claramente inconstitucionales y propias de regímenes dictatoriales, como la custodia de seguridad, no tuvieran finalmente cabida en el Código Penal.

SOBRECARGA DE TRABAJO EN JUZGADOS Y TRIBUNALES

Pero además, no se han hecho esfuerzos para mejorar las condiciones de trabajo, razonablemente abordables por los órganos judiciales, muchos de ellos al borde de la saturación.  Solo gracias al esfuerzo de quienes en ellos trabajan, en detrimento de la conciliación familiar, está permitiendo el funcionamiento de la Administración de Justicia como el servicio público que debe ser.

Un patente incumplimiento del compromiso asumido por el gobierno del Partido Socialista de creación de plazas judiciales, ha hecho que los compañeros/as de las últimas promociones tengan que estar desarrollando su función como Jueces de Adscripción Territorial, figura más que discutible, desde la perspectiva de la inamovilidad judicial, visto el tratamiento que se le está dando, y las facultades otorgadas por ley a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia.

Ante esta situación, los anuncios de plena digitalización y papel cero a partir de enero de 2016, como gran panacea para terminar con la sobrecarga de trabajo, y facilitar un funcionamiento más ágil en los órganos judiciales, parecen referidos a un mundo ideal e inexistente.  No podemos, por último, dejar de hacer mención a las trabas en la instrucción de los procedimientos penales, con que se encuentran en ocasiones los jueces de instrucción cuando requieren la colaboración de organismos públicos.  Solo a título de ejemplo recordar que la propia Fiscalía General del Estado tuvo que advertir al Ministerio de Hacienda de su obligación de cumplimentar lo requerido por el Juez Pablo Ruz en la instrucción del caso Gurtel.

EN CONCLUSIÓN

La presente legislatura en Justicia no ha podido ser más decepcionante, dejando como resultado unas leyes, impuestas por una mayoría absoluta, que al igual que ocurrió con la Ley de Tasas, van a tener que ser necesariamente modificadas, por cuanto en unos casos van a agudizar los problemas de la Justicia favoreciendo la impunidad (Ley Enjuiciamiento Criminal), o en otros restringen de tal manera los derechos de la ciudadanía (Ley de Seguridad Ciudadana, reforma laboral) que son difícilmente defendibles.

El panorama, en cualquier caso, no es esperanzador.  Decíamos antes quela Justicia no constituye una de las grandes preocupaciones de las fuerzas políticas, y que la improvisación es la tónica general en ese ámbito.

De ahí la importancia de seguir reivindicando políticas de diálogo y de reclamar un pacto por la Justicia no basado en grandilocuentes declaraciones, sino en realidades concretas y comprometidas con una Administración de Justicia, que sea un verdadero servicio público en el marco de una verdadera independencia del Poder Judicial.

Publicado en el último Boletín de Jueces para la Democracia (JpD)