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Activismo y Justicia
Ángel Dolado es titular del Juzgado 6 de Familia de Zaragoza y decano en funciones de los Juzgados de Zaragoza.
18/12/2015 10:49
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Actualizado: 23/12/2015 11:17
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En tiempos convulsos como los actuales, el aire nuevo que aporta la sociedad civil es esencial para insuflar optimismo y transmitir propuestas positivas u oportunidades de mejora y cambio.
La finalidad es lograr una justicia con medios suficientes, eficaz, eficiente y sin tasas judiciales que no obstaculicen el derecho a la tutela judicial efectiva.
El activismo jurídico y judicial que en estos dos años ha propiciado la BRIGADA TUITERA (Paraíso de los Sueños), ha resultado necesario para demostrar a la ciudadanía que es imprescindible una voluntad política de cambio y sin ella no podemos conseguir ningún Pacto de Estado, tampoco en JUSTICIA. Este movimiento ciudadano heterogéneo, plural, con diversidad de acciones, está formado por abogados, procuradores, jueces, fiscales, secretarios, funcionarios de justicia, periodistas, personas con compromiso social que anhelan una justicia justa y dictada en tiempo razonable, eficiente, independiente y accesible para todos.
El activismo judicial, como fenómeno de importancia cualitativa y cuantitativa, hay que situarlo en Octubre de 2008, cuando a través de un correo corporativo de jueces, un joven juez, ante un problema de exceso de carga de trabajo y presunta responsabilidad disciplinaria de juez y secretario judicial, plantea la pregunta: “¿por qué en lugar de quejarnos en el café, hacemos algo para evidenciar nuestras precarias y penosas condiciones de trabajo?”.
En esas mismas fechas, se celebraban las Jornadas Anuales de Jueces Decanos en Cádiz y se acordó la convocatoria de Juntas Generales de Jueces en España que abocaron en la primera huelga general de jueces en 18 de Febrero de 2009. Posteriormente hubo otra en octubre de 2009 y la última en febrero de 2013, destacando como puntos reivindicativos la supresión de las tasas judiciales y la modificación de la Ley del Indulto, entre otras de índole judicial.
Este fenómeno se ha visto reforzado en los últimos años en redes sociales, con movimientos como el colectivo de “jueces indignados”, la Plataforma Ciudadana por la Independencia Judicial, asociaciones judiciales como Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Jueces para la Democracia que vienen fotografíando la penosa realidad de algunos juzgados.
Como repercusión mediática hemos de indicar los informativos de LA SEXTA y EL PAIS, de 22 de diciembre de 2014, a dos columnas en la primera página: “Los juzgados en un nivel peligroso de abandono. Jueces y funcionarios denuncian el mal estado de sus lugares de trabajo. Foro Judicial Independiente, la asociación de magistrados más joven, ha iniciado una campaña por redes sociales para denunciar la precariedad de las instalaciones, que afectan a la seguridad y salud laboral de quienes trabajan allí.”
Además, el activismo judicial hemos de identificarlo con la labor de los Jueces Decanos y sus Jornadas Anuales, referente de respuestas a problemas sociales como desahucios, preferentes, ley de segunda oportunidad, 58 propuestas de reforma del proceso penal y contra la corrupción, etc., que quieren poner de manifiesto la necesidad de mejora en la asignatura pendiente de la democracia, la modernización de la administración de justicia.
Por la vía del uso del Derecho, el planteamiento por los jueces de numerosas cuestiones prejudiciales comunitarias en materia de consumo (hipotecas, preferentes y cláusulas suelo), han reflejado la importancia y primacía del Derecho Europeo Comunitario.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europa ha dejado en evidencia las intenciones del legislador nacional en materia de protección hipotecaria de deudores de buena fe, en productos financieros complejos como las preferentes y las cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, ya que viene declarando que no se ajustan al Derecho Comunitario y es preciso modificar las leyes para proteger los derechos personales y económicos de los ciudadanos.
El papel de los jueces está siendo clave en nuestra sociedad como último bastión o última frontera en la defensa de los derechos humanos. Por ello, la defensa de la independencia judicial se convierte en auténtica defensa de un verdadero Estado de Derecho. No es un privilegio de los jueces, es una garantía de la ciudadanía, ya que cualquier poder no sometido a límites se convierte en poder salvaje y los posibles anhelos de poder absoluto o desviaciones de poder ejecutivo y legislativo tiene su contrapeso en la independencia de los jueces, no admitiendo ni invasiones ni perturbaciones.
Concluiré señalando que este activismo judicial no ha de entenderse como la experiencia procesal del fracaso del derecho por utilización inadecuada por parte del juez de los resquicios de la ley procesal o sustantiva, sino como actuaciones que al amparo del principio de legalidad de Derecho Europeo o Tratados internacionales de Derechos Humanos, los jueces ponen de manifiesto situaciones de acción o inacción estatales que evidencian contextos estructurales de desigualdad que han de ser corregidos.
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