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¿Qué Administración necesitamos?
Ángel Dolado es titular del Juzgado 6 de Familia de Zaragoza y decano en funciones de los Juzgados de Zaragoza.
07/7/2016 12:14
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Actualizado: 07/7/2016 12:14
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Recientemente, en una jornada de la Fundación Giménez Abad titulada ¿Qué Función Pública necesitamos?, se hizo un diagnóstico sobre el modelo de función pública que tenemos con una crisis de identidad y valoración negativa de la ciudadanía en general, y se plantearon unas propuestas y retos de futuro que se alejen del desánimo y pesimismo para acercarnos a la utopía de un reforma guiada por los principios de eficiencia, resultados óptimos social y económicamente, comprometida con la calidad y bajo el manto del buen gobierno o gobernanza ética.
El profesor Crespo González analizó los rasgos del empleo público en España con una visión crítica y realista: “…ofrece muchos rasgos propios de un sistema burocrático de factura clásica, con escasa cultura de gestión de resultados; baja productividad, bolsas de ineficiencia; deficiente inversión en temas organizativos; carencia absoluta de una dirección pública profesional; nula cultura de la evaluación del desempeño; sistemas de selección tradicional de funcionarios; deficientes sistemas de carrera profesional; un sistema retributivo injusto que retribuye igual por el desempeño de tareas diferentes”.
Félix Gracia Romero, promotor de la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, creada en 2007 para promover y defender los principios de legalidad, profesionalidad y ética pública en este ámbito expuso 7 propuestas de futuro, muy interesantes y democráticamente regeneradoras:
1.- Reafirmación del compromiso con los valores democráticos del Estado de Derecho. Así como la necesidad de ser cumplidores (no lo somos) de las Directivas de la Unión Europea y del principio de supremacía del Derecho de la UE,
2.- Defensa de los principios de legalidad, imparcialidad y profesionalidad. Deber de lealtad a los principios constitucionales vigentes e inadmisión de plano de órdenes ilegales.
3.- Función pública eficiente y dirigida a resultados, social y económicamente sostenibles. No basta con sacralizar los formalismos legales del procedimiento administrativo, sino procurar que el resultado sea beneficioso para los ciudadanos.
3.- Comprometida con la calidad; con códigos de ética y buenas prácticas o buen gobierno que deben añadir un plus a la propia legalidad administrativa. Cumplimiento de los plazos legales de resolución y evaluación previa de las políticas públicas.
4.- Transparente y abierta a la sociedad a través de cauces de democracia participativa en la toma de decisiones.
5.. Cultura de la integridad de los servidores públicos como prestadores de servicios para todos nosotros. Hay que cumplir con los principios asumidos por España en 2006 de la Convención de Naciones Unidad en materia de prevención de la corrupción.
6.- Una función pública inspiradora de buena ciudadanía y de derechos de prestación efectiva de políticas y derechos sociales.
Las leyes de transparencia e integridad pública, así como el Estatuto Básico del Empleado Público y las leyes de función pública autonómicas son avances, pero no son suficientes porque falta una planificación general previa que concrete resultados al amparo de los principios de conveniencia, necesariedad y sostenibilidad medioambiental; es preciso mejorar el seguimiento de control de cumplimiento de la ejecución de los planes de políticas públicas en los ámbitos nacional, autonómico y local.
Es preciso reivindicar la dignidad del servidor público mejorando el sistema de selección y garantizando una promoción profesional horizontal y retribuida adecuadamente, así como exigiendo responsabilidades por errores, desidia o actividades delictivas.
Para concluir y citando a Antonio Muñoz Molina, en su ensayo “Todo lo que era sólido”: No tendremos disculpa si todos no hacemos lo poco o mucho que cada uno pueda hacer.
Y con Emilio Lledó: No existen razones plausibles para abandonar la lucha ética.
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